El 28 de abril de 2021 no representó el inicio de una etapa convulsa en la vida de la ciudad sino la materialización de un contexto de inestabilidad estructurado por años en los que todos los ciudadanos hicimos caso omiso a los riesgos de fragmentación y confrontación que nuestra sociedad urbana enfrenta.

Una convergencia de factores críticos, sumada a una vorágine de información de múltiples orígenes y con incontables intenciones, elevaron la presión de la ciudad a tal magnitud que el escenario urbano se convirtió en espacio para el enfrentamiento entre ciudadanos, dejando como legado una herida abierta en su tejido social y costosos efectos en el proceso de modernización y desarrollo.

El balance 

Los hechos registrados en más de 40 días de paro nacional son ilustrativos del grado de fractura social alcanzado. De acuerdo con un balance de las jornadas de protestas realizado por la Policía Nacional (1), entre el 28 de abril y el 13 de julio se llevaron a cabo 3.596 bloqueos. Se registraron 3 personas fallecidas y 1.575 lesionados. De estos últimos, 1.371 con elementos contundentes, 108 con armas cortopunzantes, 51 con elementos explosivos o incendiarios y 45 con armas de fuego o traumáticas. 

Asimismo, se reportaron afectaciones a 734 bienes policiales como vehículos institucionales (581), CAI (121), Instalaciones de Policía (29), Instituciones educativas (2) y Dispensarios de sanidad (1). Finalmente, la institución también reporta la apertura de 229 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias, por conductas como abuso de autoridad (108), Agresiones físicas (45), Lesiones personales (25), Homicidio (16) y Otras conductas (34).
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos internacionales reportó 1.113 civiles lesionados, con corte al 13 de junio.

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo informó sobre 18 casos de lesiones oculares en el marco de las protestas y 738 reportes de personas no ubicadas. De estos, 318 se descartaron por estar repetidos o porque las personas ya habían sido localizadas y 465 se trasladaron a la Fiscalía General de la Nación. Al respecto, la Fiscalía señaló que al 15 de junio se habían localizado a 335 personas y que el Mecanismo de Búsqueda Urgente se mantenía activo para 84 casos.

De otra parte, la Organización No Gubernamental Temblores registró un total de 4.687 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública (2) con corte al 26 de junio de 2021. Entre ellos, 44 homicidios cuyo presunto agresor es un miembro de la Fuerza Pública y 29 en proceso de verificación, 1.617 víctimas de violencia física, 82 víctimas de agresiones oculares, 228 víctimas de disparos con armas de fuego, 28 víctimas de violencia sexual, 2.005 detenciones arbitrarias, entre otras.

En Bogotá, la Alcaldía informó a la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, entre el 28 de abril y el 23 de mayo se registraron 775 actividades de protesta -238 marchas, 78 bloqueos y 459 concentraciones en lugares públicos - y que contaron la participación de 240.000 personas. Para ese momento, la Alcaldía reportó 33 manifestantes con lesiones faciales u oculares y 17 policías gravemente heridos, en su mayoría por el incidente del CAI de La Aurora. Finalmente, informó de 600 acciones de abuso de la fuera contra ciudadanos y 380 policías que resultaron heridos. 

En relación con daños materiales en la ciudad, con corte al 23 de mayo se reportaron 14 CAIs incendiados, 26 vandalizados y 6.657 daños a la infraestructura de la ciudad, cuyas pérdidas podrían alcanzar los 28.500 millones de pesos.

Un contexto creado 

Para una nación que ha enfrentado 60 años de conflicto armado y ciclos continuos de violencia reciclada este inventario puede no ser tan relevante. No obstante, su desagregación por núcleos urbanos, su intensidad y duración, inéditos en al menos tres décadas, exige una observación desapasionada que permita identificar los campos de acción para la prevención de futuros escenarios de inestabilidad y violencia. Construir una comprensión asertiva de esta coyuntura, requiere observar varios actores y matices.

