Los planes de gobierno del nivel nacional y distrital desde hace dos décadas han puesto un especial interés en intervenir los procesos de formación inicial, permanente y posgradual de los maestros. Aquí está uno de los principales desafíos del nuevo Plan de Desarrollo. La creación y puesta en marcha de la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana va en esa dirección y podría catapultar a Bogotá en ser la primera ciudad en tener una verdadera política pública educativa, si logra institucionalizarla, es decir, dejar que dicha Misión siga operando como mecanismo de participación y control ciudadano. 

En el Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, la educación cumple una doble función: es un derecho que la administración se dispone a garantizar en mejores condiciones de calidad y cobertura, y es una forma de disminuir inequidades, cerrar brechas y aumentar oportunidades para todos. Para mejorar las condiciones de calidad se ponen a girar todas las acciones en torno a un propósito que llaman Transformación Pedagógica, con lo cual el maestro cobra especial relevancia. Si el plan propone un nuevo contrato social, podríamos decir que en educación se trata de un nuevo contrato pedagógico, donde el maestro sería protagonista. 

Esta estrategia no es nueva, al contrario, ha tenido continuidad en las políticas educativas de la ciudad, razón por la cuál para entender lo que se propone este Plan, sería necesario hacer un balance por lo menos de lo que las últimas tres administraciones han construido, lo cual desborda las posibilidades de este artículo. Veamos algunos logros alcanzados en un proceso que tiene por lo menos 12 años, logros que pueden convertirse en riesgos, si no se consolidan. 

El primer logro-riesgo está relacionado con la idea de crear un Sistema integrado de formación en ejercicio de docentes y directivos docentes, que articularía tres subsistemas de formación: 1. para el inicio del ejercicio docente, 2. permanente y, 3. avanzada. El primer subsistema es una interesante apuesta que lleva ya varios años, y está referida al acompañamiento a los maestros recién vinculados a los colegios oficiales. El segundo subsistema incluye una oferta amplia de opciones de actualización y perfeccionamiento (cursos, seminarios, talleres, conferencias, actividades culturales) que entre el IDEP y la Secretaría de educación se encargan de ofrecer en asocio con otras entidades; también incluye la financiación de actividades de innovación e investigación, la participación en redes pedagógicas (dignificación profesional) y el reconocimiento social (premio a la investigación y la innovación, y participación en eventos). El tercer subsistema son las becas que se ofrecen para cursar posgrados (en especial las maestrías). 

La creación de este sistema está previsto en la Ley General de Educación de 1994, y hasta ahora no se ha logrado consolidar. La Misión de ciencia y tecnología que entregó sus resultados al gobierno nacional a finales del 2019, apuesta de nuevo por ello, creando un Instituto Superior de Investigación en Educación y Alta Formación de Maestros –IESI–. Bogotá es una de las pocas ciudades que ha avanzado en el tema. Lo previsto en el Plan no incluye la formación inicial (Normales Superiores y licenciaturas), por ser competencia del nivel nacional, lo cual es ya un problema. Avanzar en esta dirección es un imperativo, y la actual administración lo ha previsto. Sin embargo, habría que dar un paso más, para que no se convierta en un riesgo; veamos por qué: 

En temas educativos el plan tiene muchas puntas que pueden dispersarse en proyectos puntuales y producir efectos centrifugados, bien intencionados, pero sin eficacia, si no se coordinan con las estrategias de formación de maestros que estamos comentando. Se habla de educación inclusiva, jornadas única, completa y complementaria, desarrollo de nuevas masculinidades, educación inicial integral, educación rural, habilidades y competencias del Siglo XXI, apropiación social del patrimonio cultural y natural de la ciudad, leer para la vida, sistema multidimensional de evaluación para la calidad educativa, educación media para el fomento del emprendimiento, transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica, territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado, transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente, fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad. La pregunta obvia es: ¿Cómo el sistema integrado de formación de maestros va a contribuir a esto? Si es cierto que los maestros son un factor determinante de la calidad educativa y todas las acciones mencionadas son la condición para mejorarla, ¿cómo se va a relacionar con el quehacer docente? La transformación pedagógica tendría que centrarse en dichas acciones y debería ser con los maestros, como se señala en el plan. Para que esto sea cierto, hay que tener en cuenta las condiciones materiales y organizativas en las que trabajan los maestros en sus colegios, muchas veces sin recursos y sin tiempo para reunirse, planear, pensar y participar en apuestas del mundo de la ciencia y la cultura, intereses que cultivan los docentes en el desarrollo de sus proyectos y en interacción con los estudiantes y con sus familias. 

