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Rendición de cuentas 2019
Ricardo Mosquera M.

Ricardo Mosquera M.

Economista Máster en Desarrollo Urbano, ex Rector y profesor Asociado de la Universidad Nacional

La universidad que Bogotá necesita


Edición N° 8. Febrero 2021. Pensar la Ciudad
Autor: Ricardo Mosquera M. | Publicado en March 01, 2021
Imagen articulo La universidad que Bogotá necesita

Según la Enciclopedia Británica la Universidad se define como una institución de educación superior que comprende un college de artes liberales y ciencias y facultades de posgrado, que posee la autoridad para conferir grados en los diversos campos de estudio. A diferencia del college es más grande con planes de estudio más amplios y otorga títulos de posgrado y profesionales. Para el ex rector José Félix Patiño “es el lugar donde se genera y enseña el conocimiento universal cuyo objetivo es la expansión del conocimiento y la cultura. También es una vivencia de reflexión”. (Revista UNal de Colombia vol. 01 2020). Toda universidad debería compartir esta definición para ser considerad como tal.    

Hace ya casi tres décadas se inició un proceso de reforma que reglamentara integralmente la educación superior colombiana dada la enorme heterogeneidad, desorden estructural y regulatorio, y la anarquía reinante. Proliferaban instituciones de muy discutible calidad que ostentaban el nombre de Universidad, algunos eran “auténticos garajes” como los definió un director del Icfes. El concepto de Universidad, entendido como acervo dinámico de la cultura, las humanidades, las ciencias, la tecnología y las artes, se había desvirtuado y tendía a desvanecerse en un conjunto caótico de instituciones públicas y privadas de muy diversa naturaleza. Muchas instituciones, especialmente privadas, respondían más al ánimo de lucro que a la búsqueda de una genuina calidad académica. Las públicas, en su gran mayoría acusaban dificultades financieras, elusión de responsabilidades por autoridades territoriales que al inicio las apoyaban, altos niveles de ineficiencia y pérdida de recursos por falta de cooperación y escasa racionalidad en la distribución del presupuesto público destinado a la Educación Superior. El desafío de la reforma era indudablemente enorme.

Aunque algunos de los propósitos más ambiciosos planteados por los promotores de la reforma solo se lograron parcialmente -por ejemplo, los requisitos de necesaria diversidad de áreas y programas propios de una verdadera Universidad, que mereciera tal denominación–, la versión finalmente aprobada en la Ley 30 generó transformaciones de enorme importancia para la evolución de las instituciones de Educación Superior (IES) en las siguientes décadas.

La autonomía universitaria consagrada en la Constitución con la presente ley “reconoce a las Universidades el derecho a dase y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores , admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer y aplicar sus recursos para el cumplimento de su misión social y de su función institucional” Art. 28.

La Ley 30 de 1992 respecto a la organización de la Educación Superior del país, dio origen al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), que asumió la fundamentación y discusión académica a las funciones excesivamente burocráticas de la regulación que ejercía el ICFES. Los sistemas nacionales de Acreditación e Información, constituyeron otra de las más valiosas innovaciones de la Ley, garantía para la sociedad sobre la oferta académica y calidad de los programas ofrecidos. Por su parte, la creación del Sistema de Universidades Estatales (SUE) se convirtió en un instrumento para la cooperación respecto de racionalizar los recursos humanos e investigativos, el intercambio de estudiantes y experiencias investigativas en el entendido de que manejan recursos públicos, pues son de carácter estatal. 
Pero más allá de profundizar los variados temas de la reforma universitaria, de discutir sobre sus debilidades y fortalezas, o sobre la necesidad de su actualización, es imposible desconocer el papel que ha jugado la ley 30 en la evolución y fortalecimiento de la universidad colombiana. Basta observar el desempeño de muchas de las más tradicionales universidades públicas y privadas que hoy ocupan posiciones destacadas en los rankings del mundo y de América Latina, sino también la consolidación y modernización de universidades pequeñas que han logrado reconocimiento con programas acreditados, crecimiento de proyectos de investigación y plantas docentes con cada vez mayor número de maestros y doctorados. Por supuesto, también, hay interpretaciones equivocas de la autonomía asociadas a extraterritorialidad, clientelismo, corrupción e intereses puramente mercantiles.

Finalizado el año 2020 la Universidad Distrital (su comunidad) inició un proceso democrático y participativo para reformar sus estatutos. En este proceso donde participan estudiantes, administrativos, docentes, egresados se espera que se acuerde una propuesta de estatuto general que posteriormente será ratificada por el Consejo Superior Universitario, máximo órgano de dirección y único facultado por la ley para crear o modificar los reglamentos de la Universidad.

Cabe señalar que el Estatuto General de la Universidad (Acuerdo 03 de 1997), base para el estudio y análisis de la Asamblea consultiva, fue concebido bajo una percepción de lo que se creía debía ser una universidad pública, es decir, interpretando la ley y mirándose en universidades de mayor desarrollo como la UNAL, Antioquia y Valle. Desde entonces, contrario a las apariencias este reglamento que equivale a la Constitución de la Universidad ha sido modificada por lo menos 15 veces, no en los aspectos relacionados con el quehacer universitario y lo que se espera sea la Institución de educación superior de Bogotá y para Bogotá, sino en relación con el control del aparato burocrático y en la forma, criterios o mecanismos para elegir directivos.

