La acción de la policía, como la de casi ninguna otra autoridad, es la más próxima a la vida cotidiana de los ciudadanos. Su adecuado funcionamiento es fundamental para garantizar la convivencia pacífica, la protección y defensa de los derechos de las personas y del ejercicio de las responsabilidades ciudadanas, así como la salvaguarda de sus bienes, dentro del marco de la Constitución y la ley. Por eso su funcionamiento y actuar se fundamentan en el respeto, la confianza y la credibilidad de toda la comunidad y, por tanto, debe tener el permanente escrutinio de los ciudadanos que le encargan y costean tan importantes mandatos. Así mismo, su estructuración y sus formas de acción, son temas de debate ciudadano y deben contar con su anuencia.

En Colombia, dicha confianza, credibilidad y respeto se encuentran en los niveles más bajos de percepción ciudadana de las últimas décadas.  Se han acumulado una serie de graves y recurrentes situaciones que no fueron atendidas debidamente a tiempo. A esto se suma el acelerado deterioro del entorno social, económico, político e institucional del país, que de manera particular afecta a los jóvenes.

Los jóvenes en el corazón del malestar social.

Los mayores niveles de desempleo y falta de oportunidades los padecen los jóvenes urbanos y rurales, en un país que tiene el deshonroso lugar de ser uno de los más inequitativos del planeta. La pandemia acrecentó la crisis, ya que muchos jóvenes tuvieron que abandonar sus estudios y otros perdieron su trabajo o vieron fracasar sus incipientes emprendimientos y la degradación de la calidad de vida de sus familias. 

La rampante corrupción y la degradación de la función pública en todos sus niveles, así como la falta de políticas idóneas que brinden oportunidades para los jóvenes, los han sumido en una situación de desesperanza, frustración y rabia. Es común escucharlos decir: “aquí las oportunidades son para los de las roscas”; “para qué estudio, si el titulo profesional no me garantiza acceso a un trabajo digno”; “si me matan en la protesta, me hacen un favor, porque odio esta vida precaria que me tocó vivir”; “este país premia es a los corruptos de las elites que concentran la riqueza”; “quiero irme de este país a buscar oportunidades en otra parte”; … 

Pero hay un grupo de jóvenes especialmente vulnerables, que padecen la exclusión y las distintas formas de segregación: aquellos que son hijos de hogares disfuncionales y/o en situación de pobreza extrema y cuya vida transcurre en los barrios marginales y los inquilinatos de las ciudades donde la vida del “rebusque” es degradante de la condición humana; los millares de migrantes, desplazados por el conflicto armado interno y victimas de múltiples violencias y violaciones a sus derechos fundamentales; aquellos que no son aptos ni elegibles para ningún trabajo porque no “cumplen los requisitos” (título de bachiller, libreta militar, recomendaciones, etc.); aquellos a los que solo les ofrecen “trabajo sucio” como el microtráfico, la prostitución, la delincuencia, el sicariato. A estos jóvenes no les llega la oferta institucional de servicios, como los programas “jóvenes en acción”, “ser pilo paga”, “matricula cero”, “sacúdete”, etc., pero si se les acosa y acorrala cuando emprenden actividades de “rebusque”, como el trabajo en los semáforos, el reciclaje, las ventas callejeras, etc.

Estas son apenas algunas de las situaciones que han quedado expresadas en las distintas jornadas de protesta social de los últimos meses. Es torpe querer taparlas, no verlas, o tratar de ocultarlas esgrimiendo o resaltando los costosos y condenables hechos de vandalismo y parálisis perpetrados.

Ha quedado claro que no ha habido voluntad política efectiva para convocar la creatividad y la fuerza transformadora de los jóvenes, para que sean verdaderos protagonistas de la construcción de un mejor país. Solo se percibe hueca retórica y manipulación electorera. Muchos jóvenes sienten que no hacen parte de Colombia y que los espacios efectivos para incidir en la transformación que el país y que ellos mismos reclaman, que son los escenarios políticos, son precarios, costosos, o llenos de mentiras, cinismo y demás mañas de la politiquería y la corrupción.

