Miradas diversas, perdidas, temerosas, miradas llenas de nostalgia, tristeza y desasosiego, miradas desesperadas que temen por lo que viene, por el futuro. ¿Quedarse? ¿Devolverse? ¿Irse a algún otro lugar? Confusión y un sinnúmero de decisiones pendientes que no dan espera, que no permiten que la penumbra pase, que requieren acciones inmediatas, que exigen en medio de la incertidumbre tener unas certezas que en ese momento parecen imposibles. Estas y muchas otras sensaciones atropellan a toda persona que acuda a alguno de los centros distritales de atención a víctimas, hoy denominados “Centros de Encuentro”. La llegada continua de personas que huyen de sus territorios a causa de un conflicto (que se transforma pero que aún está lejos de terminar) es uno de los mayores retos que tiene la política distrital de atención a víctimas, pero no es el único.

Según datos del Registro Único de Víctimas de la UARIV, en Bogotá residen un total de 383.446 víctimas de conflicto (con corte a 28 de febrero de 2021), posicionando al distrito capital como la segunda ciudad del país con el mayor número de víctimas residentes y la primera en cuanto al número de personas que han presentado declaración ante el Ministerio Público, alcanzando un total de 821.316 declarantes. Aunque el hecho victimizante más veces declarado es el desplazamiento forzado, es importante señalar que en la ciudad se registra también la ocurrencia y declaración de todo tipo de hechos victimizantes, siendo las amenazas, los homicidios y la desaparición los que siguen en cuanto a total de registros. 

Sin embargo, revisar y analizar las cifras de violencia por conflicto en la ciudad requiere partir de varias claridades. La primera es que hay un subregistro alarmante que se explica por el miedo a declarar, ya sea por la desconfianza existente hacia la institucionalidad o por los temores culturales que aparecen en torno a temas como la violencia sexual o en general la violencia de género en el marco del conflicto armado. La segunda es que los escenarios de violencia que vivió la ciudad en las décadas de los años 70 y 80 no tienen un registro similar al establecido por la ley 1448 de 2011 para hechos acontecidos con posterioridad a 1985. Por esta razón, hechos como la desaparición o la tortura exigen acudir a otro tipo de fuentes para poder tener una mejor comprensión de los fenómenos. Y en tercera instancia se debe resaltar la imperiosa necesidad de escudriñar en un tema que ha sido relegado pero que es fundamental: el desplazamiento intraurbano. 

En cuanto al análisis de pertenencia étnica de las personas declarantes en Bogotá, es necesario reconocer que si bien las declaraciones por grupo étnico muestran que el 9.1% de las víctimas residentes en la ciudad tienen pertenencia negra o afrocolombiana (1), el 3.7% pertenencia indígena y el 0,4% pertenencia Rom, el número de afectaciones puede ser más alto ya que los grupos étnicos generalmente tienen dinámicas colectivas, mientras que la declaración se hace de manera individual. Adicionalmente, cuando varias de las personas desplazadas de otros territorios llegan a la ciudad, se producen una serie de revictimizaciones, muchas asociadas a situaciones de conflicto, pero otras más relacionadas con temas de integración a la ciudad y con prácticas discriminatorias y estigmatizadoras. 

Bogotá es una ciudad que históricamente se ha construido desde las migraciones. Desde inicios del siglo XX e incluso desde antes numerosas personas han llegado a la ciudad en búsqueda de mejores oportunidades económicas, de posibilidades académicas o desafíos laborales. Según datos de la Secretaría Distrital de Planeación, la ciudad pasó de tener 235.421 habitantes en 1930 a 7.980.001 en 2010, cifra que se hace aún más llamativa si, como dice el documento de “Análisis demográfico y proyecciones poblacionales de Bogotá” , se tiene en cuenta que hay un descenso en la tasa de crecimiento natural de la población que se explica por la disminución en las tasas de fecundidad y mortalidad, lo que significa que el crecimiento poblacional se explica principalmente a partir del fenómeno migratorio. No obstante, el fenómeno que mejor explica la llegada de personas a centros urbanos es el desplazamiento forzado a causa de la violencia vivida en el país y que a pesar de tener un gran acento en las zonas rurales y en pequeñas poblaciones, también ha marcado el devenir de municipios y ciudades tanto intermedias como capitales. 

Cabe reseñar que desde mediados del siglo pasado Bogotá recibió una ola migratoria de carácter predominantemente campesino a causa de la violencia que en la década del 50 se vivió en los campos entre guerrillas liberales y conservadoras, por supuesto con la aquiescencia de las fuerzas del Estado. Al llegar a la ciudad los migrantes se asentaron en las periferias y especialmente en terrenos de bajo uso, lo que dio pie para nuevas formas de violencia relacionadas con la lucha por la tierra en la ciudad y con la persecución y el rol jugado por algunos actores ilegales que comenzaron a cobrar por ocupación. Esto además dio pie para el surgimiento de movimientos viviendistas que jugaron un rol fundamental en la legalización de numerosos barrios y cuyo trabajo también les significó quedar en el radar de actores violentos.  

