Además de las más de 6.600 muertes que la pandemia del Covid-19 ha dejado en Bogotá y de sus estragos sociales y económicos, la crisis sanitaria también impactó el funcionamiento del Concejo Distrital y el ejercicio de su función de control político. Las limitaciones propias de las sesiones virtuales, los cambios logísticos han generado una serie de controversias entre el cabildo y la administración, algunas de ellas razonables y otras que no corresponden con la realidad.

El 20 de marzo el Concejo inició un periodo de sesiones virtuales que culminó el 1 de septiembre, para dar paso a sesiones semipresenciales en las que sigue primando la virtualidad. En términos generales, el sistema informático utilizado por el Concejo ha funcionado bien, aunque no han faltado los problemas de conectividad, especialmente para algunos concejales que han sufrido fallas en sus conexiones a internet. Sin embargo, ha sido evidente que la virtualidad no permite que los debates de control político se hagan en condiciones óptimas. El solo hecho de hablarle a un computador afecta la oratoria e impide una adecuada controversia con los funcionarios citados lo que, sumado a las fallas del reglamento del Concejo, ha llevado a que los debates se conviertan en foros que desnaturalizan el control político.

Los principales cuestionamientos que se le han hecho a la administración se han centrado en la asistencia y permanencia de los funcionarios citados a los debates. Cinco debates de control político se han tenido que aplazar por la ausencia de los funcionarios citados. El aplazamiento del debate sobre el cobro de valorización generó fuertes críticas debido a que el director de IDU se registró en la sesión, pero luego apagó su cámara y no atendió el llamado a lista cuando el concejal citante solicitó que se verificara su presencia. La explicación del funcionario fue que se encontraba en una rueda de prensa con la alcaldesa, lo que no justifica su ausencia.

Aunque estos casos son inaceptables, es exagerado afirmar que la administración distrital no ha cumplido con su deber de atender las citaciones de control político. Desde que iniciaron las sesiones virtuales se han realizado 55 sesiones de control político a las que han asistido las cabezas de cada sector. Se ha destacado el cumplimiento de funcionarias como las secretarias de Integración Social, Planeación, Ambiente, Mujer y Educación. La oposición ha contado también con las garantías suficientes para realizar los debates de control político, aunque uno de ellos se aplazó cuando habían iniciado las sesiones semipresenciales debido a que los funcionarios citantes se conectaron a la sesión de manera virtual en lugar de asistir al recinto.

Un aspecto positivo de los debates de control político realizados en medio de la pandemia es la permanencia del quórum. A diferencia del periodo pasado, en el que los debates debían suspenderse antes de la 1 pm por falta de quórum, durante esta crisis no se ha llegado en ninguna ocasión a esta situación y las 55 sesiones de control político han tenido una duración en promedio de seis horas.

Desde que inició la pandemia se han realizado cinco sesiones de debates sobre la crisis sanitaria, social y económica del Covid-19. Es importante resaltar que el control político en esta materia se ha facilitado debido al esfuerzo de la administración por cumplir con el principio de publicidad. El gobierno distrital puso a disposición del público un portal de internet (https://bogota.gov.co/coronavirus-en-bogota/) para informar las acciones adoptadas con el propósito de responder a las necesidades que genera la crisis y publicar información especializada en materia de salud pública, política social y económica. En la página del Observatorio de Salud de Bogotá (http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/) se pueden consultar todas las estadísticas sobre la evolución de la pandemia de la ciudad y los modelos epidemiológicos en los que se han sustentado las decisiones del Distrito. Otra página (https://rentabasicabogota.gov.co/#rendicion) tiene actualizada la información sobre las ayudas sociales y económicas entregadas por el Distrito, su valor y el número de personas beneficiarias. El Gobierno distrital le ha dado lecciones al Gobierno nacional en lo que respecta al principio de publicidad.

A diferencia de la administración de Enrique Peñalosa, que poco atendió los cuestionamientos hechos en el marco del control político del Concejo, el actual gobierno ha cambiado algunas de sus decisiones ante las advertencias hechas desde el cabildo. Por ejemplo, la alcaldesa Claudia López aceptó extender el cronograma que tenía previsto para la aprobación del POT luego de las críticas planteadas por un grupo de concejales. La administración también accedió a no limitarse a los puntajes del Sisbén para identificar las personas y hogares en estado de vulnerabilidad que deben hacer parte de la población objeto de la política social. Y en lo que respecta al parqueo en vía, el gobierno desistió del piloto que quería hacer y anunció que implementaría el proyecto a través de una operación pública en cabeza de la Terminal de Transporte.

Es lamentable que la administración no haya atendido las propuestas de algunos concejales de revisar los contratos de Transmilenio para evitar que una considerable suma de recursos públicos se gastara en plena crisis en garantizar la tasa de ganancia de los operadores privados del sistema. Ante la dramática caída de los ingresos del sistema, debido a las medidas de salud pública, se ha presentado un crecimiento exponencial en el diferencial tarifario que se calcula entre la tarifa al usuario y la tarifa técnica, lo que ha obligado a la Secretaría de Hacienda a girarle 1,2 billones de pesos al Fondo de Estabilización Tarifaria. Es inaudito que en medio de esta crisis los recursos públicos se destinen a garantizar las altas tasas de ganancias de los leoninos contratos de Transmilenio, por lo que desde hace meses se ha debido  adelantar una revisión y modificación de las cláusulas contractuales para que el Distrito solo tuviera que reconocer los costos de operación. Sin embargo, esta propuesta no fue acogida.

Por supuesto, tampoco han faltado las críticas sin fundamento. En general, muchos de los cuestionamientos de los concejales se han enfocado en hacer responsable al Gobierno distrital de absolutamente todo lo relacionado con las medidas necesarias para superar la crisis. Sin embargo, Bogotá no es una república independiente y por el diseño institucional de la Constitución de 1991 su responsabilidad es complementaria a la del Gobierno nacional. La única forma de mitigar y superar esta crisis es aumentando en proporciones considerables el gasto público para financiar medidas necesarias como la renta básica y un verdadero subsidio a la nómina. Sin embargo, Duque se ha quedado apegado a la ortodoxia neoliberal negándose a usar fuentes extraordinarias de financiación como la emisión de moneda. Bajo estas condiciones, ninguna medida del Gobierno distrital será suficiente ante la magnitud de la crisis.

Aunque la pandemia ha afectado de manera negativa el control político, el Concejo no ha dejado de vigilar y cuestionar las actuaciones de la administración. En términos generales el gobierno de Claudia López ha cumplido con su deber de respetar y atender el control político, aunque se han presentado situaciones inaceptables como la inasistencia de los funcionarios citados en casos muy puntuales. Algo positivo de todo esto es una notoria mejoría en la asistencia y permanencia de los y las concejales en las sesiones, cuyo control político en algunos casos ha servido para cambios en las políticas públicas que adelanta la administración distrital.