De parte de quienes lideraron la movilización para protestar por el estado general del contexto social y económico, la reactivación de un pliego de demandas congelado por la pandemia y el inicio de la puja electoral de 2022, el desarrollo del paro fue el resultado de la desatención de demandas que deberían ser acogidas sin demora alguna, la respuesta a la represión estatal contra sus demandas y la materialización de un movimiento amplio de ciudadanos descontentos a quienes consideraban representar.

Una de las organizaciones no gubernamentales más activas durante el paro, la organización Temblores, en su informe Bolillo, Dios y Patria trasmitió su lectura del periodo como uno de carácter represivo a la movilización. Al respecto señaló que “(…) la violencia policial no obedece a unos malos comportamientos de unos cuantos oficiales, sino a un problema estructural y sistemático, que tiene sus raíces fundamentalmente, en la omisión legislativa y de las obsoletas ideas de que la fuerza garantiza el orden público y de que la patria se hace a punta de bolillo, sobre las cuales se ha cimentado el proyecto de Estado en el contexto colombiano” (3). 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica en su informe de observaciones y recomendaciones (4) que las protestas estuvieron motivadas “(…) por el aumento de los niveles de pobreza, inequidad y violencia, aunado al creciente número de asesinatos de personas defensoras, líderes u lideresas sociales, representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como firmantes del Acuerdo de Paz”.

Los líderes políticos tuvieron en el paro un factor de oportunidad. Mientras evolucionaban los hechos tomaron posición definida con su electorado base. Explotaron de manera significativa las fallas de sus referentes de contradicción. Guardaron silencio frente a los desafueros de sus simpatizantes o referentes propios. Desaparecieron en momentos en los que había que asumir o explicar los elementos de origen o desencadenantes de la destrucción y el caos. La campaña electoral en todo su esplendor. 

Respecto a las autoridades de distritos y municipios, la lectura del paro fue diferencial. Desde lo político, para algunos mandatarios fue una oportunidad de reforzar sus afinidades y atender su base electoral. Para otros representó un desafío de resolución de conflictos y atención de necesidades. Para todos, una prueba considerable a su capacidad de gestión y coordinación, de comprensión de los problemas locales bajo su responsabilidad. También de autocrítica, dada la responsabilidad compartida con el gobierno nacional en una débil lectura de los antecedentes que dieron lugar a esta situación crítica.

Para el gobierno nacional, el paro además de una protesta legitima, también fue un escenario de desafío a la institucionalidad, al estado de derecho y la seguridad nacional. La infiltración de actores desestabilizadores con capacidad violenta y criminal en el marco de la violencia se tradujo en la afectación de comunidades y la utilización de ciudadanos para la generación de caos y desorden. Organizaciones que apostaron a construir en el caos fortalezas futuras para su robustecimiento criminal, frente a las cuales las instituciones de seguridad tuvieron que hacer frente para proteger a quienes protestaban pacíficamente y aquellos que no se habían incorporado a la convocatoria.

En el caso de los ciudadanos que se vieron atrapados entre la protesta pacífica y los actos violentos de esos días, el paro significó una aceleración del deterioro de su entorno social, económico y de seguridad. Un refuerzo de sus desconfianzas y por tanto, el crecimiento de su desesperanza. Para algunos de ellos, cuyos familiares fueron víctimas de violencia, una tragedia con efectos irreparables.

Para quien escribe este texto, los eventos en el contexto del paro nacional son una mezcla de necesidades, intereses, fallas en el servicio público, estrés social y económico potenciado por la pandemia, así como una muestra fehaciente del debilitamiento de las capacidades políticas de mediación y resolución de las tensiones sociales.

Una mezcla explosiva de factores que son de gran utilidad para lideres anarquistas, proyectos populistas y organizaciones delincuenciales, quienes entienden el rompimiento del tejido social y la exacerbación de conflicto urbano como un escenario propicio para la materialización de sus intereses más mezquinos.

¿Cómo enfrentar este nuevo contexto?

