La pandemia nos ha puesto ante la disyuntiva de elegir entre el confinamiento y el funcionamiento de la economía y aunque hemos elegido hasta la fecha el confinamiento, en beneficio de la salud pública, es evidente que el mismo no puede prolongarse indefinidamente sin añadir problemas a una economía ya seriamente dañada por el mismo.

De allí la urgencia de acudir a la vacunación masiva para terminar definitivamente con el confinamiento, garantizando la salud pública y permitiendo la recuperación de la economía. No puede haber recuperación sin salud pública y menos a costa ella.

El gobierno nacional no parece ajeno a esta exigencia, pero lo que ha planteado hasta ahora para resolver la cuestión de la vacuna resulta confuso y expuesto a la corrupción. Porque, según la respuesta del ministro de salud la tutela presentada por José Daniel López - representante a la cámara del partido Cambio Radical - da la impresión de que el presidente Duque parece decidido comprar la vacuna de Pfizer, a pesar de que la misma tiene dos graves inconvenientes: la necesidad de conservarla a -70º centígrados, con todos los problemas de logística que supone el grado excepcional de conservación. Y el precio, que ya en los Estados Unidos resulta prohibitivo. Inconvenientes al que habría que añadir un tercero: la compra de la misma se hace sin que esa decisión se tome sin mediar una licitación pública, obligada por ley en las compras del Estado, con el fin tanto de permitir la libre competencia como de obtener el mejor producto al mejor precio.  

No ignoro que el estado de emergencia concede facultades extraordinarias al Gobierno nacional, pero tampoco que sería del todo inconveniente utilizarlo en esta oportunidad para obviar el requisito de la licitación la posibilidad de que el país pueda elegir la vacuna que 

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mejor satisfaga sus necesidades entre las que están actualmente disponibles en el mercado internacional: Pfizer, Moderna, Oxford, Sputnik 5 y Sinovac. 

La decisión sobre cual o cuales comprar – podría resultar conveniente comprar varias en vez de una sola -la debería tomar el Gobierno a partir del informe elaborado por un Comité científico, integrado por los mejores epidemiólogos del país, sobre las ventajas y limitaciones de cada una de dichas vacunas.  

Los criterios que deberían guiar tanto al comité como al propio Gobierno podrían ser los siguientes: 1/ Eficacia y seguridad de la vacuna.2/ Cantidades y fechas estimadas de entrega de las dosis requeridas para la campaña de vacunación masiva. 3/ Disponibilidad para incorporar a los laboratorios farmacéuticos del país en la producción de un porcentaje significativo de la vacuna. 4/ Asesoría en la elaboración del programa de vacunación. 5/Costo unitario y  global de la vacuna.

Es importante además que el informe técnico del Comité se haga público antes de que el Gobierno nacional tome la decisión final con el fin de ofrecer la oportunidad de que se formulen críticas y objeciones.   

Madrid, diciembre 12 de 2020