El contexto de la universidad pública en América Latina y Colombia 

Además de las dificultades financieras ampliamente conocidas, el sistema público universitario en América Latina atraviesa una crisis sin precedentes, originada en una serie de políticas que, desde la década de 1990, han exigido la ampliación de su cobertura con recursos pírricos, así como el sometimiento de su actividad misional a lógicas mercantiles como la venta de servicios, la competitividad y la aplicación de estándares de tipo instrumental, en sintonía con los modelos anglosajón y estadounidense dominantes. En lugar de convertirse en un referente científico, social y cultural para la sociedad, las universidades públicas en la región se han convertido en espacios intervenidos por las agendas neoliberales de los gobiernos de turno, las cuales buscan no solo desestimular lo público, sino que ven con sospecha la pretensión de estas en la formación de pensamiento crítico y la promoción del control ciudadano a las acciones de la clase política tradicional, en muchos casos involucrada en situaciones de corrupción, represión y concentración de poder. 

Aunque los organismos internacionales que promueven las medidas del llamado ajuste estructural justifican estas nuevas medidas basados en las reglas que impuso la consabida sociedad del conocimiento, entre ellas convertir el saber académico en valor de cambio (Lazzarato, 2006), es claro que las universidades públicas progresivamente han empezado a estar rezagadas frente a instituciones de educación superior (IES) de élite, caracterizadas por un alto nivel de producción de conocimiento gracias a sus históricos vínculos con la empresa y el mercado. A modo de ejemplo, en los Estados Unidos, la actividad de investigación se concentra en los "research universities", mientras que la mayoría de "colleges" se limitan a funciones profesionalizantes. Por su parte, en Francia la actividad investigativa se gestiona por medio del Centre Nacional de la Recherche Scientifique y los laboratorios gubernamentales, condición que profundiza su diferencia misional frente a las universidades tradicionales y las grandes écoles. Asimismo, en Japón la investigación científica y técnica se promueve desde el sector industrial y casi no pasa por las universidades (Schwartzman, 2018).  

En conclusión, se puede afirmar que para el sistema neoliberal la producción de conocimiento científico será algo exclusivo de las IES de élite en asocio con el sector empresarial, y que en virtud de este propósito las demás universidades, especialmente las públicas, han de centrar sus actividades en la docencia y la extensión. Este modelo también explica por qué, a la par con una serie de exigencias para medir su calidad por medio de esquemas cada vez más instrumentales, provenientes del propio Estado, se le debilita en lo presupuestal y se le condena a su inviabilidad administrativa y financiera. Por esta razón, siguiendo a Schwartzman (2018), es urgente emprender reformas estructurales en las universidades de la región, dado que estas, además de constituirse en respuesta a este complejo panorama, pueden llegar a tener efectos importantes en la estructura social, pues a partir de estos procesos de cambio sectores amplios de la sociedad se inclinarían a exigir transformaciones de fondo en lo que concierne al régimen político, la participación ciudadana y las políticas sociales. 

En el caso de Colombia, las problemáticas de las universidades públicas no son muy distintas de la situación de estas instituciones en América Latina. Como se ha explicado en distintos momentos, con la ley 30 de 1992, el aumento del presupuesto destinado anualmente a las universidades públicas depende del incremento del índice de precios al consumidos (IPC), el cual es evidentemente inferior a los gastos de funcionamiento y las metas de crecimiento de estas. A modo de ejemplo, mientras que el incremento del IPC durante los últimos cinco años ha sido aproximadamente del 5 por ciento, en este mismo periodo las universidades crecieron entre un 9.7 y 10 por ciento. Este desbalance ha traído consigo un desfinanciamiento progresivo de estas instituciones oficiales, el cual se calcula en la actualidad en $15 billones. De acuerdo con William Mendieta, exsecretario general del Ministerio de Educación en el periodo de Gina Parody (citado por Flórez, 2018), mientras que aumentan las metas y la presión para mejorar la cobertura, los recursos se incrementan tímidamente. Así, mientras que, en 1992, cuando había 160 mil estudiantes de pregrado en el sistema y la nación transfería $10 millones por estudiante, en la actualidad, con cerca de 700.000, transfiere $4.5 millones por cada uno de estos.   

