Bogotá se encuentra en medio del trámite de formulación y consulta ciudadana ante el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) de una nueva propuesta de revisión general al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que luego llegaría al Concejo de la Ciudad para ser o no aprobada. Este es un momento fundamental de debate y construcción de consensos sobre las prioridades frente al futuro de nuestro territorio urbano y rural, que se encuentra además determinado por la crisis económica y social que se profundizó con la pandemia por coronavirus y las medidas sanitarias para contenerla.

Según datos del DANE (1) la pobreza monetaria en Bogotá se disparó del 27.2% al 40.1% entre 2019 y 2020, la pobreza monetaria extrema se triplicó en el mismo periodo llegando a máximos históricos de 13.3%, lo que equivale a una población similar a la de Barranquilla. El tejido productivo se vio también golpeado, pues la Cámara de Comercio reportó el cierre de más de 53.000 mil empresas (2) durante el año anterior. En consecuencia, la formulación de este POT no solo debe tener en cuenta los reclamos ciudadanos históricos de protección de la Estructura Ecológica Principal, reducción de la segregación socioespacial, integración regional equitativa, movilidad intermodal que mejore la calidad de vida, participación real e incidente y mecanismos de garantía de permanencia en el territorio, sino que también debe atender la urgente necesidad de recuperación económica y mejorar la calidad de vida de la población.

La superación de la crisis no depende exclusiva ni principalmente del contenido de un POT, pues se requieren medidas de política social, fiscal y en general macroeconómica. Sin embargo, un Plan de Ordenamiento sí constituye una herramienta que puede contribuir a reducir barreras espaciales para acceder a derechos y reorientar el desarrollo urbano con miras a incluir hechos relevantes que no existían o habían pasado relativamente inadvertidos antes de la emergencia sanitaria. La carga de trabajo de cuidado no remunerado que recae mayormente sobre los hombros de las mujeres se profundizó con la pandemia. El número de personas dedicadas exclusivamente a estas tareas aumentó de 891.000 personas a casi 1,4 millones entre 2019 y 2020, siendo mujeres el 84% de este grupo (3). 

Incorporando las experiencias de las mujeres al ordenamiento territorial

Si algo ha enseñado la experiencia de años anteriores, es que no se puede minimizar ni excluir de las discusiones sobre la ciudad que queremos a quienes habitamos el territorio, no solo porque la antidemocracia genera justificada indignación y resistencia en las calles (4), sino porque lo único que puede producir un Plan excluyente es una ciudad excluyente.

Las proyecciones poblacionales oficiales (5) indican que 4’082.618 de las 7’834.167 personas que habitamos actualmente Bogotá somos mujeres, representando el 52.1% de la población, hecho que se suma a la reducción en tasas de natalidad y del tamaño de los hogares, al envejecimiento de la población de la capital y a una mayor participación de mujeres en la población de 40 años en adelante. Somos en resumen agentes relevantes para la toma de decisiones en la ciudad presente y futura.

La formulación del POT debe partir de reconocer que los espacios de una ciudad no son neutros, que los vivimos e interpretamos de maneras diferentes y que las experiencias de las mujeres son tan diversas como podemos ser nosotras mismas. Se debe entender además que el derecho de las mujeres a la ciudad está mediado por profundas brechas económicas, sociales, étnicas, etc, que se traducen en sobrecarga de trabajo del cuidado no remunerado, falta de autonomía económica y restricciones al derecho a vivir libremente la ciudad urbana y rural, disfrutarla, modificarla y decidir sobre ella. 

Una mirada a la vida cotidiana como la que propuso Jane Jacobs en Vida y muerte de las grandes ciudades, sumada a reflexiones de teóricas feministas sobre la división sexual del trabajo pueden llevarnos a ver que el espacio rural y urbano de las ciudades se ha construido de manera inequitativa, en torno a la producción y el trabajo remunerados sin considerar la importancia del trabajo de cuidado sin el cual ninguna sociedad podría existir (6) y que es realizado mayoritariamente por mujeres. Es como si la ciudad nos dijera todo el tiempo que “el lugar de las mujeres es la casa''. 