¿Puede la actual policía contener este malestar juvenil?

Para comenzar, hay que señalar que la institución policial está constituida por jóvenes colombianos que también perciben o padecen el malestar social. Así mismo hay que observar que ha caído en una profunda crisis de credibilidad y de confianza social, que se venía acrecentando por décadas. Los abusos policiales, en particular del ESMAD, cubiertos por un manto de impunidad y que se traducen en muertes, desapariciones, torturas, tratos crueles y degradantes, y retenciones ilegales; la corrupción en la escondida ejecución de sus presupuestos y en cuantiosos desfalcos al erario; la falta de “resultados operacionales” en contra de la delincuencia y a favor de la seguridad ciudadana (hoy buena parte de la seguridad esta privatizada en manos de empresas de vigilancia), que se expresa en una sensación de temor y vulnerabilidad social generalizada ante el asecho de los delincuentes; son solo tres aspectos de los enormes desafíos que hay que abordar. 

La crisis de la institución policial se debe a múltiples causas: la Constitución del 91 no abordó temas cruciales como la desvinculación de la policía de la fuerza pública (1) y siguió impregnada de superpoderes otorgados por la dictadura de mediados del siglo pasado y décadas de “Estado de sitio”; su doctrina imperante de “combatir el enemigo interno”, hace que los policías vean  en cada ciudadano disonante, una amenaza al régimen; la formación y organización centralista, militar y alejada de la practica de los derechos humanos y del respeto a la ciudadanía, le impide sintonizarse con la diversidad cultural, económica, social, política e histórica de las regiones colombianas.

Además, el poder de los alcaldes y gobernadores como “jefes de policía” elegidos por voto popular, se limita en buena parte, a brindar suministros y dotaciones (carros, motocicletas, gasolina, etc.), a la expedición de decretos de restricción de las libertades (toque de queda, ley seca, etc.) y a la expedición de planes de seguridad que se quedan en el papel. Por su parte, el Código Nacional de Policía (Ley 1801) consagró más de 300 conductas ciudadanas que pueden ser tramitadas por los uniformados de la policía (actividad de policía, según el art. 20 de la citada ley) con altos niveles de discrecionalidad, lo que ha generado corrupción y abusos.

En estas condiciones, jóvenes y policía tienden a ser agua y aceite o dos caras de la misma moneda: un modelo de Estado Social de Derecho que no ha logrado la realización de sus propósitos. Jóvenes empobrecidos, hastiados y hostigados; y jóvenes policías permeados por la corrupción y la negligencia, sin convicciones democráticas, tienen que chocar. Hay estudios preliminares que señalan que los Centros de Atención Inmediata (CAI) más virulentamente atacados, han sido aquellos ubicados en barrios empobrecidos y donde se han presentado el mayor número de quejas por abusos de la policía hacia los jóvenes. 

Es necio pretender que la gravedad del malestar socioeconómico que padecen los jóvenes sea contenida por una policía con las características señaladas, o con simples reformas como más pedagogía jurídica en derechos humanos, cambios del color de los uniformes o estímulos salariales a los oficiales y suboficiales. La policía debe reformarse estructuralmente, sin duda, pero el manejo de las causas del malestar juvenil debe ir mucho más allá que su mera participación en los consejos locales de juventud.

¿Qué hacer?

Se requiere avanzar en los dos frentes: abrir oportunidades a los jóvenes teniendo en cuenta las especificidades de sus demandas y las características de los territorios que habitan; y por otro lado, producir reformas de fondo a la institución policial.

En el primero de los casos, y desde una perspectiva política, los jóvenes demandan espacios efectivos para incidir en el destino colectivo de sus comunidades y del país, y no solo para hacer valer sus derechos. Para ello hay que profundizar la democracia local, adelantar una reforma política territorial que facilite la acción de nuevos liderazgos en los partidos, que abarate los costos de las campañas electorales y las malas prácticas electoreras, a la vez que empodere los cuerpos colegiados (2) (concejos, asambleas, juntas administradoras locales, congreso), y que haga mandatorias las propuestas que los jóvenes hacen en los espacios de participación existentes. 