Aunque la migración por violencia de conflicto siempre ha estado presente en el crecimiento de la ciudad, entre los años de 1995 y 2002 se evidenció un número alarmante de personas que llegaron a la capital, alcanzando, por ejemplo, a recibir el 19% del total de personas desplazadas en el país durante el año de 1997 o el 15% en el año de 1998. Dentro de los muchos migrantes que llegaron en este periodo de tiempo hubo quienes corrieron con mejor suerte que otros, pero en términos de dinámicas urbanas este fenómeno llevó a la aparición de nuevos asentamientos en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme o Bosa. Y a lo largo del siglo XXI la dinámica ha continuado y aún hoy se registra un importante número de desplazados por conflicto llegando a la ciudad. 

Sin duda el desplazamiento forzado plantea enormes retos en términos de integración local y de diseño de políticas sociales, así como en la necesidad de continuar trabajando en el propósito de construir una sociedad receptiva y dispuesta a acoger a quien llega tanto en lo comunitario, como en lo educativo y lo productivo. En las localidades que tienen las cifras más altas de víctimas residentes se presentan muchos otros fenómenos que van desde la pobreza histórica de los habitantes hasta la llegada en los últimos años de migrantes extranjeros en condiciones de alta vulnerabilidad. Esto por supuesto implica también el diseño juicioso de acciones de convivencia y la necesidad de estructurar una oferta social incluyente que a partir de las particularidades de cada población brinde respuestas adecuadas en un escenario de recursos escasos y necesidades latentes.

Más allá de estas consideraciones, es necesario que en la ciudad se valore positivamente el aporte que las víctimas de desplazamiento han hecho a la ciudad en materia de diversidad cultural, artística, productiva, gastronómica, incluso paisajística. Pero sobre todas las cosas una gran cantidad de iniciativas orientadas a la paz y a la reconciliación, experiencias de resiliencia, de trabajo comunitario, de construcción colectiva y de generación de redes de apoyo. Es importante exaltar y reconocer las diversidades y el derecho de cada quien en su ser individual o colectivo a estar en la ciudad y poder ser lo que desea.  Bogotá debería ser una ciudad para las comunidades afro, una ciudad para los pueblos y comunidades indígenas y una ciudad para las kumpanias rrom. Una ciudad en donde quienes lleguen a ella puedan contar sin miedo lo que vivieron en el marco del conflicto, puedan generar memoria de país y puedan denunciar tantos vejámenes que permanecen en la penumbra porque el miedo aún existe y porque contar la verdad puede volverse una sentencia.  

El hecho de reconocer la significancia del desplazamiento en la composición y el desarrollo de la ciudad no debe nublar el estudio y visibilización de todas aquellas afectaciones que por conflicto se han vivido en la capital. Desde las persecuciones y atentados suscitados en los 60 y 70, las torturas y desapariciones forzosas que imperaron después del aún recordado paro cívico de 1977 y el tenebroso estatuto de seguridad que le siguió. Así como las masacres, los atentados, los magnicidios y los ataques contra la población civil en las zonas periféricas durante los 80 y 90. Fue tal la magnitud del conflicto en la ciudad que los paramilitares tuvieron estructura propia a través del tristemente célebre Bloque Capital y las guerrillas hicieron presencia permanente, siendo muy recordado el Frente Urbano Antonio Nariño de las Farc. Y en el presente siglo la situación no mejoró, secuestro, extorsión, disputas territoriales, rivalidades por el manejo de los corredores y los negocios ilícitos, fueron algunos de los hechos predominantes, sin contar el rol de las fuerzas estatales en el respaldo a los grupos paramilitares y en fenómenos tan cruentos como las ejecuciones extrajudiciales.

Todo lo anterior sucedía en paralelo al desarrollo de una ciudad vibrante desde la resistencia social, las movilizaciones, la lucha por la paz, la asociatividad y el liderazgo comunitario. Como es de suponer, las balas y las ideas rivalizaron numerosas veces, siendo casi siempre el miedo el ganador y teniendo como consecuencia desafortunada un importante número de desplazamientos urbanos que pocas veces quedaron registrados y un fenómeno que se aunaban a los tantos retos que en la capital del país enfrenta la institucionalidad.  

Finalmente, aunque el conflicto y los mismos acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC tienen un acento principalmente rural, es necesario poder contar la historia de lo que pasó en la ciudad, abrir el espacio a muchas voces que lo cuentan y a una cantidad de expresiones artísticas y culturales que desde las localidades siguen narrando lo qué pasa, resistiendo y construyendo una ciudad que no solo es resistente sino también es  abierta para el que llegue, una ciudad que a pesar de ser escenario de conflicto, cumple con orgullo el rol de ser refugio y esperanza para muchos que siguen huyendo en aras de encontrar un mejor futuro o al menos un futuro en condiciones de dignidad.

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(1) Boletín Víctimas Bogotá. Observatorio Distrital de Víctimas. Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Alcaldía Mayor de Bogotá (Fecha de corte: Octubre 2020).