Además de este proceso progresivo de desfinanciamiento, existen evidencias de la coexistencia de alianzas entre caciques políticos y directivos de algunas de estas universidades, quienes han construido tenebrosos sistemas de redes de clientelismo, tráfico de influencias y desfalcos del patrimonio público.  Lo peor de este vergonzoso escenario es que, existiendo un aparente sistema de pesos y contrapesos en los consejos superiores, los cuales están conformados por representantes de los gobiernos nacional y local y representantes de las comunidades universitarias, en los últimos años se ha profundizado este tipo de prácticas, situación que afecta los indicadores para la asignación de recursos, el desarrollo integral de estas instituciones, así como la credibilidad y la legitimidad de las mismas. Esta situación ha llegado a tal punto, que universidades como la de Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar y Atlántico han sido objeto de control paramilitar en sus campus, en connivencia con autoridades locales y de estas instituciones, e incluso han sido escenarios de hechos de violencia contra líderes estudiantiles, profesores y trabajadores. Al respecto, Carlos Yepes, investigador de la Universidad de Caldas (citado por Flórez, 2018), sostiene:

Las alianzas efectuadas entre los integrantes del gobierno central y regional (léase representante del Ministerio de Educación, representante de la Presidencia de la República, y Gobernador o su delegado) con los representantes de Gremios o sector productivo (generalmente adeptos a las directrices gubernamentales especialmente en los niveles territoriales-regionales), Ex Rectores (que regularmente se pliegan al continuismo de sus prácticas de administración que igualmente fueron respaldadas en lo fundamental por los gobiernos de turno) y en muchas oportunidades con el favor de los representantes de las directivas académicas (que de costumbre se encarnan en un Decano o en otro miembro de la comunidad universitaria que depende o se constituye en subalterno directo del Rector), producen un escenario de dirección universitaria altamente desequilibrado cuando de legitimidad se trata. 

Tres décadas de intentos de reforma en la Universidad Distrital 

En relación con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se puede decir que varios aspectos descritos en párrafos anteriores reflejan parte de sus problemáticas. Además de ser la universidad del Distrito Capital y convertirse prácticamente en casi la única oportunidad de formación profesional para jóvenes de los sectores menos favorecidos de la ciudad, la Distrital ha sido blanco de prácticas politiqueras que involucran a caciques políticos, grupos de poder externos e internos, así como funcionarios de los gobiernos nacional y local. A pesar de esta situación, la cual no ha dejado de estar acompañada de la acumulación progresiva de un déficit presupuestal que hoy llega a $60.000 millones, la comunidad universitaria ha desarrollado diversas iniciativas de reforma a partir de mecanismos de participación que, por lo general, han convocado a sectores amplios de estudiantes, docentes, trabajadores y egresados. Sin embargo, como se explicará, todos estos intentos de transformación universitaria se han visto truncados por estrategias de omisión y dilación por parte del Consejo Superior Universitario (CSU) y las administraciones de turno. Al parecer, los sectores que representan estos consejeros les sirve mantener la universidad tal como está.  

A modo de ilustración, durante los años 1997-1998 se llevó a cabo un modo de organización de la comunidad universitaria, denominado la Triestamental, la cual, luego de un arduo trabajo por asambleas, no tuvo mayores efectos en las decisiones de cambio organizacional promovidas por la alta dirección de la institución. Más adelante, entre 2002-2003, se desarrolló el Congreso Universitario, cuyas propuestas no tuvieron acogida por parte de la administración de la época. Luego, entre 2008-2009, se implementó la Asamblea Consultiva Universitaria (ACU), un mecanismo de participación apoyado por la administración de turno que fue hábilmente dilatada por el CSU, al conformar una “comisión de conciliación”, la cual tardó tres años discutiendo los artículos del nuevo estatuto para, finalmente, declarar su inviabilidad. Posteriormente, en 2012, un grupo de profesores conformó la Comisión de Reforma Académica (CRA), que se encargó de recuperar las propuestas de los procesos anteriores y formular un proyecto de reforma que tampoco prosperó (García y Molina, 2020).  

Después, a raíz de un intento de reforma originado en el CSU, tramitado por medio de los acuerdos 008 y 009 de 2013, los cuales eliminaban algunas facultades y creaban un aparato burocrático sin precedentes, nuevamente la comunidad se movilizó y se logró la aprobación de una hoja de ruta metodológica para la reforma universitaria (resolución 018 de 2014). Además de lograr la derogación de dichos acuerdos, esta situación hizo posible la conformación de una Asamblea Constituyente Universitaria, la cual diseñó un nuevo estatuto general a partir de los aportes de los diferentes estamentos producidos en fases anteriores (García y Molina, 2020). Aunque el nuevo estatuto general fue entregado al CSU en diciembre de 2015, una vez más esta instancia de poder, luego de tres años de estrategias orientadas a prolongar la aprobación de este, además de los actos de arrogancia que caracterizaron a varios consejeros en situaciones de debate, cerró el diálogo aduciendo que la reforma es un asunto exclusivo de sus funciones. Sin embargo, en aquel momento se produjeron dos hechos importantes: por un lado, la nueva administración y el CSU construyeron una nueva propuesta de estatuto, la cual recoge varios elementos de lo producido por la Constituyente, pero también se aleja de varios de sus principios y apuestas; por otro lado, luego de hechos oprobiosos de corrupción, originados por el director del Instituto de Extensión, se produjo una nueva movilización cuyo principal resultado fue la aprobación de la elección popular de una Asamblea Universitaria (acuerdo 01 de 2020), encargada de impulsar la reforma. Esta asamblea fue elegida en agosto de 2020. 