Desde una perspectiva económica, la generación de condiciones para ampliar el acceso a empleo digno y para facilitar los emprendimientos generadores de ingresos y no de mas frustraciones, pasa por desmontar monopolios y privilegios instituidos a empresas o territorios que hoy concentran la generación y acumulación exagerada de riqueza y oportunidades. También se hace necesaria la reorientación del sistema educativo hacia los vectores generadores de desarrollo y equidad en el país. 

Desde la dimensión social, hay que derrotar de una vez por todas la pobreza extrema y los déficits de acceso a los servicios a cargo del Estado, haciendo énfasis en el mejoramiento integral de barrios y asentamientos precarios en las ciudades, y de las condiciones de vida del sector rural. El desarrollo cultural, embolatado con la “economía naranja”, debe ser el cemento cohesionador de la juventud y de la construcción de la utopía de país que convoque a la prodigiosa diversidad y que anide la dialéctica constructiva de las contradicciones y tensiones existentes.  Los jóvenes especialmente vulnerables requieren de oportunidades especiales, como las planteadas y desarrolladas por la Legión del Afecto (3), para que recuperen su autoestima y puedan desplegar sus aptitudes para transformar la sociedad y sus entornos vitales.

En cuanto a la institución policial, lo primero es desligarla del marco doctrinario y regulatorio de las fuerzas militares (ejército, armada nacional y fuerza aérea), para que pase a ser una autoridad civil no militar, al mando efectivo de las autoridades elegidas por voto popular y encargadas de la seguridad ciudadana y no de tantas otras tareas como las que hoy le han sido asignadas (erradicación de cultivos ilícitos, transito y transporte, aduanas, etc.), y haciendo uso de métodos y protocolos que no lesionen la credibilidad y el respeto ciudadano. 

La selección, formación y asensos debe estar vinculada de manera directa a la vocación de servicio a la comunidad, al desempeño ético de sus deberes y a la estricta defensa, protección y promoción de los derechos humanos, corroborada por la sociedad mediante ejercicios periódicos de rendición publica de cuentas. El escuadrón móvil antidisturbios, ESMAD, debe transformarse profundamente, de tal manera que existan métodos y controles efectivos y comprobables para que garanticen los limites en el uso de la fuerza y evitar los atropellos que hoy son denunciados. También es urgente mejorar la justicia penal y disciplinaria al interior de la policía, para que las transgresiones a la Constitución y la ley sean investigadas y sancionadas debidamente, ya que la impunidad y la mal entendida solidaridad de cuerpo, son invitaciones a continuar delinquiendo con el uniforme.

Colofón

Bogotá debería dar buen ejemplo a las demás ciudades del país y contar con una robusta política de juventudes, descentralizada y ampliamente cogestionada por ellos mismos, que les abra opciones y oportunidades para hacer valer el derecho a la ciudad, y no solo para ofertarles bienes y servicios. De la misma manera, debería tener su propia policía, seleccionada, formada, costeada por la ciudad. 

Jóvenes participando en la construcción del derecho a la ciudad para todos sus habitantes y territorios, y autoridades respetuosas de los derechos humanos, es una amalgama ganadora para la democracia y la convivencia pacífica.

Referencias

(1) El artículo 216 de la Constitución establece que la fuerza pública está integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares (Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea) y la Policía Nacional. A pesar de tener mandatos diferentes (arts. 217 y 218 Constitucional), este maridaje impregna a la policía de la doctrina militar imperante, que la aleja de su relacionamiento directo y cotidiano con la sociedad.

(2) Para que no sean apéndices del poder ejecutivo y que su funcionamiento permita que los distintos sectores de la sociedad tengan representación efectiva a la hora de determinar el destino colectivo.

(3) Proyecto liderado y ejecutado por jóvenes NiNis encaminado a salvar vidas y entornos biodiversos, así como a construir convivencia pacífica en la vida cotidiana en territorios abandonados por el Estado social de derecho. Puede consultarse su metodología y logros en: https://www.researchgate.net/publication/320290611_No_oyes_llorar_la_tierra