Es por eso que décadas de trabajos internacionales en el marco del derecho a la Ciudad (7), como experiencias derivadas del activismo y discusiones académicas en Bogotá han permitido decantar algunas claves para hacer un urbanismo y una planificación del ordenamiento que ayuden a cerrar brechas:

a.    Ciudades más seguras para las mujeres: El transporte y el espacio público son hoy lugares de riesgo para las mujeres, especialmente de violencia sexual (acoso, tocamientos, ataques). Diseñar espacios seguros implica en consecuencia procurar iluminación y condiciones que nos permitan ver y ser vistas, saber dónde estamos y para dónde vamos, oír y ser escuchadas, escapar y pedir ayuda, disfrutar de lugares limpios y acogedores donde podamos actuar en conjunto (8). Estas pautas, y la aplicación de principios de diseño universal, contribuyen a generar una ciudad en la que el miedo no nos lleve a renunciar a transitar las calles, a cambiar nuestras rutas o a disfrutar la ciudad en horarios limitados.

b.    Proximidad entre equipamientos, viviendas, empleo: El ingreso al mercado laboral poco se ha traducido en redistribución de las tareas de cuidado, por lo que una gran proporción de las mujeres se mueve cotidianamente en busca de servicios sociales, administrativos, lugares de trabajo y abastecimiento, configurando recorridos poligonales y no pendulares como los que van de la vivienda al trabajo y viceversa. Es necesario acercar a las mujeres la infraestructura urbana para reducir el tiempo que se emplea en trabajo de cuidado no remunerado y para facilitar la redistribución de este. En el caso de las áreas rurales son los servicios sociales los que deben acercarse a las poblaciones dispersas.

c.    Valoración del trabajo doméstico y de cuidado: Implica fortalecimiento de la oferta de servicios sociales que por efecto de la cultura machista y del modelo económico neoliberal han recaído en las mujeres (hogares para personas mayores, jardines infantiles, comedores y lavanderías comunitarias, por poner algunos ejemplos), así como el diseño de calles y espacios que faciliten la apropiación por parte de las personas dependientes y sus cuidadoras. Lograr mayores niveles de autonomía económica y en el uso del tiempo para las mujeres requiere necesariamente de redistribuir algunos cuidados que hoy se hacen mayoritariamente en casa.

d.    Acceso equitativo a vivienda y las ventajas y oportunidades que resultan de habitar la ciudad: titularidad de las viviendas (sobre todo en áreas rurales), transporte público de calidad, servicios públicos, oferta cultural, trabajo, son necesidades aún no suplidas para las mujeres, sobre todo para las de menores ingresos y quienes son trabajadoras informales.

e.    Participación incidente y permanente: La administración distrital debe tener voluntad explícita de involucrar en los equipos de formulación e implementación del POT a mujeres que puedan formular políticas públicas con enfoque de género, se ha de facilitar la interlocución permanente con organizaciones de mujeres en un lenguaje claro y comprensible para la ciudadanía y avanzar en atención a las demandas y recomendaciones que formulamos desde nuestras diversidades. En resumen, se requiere darnos incidencia y poder de decisión en el estudio y reconfiguración de políticas urbanas.

La propuesta POT que ha presentado la administración distrital ha incluido algunas de las demandas del movimiento social de mujeres y feminista en apuestas como la territorialización al Sistema Distrital de Cuidado y la elaboración de una norma urbana que permite y promueve una mayor flexibilidad en la ubicación de equipamientos, así como la multifuncionalidad de los mismos. Sin duda se da con esta propuesta un paso importante para acercar la necesidad de servicios sociales a las áreas residenciales, de manera que se empiecen a aligerar las cargas de las cuidadoras y se da un paso en materia de autonomía económica de las mujeres.

Sin embargo, hay temas que para las organizaciones de mujeres y para lideresas de la ciudad (9) requieren refuerzo y ajustes como los relacionados con seguridad en el espacio público y la visibilización de demandas de las mujeres rurales, migrantes, trabajadoras informales y cuidadoras de nuestra biodiversidad.

Hay también debates necesarios más allá de la incorporación de un enfoque de cuidado a la propuesta POT que tienen repercusión directa en la posibilidad de las mujeres de habitar y hacer proyecto de vida en la ciudad, como la pregunta por dónde, y en qué condiciones se atenderá el déficit actual y futuro de vivienda para los sectores populares, si la política de distribución de áreas para tratamientos urbanísticos de revitalización y desarrollo realmente contribuye a atender la urgente necesidad de implementar medidas de mitigación de la segregación socioespacial, cuál ha sido el rol de la participación ciudadana y en general los debates sobre cuál es la visión de ciudad que este POT promueve a través de su contenido programático. 

Hay hoy una valiosa disposición de diálogo y concertación frente a herramientas como la agenda de incidencia que durante años ha construido el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá. Estos y otros insumos constituyen demandas ciudadanas de vieja data que deben traducirse en ajustes a la norma, los documentos técnicos de soporte y la cartografía del Plan. El enfoque de género, de derechos y diferencial ha de ser transversal en todo el POT y sus instrumentos, como lo considera el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, que en trabajo conjunto con la Secretaría Distrital Planeación ha incidido aportando propuestas y modificaciones en el articulado del POT que han sido incluidas en esta etapa de revisión.