Las movilizaciones iniciadas este 28 de abril como respuesta a la convocatoria de un paro nacional mantuvo su masividad y su extensión en más de 700 municipios del país durante 45 días, hasta que el día 15 de junio el Comité Nacional del Paro decidió su levantamiento. Aún al momento de escribir estas notas se mantienen protestas en varios sitios de la ciudad de Bogotá principalmente en el portal de las Américas, en Suba y en Usme. En Cali se mantienen también en varios puntos de la ciudad, así como en Popayán y Pasto. Desde el bogotazo ocurrido en 1948 a raíz del asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán, Colombia no había presenciado una protesta tan prolongada que cubriera buena parte del territorio nacional.
Ni las jornadas del paro nacional del 21 de noviembre de 2019 habían congregado tal grado de masividad y de extensión por todo el territorio nacional.

Tampoco lo fue el Paro Cívico Nacional desarrollado también masivamente el 14 de septiembre de 1977. Aquellas jornadas de movilización se extendieron a lo largo de una semana y fueron masivas, pero no tan extendidas en todo el territorio nacional, estuvieron muy localizadas en Bogotá, Barrancabermeja y en algunas otras regiones del país. Estas jornadas de protesta fueron masivas y muy extendidas en todo el territorio nacional. Los organismos estatales como la Policía Nacional dan cuenta de cerca de 10 mil movilizaciones durante los 45 días iniciales agregando que en más del 90% fueron pacíficas. No hubo en ellas actos de violencia o vandalismo. 

Causas profundas y coyunturales de la protesta

Hay acuerdo que la chispa o la causa más próxima del levantamiento popular lo constituyó la propuesta de reforma tributaria de Uribe-Duque-Carrasquilla presentada al Congreso de la República que buscaba, por una parte, gravar con el impuesto del IVA a productos básicos de la canasta familiar, gravar los servicios públicos domiciliarios y los ingresos de los trabajadores y en mínima proporción, como es usual en Colombia, los ingresos de los ricos y los super ricos. La fábula era que esos nuevos ingresos calculados en 25 billones de pesos irían a programas sociales, mientras que, en realidad, el grueso de estos nuevos gravámenes, iban a pagar de manera puntual y cumplida la deuda externa que aumentó significativamente durante la pandemia sin que se sepa muy bien cual fue el destino de los miles de millones de dólares contratados por el gobierno. En todo caso no fueron a los programas pírricos para hacer frente a las consecuencias sociales de la pandemia.

Precisamente a mi juicio una segunda causa coyuntural ha sido el manejo desastroso que el gobierno Uribe-Duque ha dado a la pandemia ocasionado por la covid-19. A fecha, 5 de julio, se registran en las cifras oficiales del Ministerio de Salud 109.466 personas fallecidas por causa del coronavirus. Si nos atenemos al subregistro reportado por el DANE superamos de lejos los 130 mil decesos. Una de las cifras más elevadas del mundo por 100 mil habitantes.

A estas catastróficas cifras hemos llegado por el manejo desacertado, calamitoso, como el gobierno ha enfrentado la pandemia. Un sistema de salud privatizado que privilegia las ganancias sobre la vida, en donde el 80% del personal, esta precarizado laboralmente sin contratos estables de trabajo ni prestaciones sociales. Unas políticas sociales que tienen dos problemas centrales. En primer lugar, sus bajas coberturas. Todos los programas sociales no llegan a cubrir siquiera a 5 millones de familias (2.3 millones de Familias en Acción, 1,7 millones de adultos mayores, 2.5 millones de familias en Ingreso Solidario y 300 mil jóvenes en el programa de jóvenes en acción). Hay que tener en cuenta que los programas de adultos mayores y jóvenes en acción son individuales. 

El segundo problema de estos programas es que los recursos son insuficientes para cubrir las mínimas necesidades de las familias beneficiarias. El promedio por familia apenas llega a 176.800 pesos mensuales, insuficientes para cubrir un mínimo vital en alimentos, servicios públicos, vivienda y movilidad. El resultado salta a la vista: crece la pobreza y el hambre. El problema viene de atrás, pero, fue agravado por la pandemia. Ya la pobreza medida por ingresos en el año 2019 cubría al 37.5% del total de la población. Esta cifra aumento con la pandemia al terminar el año 2020 según cifras del DANE, la pobreza por ingresos monetarios cubría al 42.5% del total de la población, 21.2 millones de personas que tienen ingresos menores de 331.800 pesos mensuales de los cuales un 15.6% tienen ingresos inferiores a 150 mil pesos mensuales. El 32% de la población, un poco más de 17 millones de personas no consumen sino dos alimentos diarios y 6 millones de personas no consumen sino una comida al día.  

La insensatez, la falta de sintonía con las afugias y necesidades de la población llevó al gobierno a presentar el proyecto de reforma tributaria que fue el detonante de la protesta como ya indicamos, pero, hay problemas de fondo, causas más estructurales.                     

