El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá no sólo requiere su actualización debido a que han cambiado las condiciones sociales, económicas, políticas y urbanas, en general, sino porque los impactos del cambio climático y las variaciones ocasionadas por la variabilidad climática, así como las transformaciones urbanas y sociales inducidas por la pandemia del Covid-19, hacen necesaria la creación de un nuevo marco normativo adecuado a la nueva situación. A esto se suma el malestar social expresado en una situación política convulsa, cuya violencia contra la gente y los equipamientos urbanos indica la prevalencia de una sensación de extrañamiento y lejanía con relación a la ciudad, a sus edificios, a sus lugares y monumentos. Los miembros de una sociedad que no pueden construir su identidad con el territorio en el que viven a causa de la exclusión, la desigualdad, la segregación, se sumen en el miedo, la incertidumbre y la angustia, al punto de que ponen su vida como escudo para defenderse. Sólo es posible superar el miedo y el odio con la creación de confianza; no hay cómo generar confianza sin la participación de todos.

El diseño y adopción del POT es un proceso político que se beneficia de la especificidad técnica para proponer un marco normativo que estimule la construcción de unas nuevas relaciones sociales, económicas, políticas y, desde luego, de una nueva ciudad, producto de las interacciones entre sus ciudadanos, sus vecinos y sus visitantes. Como proceso político, el POT produce una oportunidad excepcional para la convocatoria al trabajo conjunto, a la generación de lazos de confianza, al estímulo para ejercer la democracia y, por todo eso, exige la participación ciudadana en el establecimiento de consensos que definan la ciudad deseada por la gente que la habita, que anime la colaboración para cumplir con los acuerdos y las concertaciones, que lleven a la creación y puesta en marcha de mecanismos de control y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y que fortalezcan el compromiso con la participación para financiar lo decidido. 

Los administradores actuales de Bogotá podrían aprovechar esa ocasión, pero han reducido la participación a un proceso incompleto y ligero de socialización de decisiones ya tomadas sin la consulta suficiente. Muy pocos conocen lo que determina ese inmenso legajo de papeles. No hay duda de que el equipo de la Secretaría de Planeación al que la alcaldesa Claudia López le confió la coordinación de este proceso tiene la experiencia y la capacidad técnica para redactar un POT que haga posible la ciudad adecuada a las necesidades de la sociedad y a los requerimientos del urbanismo del siglo XXI; pero es posible que este sea también su punto débil, pues el exceso de confianza puede terminar en oídos sordos a los clamores de la gente común que habita y construye ciudad y sociedad con cada uno de sus actos. Este proceso está lejos de la gente. También es notable la falta de coordinación entre sectores fundamentales, como lo demuestran las intervenciones de la Secretaria de Ambiente que responde que “la participación le corresponde a Planeación”, mientras que invita a conversaciones en privado a los eternos especialistas de la élite ilustrada de la ciudad.

La necesidad de una visión regional del ordenamiento, al menos en los temas claves de ambiente, movilidad y seguridad integral, está muy limitada al sueño de imposición desde Bogotá sobre la región con la instauración de la Región Metropolitana, en trámite en el Congreso. Nada concreto se expresa en párrafos con los que, de otra parte, todos podríamos estar de acuerdo: el Modelo de Ocupación Territorial –MOT-, de carácter multiescalar, define que “Bogotá será un territorio articulado desde las escalas regional, distrital y local que se ordena por [sic] a través de las áreas de importancia ambiental y de los patrimonios culturales; que responde a la emergencia climática y disminuye la vulnerabilidad territorial; que brinda soportes de proximidad con un mejor aprovechamiento del suelo para tener equilibrio territorial; y que propicia la revitalización sobre la ciudad construida con oferta de vivienda, empleo, espacio público y equipamientos”. Lo complicado está cuando en el ejercicio de lectura del Documento Técnico de Soporte (muy valorado en la concertación por la CAR), del articulado y su concreción en los mapas, encontramos contradicciones y una ausencia de explicación sobre la manera como se alcanzarán tan nobles objetivos. Un remozamiento de las estrategias tradicionales se plantea al redefinir las estructuras Ecológica Principal, Integradora de Patrimonios, Funcional y del Cuidado y Socioeconómica y cultural. La intención se diluye cuando las vías y los procesos ya negociados desde la administración anterior se imponen sobre las dinámicas de la naturaleza o las necesidades de la gente, hoy más empobrecida y angustiada.