La obsesión por controlar la “Dirección de la Universidad” ha llevado a situaciones tan absurdas como el hecho de tener más de 60 rectores en algo más de 60 años de vida, con experiencias de rectores de 3 meses y hasta de un solo día, con el único fin de lograr megapensiones mediante la manipulación de la autonomía universitaria y algunos casos transgrediendo el código penal.
También se dieron reformas inquisidoras en pleno siglo XXI, como la creación de un “censor universitario”. Figura inventada en la edad media por el papa para controlar qué se enseñaba y que no se debía enseñar en las universidades. Una mano negra que se ubicaba por fuera de la Constitución por encima del rector y que dio bases para la creación de otros acuerdos inconstitucionales como aquel, aún vigente, donde establece que es la única institución pública del país que tiene simultáneamente dos representantes legales causa del despilfarro de recursos y anarquía administrativa. Algunos de estos hechos han sido noticia nacional recientemente y la evasión de responsabilidad no oculta el favorecimiento político de actores que se han ubicado estratégicamente dentro y fuera de la Institución. 
Así, la reforma de la Universidad Distrital (eje de la formación para Bogotá) ha sido una propuesta que se ha promulgado desde hace dos décadas. No es el primer ejercicio de reforma que se plantea y en sus archivos existen borradores de propuestas que se han construido y se han quedado en anaqueles porque luego del desgaste y la inversión de recursos públicos el rector o el Consejo Superior de turno han optado por crear comisiones y comisiones de comisiones, que elaboran nuevas propuestas y que son presentadas para que el Consejo Superior ni siquiera decida si rechazarlas o no, sino simplemente han llevado a una especie de desidia institucional que se refleja en todos los ámbitos de la Universidad.

Recordemos que el Consejo Superior de la Universidad está conformado por 9 miembros: el alcalde mayor de Bogotá (en este período por la Alcaldesa), un delegado del Ministerio de Educación Nacional, un representante del presidente de la República, un representante de los gremios, un miembro de los egresados, un representante de los profesores, un representante de los estudiantes, un directivo del Consejo Académico y un representante de los exrectores. Esta conformación se ajusta a lo estipulado por la Ley y la Corte Constitucional y es equivalente a la conformación del Consejo Superior de otras universidades públicas. Sin embargo, en la Universidad Distrital el nivel de rotación de sus miembros, dada la politización no pasa de dos años, generando una gran inestabilidad académica y administrativa. 
Es necesario esperar la nueva propuesta, que vaya más allá del nombramiento o designación de directivos, que apunte a “Abrir la Universidad a la Ciudad”, se articule con las demás IES de Bogotá, que sea una real oportunidad para los jóvenes de bajos ingresos, y no el espacio que usufructúan unos cuantos grupos de poder. En Bogotá se gradúan anualmente alrededor de 80 mil bachilleres y sólo ingresan a educación superior 35.000, de los cuales a la U. Distrital acceden 6.000. Que decir en la actual coyuntura donde a raíz de la pandemia el 37% de estudiantes desertaron de la educación superior, de los cuales 17% eran los nuevos que ingresarían en el primer semestre del 2021. Sus padres perdieron el empleo, no pueden costear sus estudios y carecen de conectividad, adecuada infraestructura y protocolos de bioseguridad.  

Pero también hay hechos esperanzadores como el de un grupo multidisciplinario, compuesto por cinco ingenieros y un diseñador gráfico liderado por la ingeniera catastral y geodesta de la U. Distrital Yoseline Ángel, crearon una APP que encadena a agricultores, sus familias y mercados locales para lograr una importante demanda en función de la producción agrícola. Al conectar el campesino con el consumidor final, evita la intermediación y encarecimiento de los bienes, reconocida como un aporte en la crisis alimentaria que trajo la pandemia. Esta aplicación fue galardonada por la NASA. (El Tiempo,2-02-2021)

La U. Distrital es un eje central para la formación de capital humano en Bogotá. Ha formado miles de licenciados, ingenieros y profesionales de las artes. Cuenta con una comunidad académica consolidada, estudiantes brillantes y adecuada infraestructura que la puede posicionar entre las mejores de la región y el mundo si se logra una reforma estatutaria de carácter académico.

Sin embargo, la reforma al estatuto no es el punto de llegada, sino el inicio para modificar los demás reglamentos de la Universidad: Estatuto docente, Estudiantil, Académico, estructura orgánica, régimen de personal administrativo y reglamentos de posgrados. En esta etapa la discusión debe privilegiar el interés colectivo, la demanda por educación, investigación e innovación incluyendo la pertinencia de la educación virtual como alternativa de alta calidad que permite ampliar la cobertura al sector rural y a los sectores de bajos ingresos que han perdido sus empleos y tal vez no podrán retornar a sus estudios. Es importante que la comunidad de Bogotá acompañe este proceso y que se cree conciencia de que la Universidad se debe pensar para las nuevas generaciones y no para acomodar el próximo proceso de designación de rector que ya se avecina.