Las causas más profundas están ligadas con las consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal de desarrollo implantado en Colombia y en el conjunto de la región Latinoamericana desde comienzos de la década de los años noventa del siglo XX. La desindustrialización del país y la reprimarización de la economía en la cual volvimos a ser exportadores principalmente de recursos naturales, petróleo, carbón, níquel y oro y algunos productos agrícolas como café, banano, flores y otros productos sin mayor valor agregado. El respaldo del modelo a la agroindustria y el nulo apoyo a las economías campesinas que siguen siendo, sin embargo, las mayores proveedoras de alimentos como quedo demostrado en la pandemia han dejado a millones por fuera de empleo formal e ingresos dignos. La informalidad se mantiene por encima del 50% y las sucesivas reformas laborales han precarizado el ingreso de los trabajadores y multiplicado a los trabajadores informales. El régimen pretende que la única ventaja comparativa de Colombia es la mano de obra barata. Ello ha dejado a 3.3 millones de jóvenes entre los 18 y los 28 años sin trabajo ni estudio son los llamados ni-ni que se convirtieron en buena parte de los manifestantes de las llamadas primeras líneas. 1.1 millones de hombres y 2.2 millones de mujeres. Son los que “sobran” para el modelo neoliberal. Los sin futuro que salieron a las calles y que sin mayor experiencia organizativa se convirtieron en fuerza determinante de las movilizaciones.

Las clases dirigentes y sus partidos políticos abrazaron y respaldaron y lo siguen haciendo el modelo neoliberal cuyos resultados sociales son desastrosos. Una sociedad de pobres y excluidos, es el resultado. Todo se ha dejado a manos del omnipresente mercado. No hay políticas de reindustrialización ni de manejo adecuado del medio ambiente. No hay modelo de desarrollo incluyente ni políticas de fomento. Las clases dominantes no volvieron a pensar en términos de mercado interior, desarrollo endógeno, superación de la pobreza. Simplemente son administradores de la globalización neoliberal. En el fondo las protestas se levantan en contra de las consecuencias del modelo, exigen superar y hacer frente a la sociedad que este modelo ha construido. Es hacía allí donde debe enfocarse la búsqueda de las alternativas.

El manejo gubernamental de la protesta    

Desatada la protesta el gobierno puso en marcha dos estrategias, que hoy son muy claras, en primer lugar, la represión violenta de la misma y, en segundo lugar, un simulacro de negociación que simplemente servía para prolongar la protesta hasta agotarla. Nunca el gobierno tuvo voluntad de diálogo y de negociación.

Sobre la primera las cifras no mienten. Por eso la Unidad de Investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que realizó un estudio comparativo llego a la conclusión que Colombia, es el segundo país del mundo con la mayor cantidad de muertos en el enfrentamiento a las protestas ciudadanas, solo detrás de Birmania. 

La campaña Defender la libertad un asunto de todas, hace en su más reciente informe un muy completo balance de la represión y la brutalidad policial con las que el gobierno Uribe-Duque hicieron frente al Paro Nacional. El informe cubre el período del 28 de abril al 30 de junio. En él se registra el asesinato de 84 personas civiles de los cuales 28 son atribuidos presuntamente a la fuerza pública, los demás fueron ejecutados por “civiles” sin identificar. La Unidad de Investigación de la JEP detalla que en 27 ciudades del país hubo presencia de esos “civiles armados” que no duda en calificar de paramilitares que dispararon contra los manifestantes civiles. 1.790 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la fuerza pública, policía Nacional y Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, adscrito a la misma institución policial y por “civiles armados” no identificados. Se registraron 84 casos de lesiones oculares y 114 personas heridas por armas de fuego.

En el marco de las protestas 298 personas defensores de derechos humanos fueron agredidas, 808 mujeres también sufrieron vejámenes y 106 personas fueron víctimas de violencia basada en género, ejercida por la institución policial en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, entre las cuales hay 23 casos de violencia sexual, según información proveniente de la Defensoría del Pueblo.

En el marco de las protestas 3.274 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa, la figura del traslado de protección, siendo sometidas en muchos casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes. 75 personas siguen desaparecidas según información proveniente de la fiscalía general de la Nación. Salta a la vista la violencia desatada por el gobierno para hacer frente a la protesta pacífica en la mayor cantidad de eventos y manifestaciones, con el fin de generar terror, miedo y de esta forma inhibir la libre participación de los ciudadanos en la protesta que es un derecho fundamental plasmado en la Constitución Política. 
Por instrucciones directas de Uribe a Duque, éste último designo unos delegados para supuestamente negociar, pero nunca la mesa se llegó a instalar porque no paso del primer punto que el Comité Nacional del Paro puso como requisito, la adopción de un protocolo de garantías para el ejercicio de la protesta ante la brutalidad policial. 

¿Fracaso el paro? 

Algunos analistas despistados dicen que el paro fracaso. Estos pretendidos analistas no entienden nada de los movimientos sociales. El paro logró varias cosas fundamentales: (1) el retiro de la reforma tributaria, de no ser por el Paro estaríamos hoy pagando IVA para los productos básicos de la canasta básica y el Iva del 19% a la luz, el agua etc., (2) se retiro el lesivo proyecto de más privatización del sistema de salud, (3) cayeron el ministros de Hacienda, Carrasquilla y la canciller Claudia Blum, (4) con el apoyo de la comunidad internacional pudo venir al país la Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (5) se logró la matricula cero para los estudiantes de las universidades públicas por lo menos para este semestre del año 2021 y (6) por sobre todo, se manifestó aún en medio de la terrible  pandemia, el movimiento por la dignidad de un pueblo hambriento y pisoteado por un régimen insensible y antidemocrático.