Desde hace años se plantea la necesidad de superar la inoperancia planificadora de las UPZ (cuyo ámbito se mantiene como referente para análisis estadísticos, como se dice en el Artículo 553), buscando mecanismos que fortalezcan la planeación (participación incidente) local; sin embargo, no está claro cómo se logran estos objetivos con la creación de 32 unidades de planeación local, que reviven la idea de las centralidades (con recorridos entre 15 y 30 minutos), con la liberación de todas las amarras y controles para incentivar un “desarrollo” basado en “grandes ecosistemas económicos y productivos” compuestos por “centralidades económicas y de vivienda”, economías de “aglomeración con énfasis de especialización” (¿) como las  “Actuaciones Estratégicas” Lagos de Torca (nodo de soportes urbanos y de integración regional) y Reverdecer del Sur (centralidad ecológica y cultural del sur). Un gran esfuerzo retórico para justificar proyectos de desarrollo inmobiliario sobre áreas que requieren atención especial (los proyectos que componen Lagos de Torca ya eran negocios inmobiliarios propuestos desde finales de los noventa) y que contradicen otras declaraciones como la recuperación de las zonas golpeadas por la minería en la cuenca del río Tunjuelo o la defensa de la Reserva Thomas van der Hammen en el norte.

No queda nada claro cómo se pueden mantener los objetivos ambientales tan mencionados en los textos del POT si al Humedal Torca-Guaymaral (que también se designa en el articulado como “Canal”) y a la Reserva Thomas van der Hammen se les interfiere con el desarrollo de proyectos inmobiliarios del tamaño y complejidad de lo planteado para Lagos de Torca, dos “pequeños” desarrollos dentro de la Reserva Forestal, la prolongación de la Avenida Boyacá y de las vías necesarias para la urbanización. No hay duda de que mantener al menos una parte de la Reserva Forestal es importante, pero se deben definir de nuevo sus alcances (ahora limitados) y replantear cómo se cumple con lo establecido en el PMA de la reserva. Las incongruencias con los “parques” de borde y del río Bogotá ya han sido señaladas por analistas y deberán ser estudiadas y aclaradas en los debates del Concejo.

Una situación parecida de contradicciones entre las declaraciones sobre la recuperación ambiental y el desarrollo de grandes negocios ocurre con el cauce del río Tunjuelo en las diferentes determinaciones dispersas en los textos con relación a Reverdecer del Sur, concebido también como un inmenso proyecto inmobiliario. Los inmensos impactos ocasionados por la explotación minera inadecuada y abusiva sobre el curso del río por parte de Cemex y la Fundación San Antonio se convierten en áreas de rellenos (“disposición final”) para escombros (“residuos de construcción y demolición”).

El proyecto de POT considera de manera alternativa al desarrollo vial sobre áreas hoy rurales o de especial cuidado ambiental (como las descritas) la importancia de la peatonalización, aunque no hay la precisión necesaria de los lugares en los que se hará. Es posible pensar que las previsiones y recomendaciones que se hacen sobre algunas vías que poseen las franjas de paisajismo para el establecimiento de los “parques lineales”, se puedan proyectar sobre aquellas áreas que se peatonalicen. En especial es interesante resaltar la idea que vincula las áreas peatonales con el ablandamiento de las superficies urbanas y la necesidad de permitir la infiltración de agua y el desarrollo de comunidades ecológicas urbanas en esas zonas donde se limita el uso de materiales que sellan la superficie, como el caucho, el pavimento o el cemento. No obstante, esta determinación fundamental para enfrentar los impactos del cambio climático no es trascendental mientras no se haga una determinación explícita de los sectores y vías que deben someterse a este ejercicio de recuperación y naturalización.