En los diversos procesos de participación descritos, la comunidad académica ha cuestionado la actual organización de la universidad por facultades y proyectos curriculares para el desarrollo de la docencia, así como la centralización de las funciones de investigación y extensión en dependencias rígidas y burocráticas. Como respuesta, se ha propuesto la organización de la universidad en función de tres campos: formación – docencia, conocimiento – saber y proyección social. Cada uno de estos campos, además de ser el escenario dialógico para el desarrollo de las funciones universitarias, contiene unas unidades académicas que buscan potenciar el talento de la comunidad y las trayectorias construidas en más de 60 años, sin que esto implique más burocracia. A modo de ejemplo, el campo de formación - docencia se apoya en las dinámicas de las facultades y las áreas de formación, estas últimas conformadas por programas de pregrado y posgrado afines. Por su parte, el campo de conocimiento – saber operacionaliza sus propósitos por medio de la implementación de escuelas, entendidas como unidades académicas de carácter disciplinar, interdisciplinar o de diálogo de saberes, dedicadas a la investigación – creación. Por último, el campo de proyección social se soporta en institutos y centros, los cuales, a partir de las fortalezas construidas durante el tiempo, se dedicarán al desarrollo de proyectos estratégicos para la ciudad – región. Esta nueva estructura académica debe contar con una forma distinta de ejercer la participación y la gobernanza universitaria, así como un sistema de administración que asume la gestión como un servicio para el logro de las funciones misionales de la institución. Este es, en parte, el debate que en la actualidad se lleva cabo en la Asamblea Universitaria. 

Finalmente, se puede decir que las propuestas de reforma construidas por la comunidad universitaria coinciden en tres aspectos fundamentales. Por un lado, en la necesidad de trascender el modelo profesionalizante de universidad, generando las condiciones académico – administrativas para fortalecer la investigación desde las escuelas. Vale decir que en este modelo el conocimiento – saber se entiende como un bien común que aporta a la optimización de las condiciones de vida de la sociedad, desde el enfoque de derechos y la perspectiva diferencial, y no como una mercancía que se incorpora en las lógicas del capitalismo cognitivo (Lazzarato, 2006). Por otro lado, en fomentar un modelo de formación en el que el profesor actúa como un actor social y educativo senti-pensante, capaz de articular su plan de estudios con las necesidades del territorio y las comunidades, en sintonía con el pensamiento crítico y el ejercicio de una ciudadanía deliberativa. Y, en tercer lugar, basados en prácticas de participación de la comunidad universitaria con incidencia en la toma de decisiones, esta reforma asume que, desde la producción de conocimiento con compromiso social y desde el diálogo de saberes con la sociedad, es posible alcanzar progresivamente el replanteamiento del modelo de desarrollo vigente, sustentado en la explotación de la naturaleza y la legitimación de la desigualdad social, así como la construcción de alternativas para el buen vivir. 

Bibliografía

Florez, C. (2018). Universidades públicas en Colombia: entre el desfinanciamiento y la corrupción. Columna de opinión El Espectador. https://www.elespectador.com/opinion/universidades-publicas-en-colombia-entre-el-desfinanciamiento-y-la-corrupcion-columna-816991/  
Lazzarato, M. (2006). Por una política menor. Acontecimiento y política en las sociedades de control. Madrid: Traficantes de sueños. 
Molina, A. y García, B. (2020). Transitando del congreso universitario y la asamblea consultiva a la constituyente universitaria: Reflexiones para el debate. En Molina, A. y García, B. (eds.). Dilemas entre la participación y la gobernanza en la vida universitaria: un estudio de caso. Bogotá: DIE- Universidad Distrital. 
Schwartzman, (2018). Las universidades latinoamericanas en contexto. En Malo, S. y Morley S. (eds). La educación superior en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo. file:///C:/Users/Paola/Downloads/1996rectores%20(2).pdf