El plan se propone llegar a 7.000 docentes y directivos docentes, de los cuáles 5.000 tendrán becas para cursar posgrados, especialmente maestrías, y 2.000 en estrategias de reconocimiento, formación permanente, innovación e investigación. El monto previsto para financiar la formación inicial, posgradual y permanente, en los cuatro años de gobierno (2020-2024), es de algo más de $127.000 millones, de los cuáles casi $ 100.000 millones  están previstos para la formación posgradual. El reto será entonces lograr dos tipos de articulaciones: entre los tres subsistemas de formación, y entre los programas que apuntan a la transformación pedagógica. Ambos esfuerzos son de una gran complejidad, si se tiene en cuenta lo difícil que es convencer a las universidades que ofrecen los posgrados, de la importancia de acompañar a los maestros en su práctica pedagógica. Hasta el momento ha funcionado un Seminario permanente con dichas universidades en el que se discute y se promueve este compromiso; está por verse si es suficiente. 

En el sistema integrado de formación se tiene previsto que los maestros construyan su ruta de formación, en la que deben incluir actividades de investigación e innovación y esto articulado a sus procesos de formación posgradual y a las redes y colectivos pedagógicos en las que se busca que participen, lo cual será posible, si y solo si, se logra comprometer a los maestros con un proceso formativo que desborde el mero interés de ascender en el escalafón, no porque esto sea ilegítimo, sino por la manera perversa como el Estatuto Docente 1278 del año 2002 concibe la profesión docente. Desde entonces los maestros sólo pueden mejorar su salario significativamente si consiguen títulos de posgrado. Las otras mejoras son pírricas y lentas, pues dependen de la antigüedad y de la evaluación docente, que lleva casi 20 años sin encontrar una fórmula estable de realizarse. Se eliminó la posibilidad de tener en cuenta para el ascenso, la formación no conducente a títulos. Sin mediar una reforma a la Ley 115, se dejó sin dientes (sin presupuesto nacional y sin eficacia) a los comités territoriales de capacitación. Sólo Bogotá, con recursos propios, ha mantenido activo este comité; en otras ciudades funcionan sin recursos. Al dejar estos procesos formativos sin efectos sobre el escalafón docente, han perdido impacto.

Urge presionar la concertación de un nuevo Estatuto Docente que defina claramente las exigencias y los derechos que deben tener los profesionales de la enseñanza; esta es una deuda pendiente desde 2015, cuando se acordó con FECODE llevar al Congreso de la república un proyecto de Ley que defina una nueva manera de ejercicio de la profesión en la que el buen desempeño docente no dependa de factores salariales, sino de rigurosos procesos de seguimiento, acompañamiento y evaluación, y de la garantía de adecuadas condiciones laborales y de infraestructura. Es triste tener que decirlo, pero en Colombia no hay respeto por el trabajo de los maestros y esta profesión está lejos de alcanzar el prestigio que de manera reiterada señalan los organismos internacionales, la legislación nacional, los estudios académicos, el sindicato y el sentido común. 

Para concluir podemos decir que si no se articula la formación de maestros con los programas que procuran el cumplimiento pleno del derecho a la educación, si no se logra poner en diálogo la formación en ejercicio con la posgradual, y si no se liga el ascenso salarial a la innovación, la producción de saber y la actualización, sin ello, los riesgos pueden dar al traste con el sueño de un nuevo contrato pedagógico.