La Estructura Funcional y del Cuidado se convierte en una presentación del POT que parece contribuir a la inclusión y a la superación de la desigualdad, para lo cual recurre a un concepto etéreo y con mil significados: el derecho a la ciudad (Artículo 87). Vale recordar que Colombia fue uno de los pocos países que acompañó a los Estados Unidos en su oposición a incluir el derecho a la ciudad en la Nueva Agenda Urbana. El artículo dice que la Estructura Funcional y del Cuidado es “soporte del territorio y garante del derecho a la ciudad para todas las personas, ya que de esta depende la accesibilidad a sus servicios, la conectividad entre los diversos territorios de Bogotá y fuera de Bogotá, la prestación de todos los servicios de inclusión y cuidado, y el goce y disfrute del espacio público”. Pero el sentido de este párrafo es distinto para un lector desprevenido y para los redactores, pues sólo se puede entender si se sabe que la clave de lectura es que a la movilidad se le asignó el rol de corazón de este sistema, así que la poca claridad sobre inversión muestra que se concentra en la movilidad. Hay artículos que se refieren a este tema, aunque no se vea de inmediato, pero que merecen comentario, como las limitaciones a las áreas de los parqueaderos y los mecanismos para lograr áreas superiores a las establecidas. Es un tema que el debate en el Concejo debe abordar de manera integral, pues forma parte de la coherencia y la integralidad del POT.

Uno de los principios del POT (Artículo 101) se refiere a la intención de “promover e incentivar la creación de viviendas dignas y asequibles…”. Basta con hacer una visita a los proyectos inmobiliarios que se están ofreciendo en la ciudad para ver que el POT parece estar alejado de las realidades de los negocios inmobiliarios de la ciudad. La oferta posible para un hogar que tiene salario mínimo de ingreso se reduce a un área de vivienda ¡inferior a 20 metros cuadrados! Esto no se puede considerar vivienda digna para una familia, a pesar de que se reconozcan los cambios culturales en la estructura familiar y las transformaciones que muestran los estudios demográficos. El POT trae la palabra “digna”, pero no hay ninguna definición de su sentido real y normativo. Desde otra perspectiva, el POT reconoce las características económicas y las posibilidades de la ciudad para la gente de menor capacidad de pago al vincular estos temas sociales de fondo cuando “facilita la mezcla de usos”, una decisión muy importante.

Las determinaciones relacionadas con el manejo de los desechos sólidos “ordinarios no aprovechables” en la ciudad son otro tema que se puede seguir en varios de los libros del POT, pero que se concentra en la disposición final en el “Parque de Innovación Doña Juana” (Artículo 192). No es claro en qué consiste su nuevo carácter si su función no parece cambiar y su impacto sobre la zona sigue siendo nefasto. La vida en las veredas de Mochuelo, Bajo y Alto, y aún en Pasquilla no ha cambiado con las pocas transformaciones de concepto, utilización y nombre de Doña Juana, por lo que se propone priorizar en este lugar algunos de los proyectos estratégicos, aun no definidos, del programa Territorio Rural Equitativo como una leve compensación a todas las dificultades que les genera el crecimiento impresionante de Doña Juana sobre su territorio. Aunque el POT define facilidades para el proceso de reciclaje en la ciudad, las determinaciones en el POT siguen siendo tímidas y muy lejanas de generar un proceso real de aprovechamiento y reciclaje, centrando sus acciones en una fase de transición que no tiene definiciones ni límites temporales.

Hay muchos otros temas muy importantes, como la localización y carácter de las estaciones y antenas de telecomunicaciones en la ciudad (Artículo 219), la elasticidad para el tratamiento de las áreas con obligación de permanencia, los mecanismos de financiación del POT que se describen pero no se determinan sus características específicas para la ciudad, cuándo se aplican, cómo se hace el seguimiento a su cumplimiento, los incentivos para apoyar la reactivación Post-Covid 19 (Artículo 313), entre otros. El Concejo de Bogotá tiene la oportunidad para contribuir al tránsito de la ciudad desde la vieja concepción del siglo XX hacia la nueva agenda urbana del siglo XXI.