Como señala el argot popular: lo pasado, pasado. Los eventos ocurridos a partir del 28 de abril no pueden convertirse en una constante para nuestra sociedad. Las ciudades han evolucionado de manera considerable a lo largo de 30 años trayendo a todos sus ciudadanos algo más de bienestar y oportunidades.

La mejora homogénea de condiciones para los ciudadanos aún tiene un sinnúmero de tareas pendientes, cuyo cumplimiento no se hará más fácil a través de la destrucción de los logros alcanzados. 

En tal sentido, la protección de los logros que las ciudades han consolidado y la proyección de nuevas metas que incluyan a todos sus habitantes en su diversidad requiere de la comprensión del contexto y la actuación para disminuir el riesgo de repetir los días aciagos acaecidos.

Dado lo anterior, es necesario señalar algunas dimensiones donde la sociedad en su conjunto debe empezar a trabajar con sentido de urgencia para construir inmunidad frente a la destrucción, la violencia y el rompimiento del tejido social.

En primer lugar, las organizaciones gubernamentales deben afinar sus mecanismos de comunicación e información. La acción de enfrentar actos violentos y criminales tiene en este elemento un valor considerable para la legitimidad en su actuación. Es preciso señalar que no son los motivos de la protesta los que se reprimen, son los métodos violentos y criminales los que se contrarrestan.

No hay duda de que el dialogo entre las instituciones y los ciudadanos debe mejorar. Este desafío está fundamentado en criterios de servicio al cliente que devuelvan a los servidores públicos a una conciencia de que su actividad es un ejercicio complejo de pensar el país y la ciudad en clave de lo que lo que nos impulsa como sociedad y lo que demandamos como individuos. Dicho dialogo se hace a partir de una observación permanente del contexto y de sus transformaciones, de canales de atención y respuestas que sean verificables, así como de rendición de cuentas en estas dos dimensiones.

También se requiere una lectura adecuada de la evolución de las preocupaciones ciudadanas. El conocimiento del estado de ánimo de las comunidades es un ejercicio complejo pero posible. Hay un amplio espacio para usar información a disposición de los gobiernos -en todos los niveles- para cumplir con esta tarea. Los espacios público, académico y privado, también pueden aportar con la aplicación de herramientas de investigación y análisis de datos para identificar los principales desafíos a la estabilidad social, económica y política de manera anticipada, accediendo a alertas tempranas frente a los desafíos de corto plazo en las ciudades.

Ya en el ejercicio de la protesta las acciones en el futuro debemos pensarlas como sociedad. Desde el Estado son urgentes acciones preventivas para aislar a los violentos y los criminales. En esto juega un papel preponderante el desarrollo de mecanismos efectivos y creíbles de planeación y coordinación de la protesta que incorporen a todos los actores involucrados. La clave en este asunto es volver a confiar en que todos aceptamos las reglas del juego democrático.

Quienes promueven la protesta también tienen el desafío de comprender que una mayoría de los ciudadanos no comulgamos con la violencia y la destrucción como herramienta para expresar el descontento, razón por la cual sus válidas protestas deben ser protegidas por su compromiso con el comportamiento cívico en el ejercicio de sus derechos políticos y de movilización. Una protesta infiltrada por la violencia es una protesta que pierde legitimidad y pone más distancia entre los problemas y su solución.

Las anteriores no resuelven el contexto caótico que enfrentamos como sociedad urbana. Cada uno de los problemas que lo componen requieren análisis, diseño de respuestas ejecutables y sostenibles, y la verificación de que su implementación resolvió el origen de los conflictos. 

Sin embargo, actuar en estas dimensiones permitirá construir la base cívica necesaria para resolver con sentido de comunidad los desafíos sociales y económicos que enfrentamos ahora y los que llegarán en el futuro.

(1) https://twitter.com/PoliciaColombia/status/1415298615426392064?s=19

(2) https://www.temblores.org/comunicados

(3) https://issuu.com/temblores/docs/bolillo-dios-patria-digital/1?ff

(4) https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf