No es la primera vez en la historia reciente de Bogotá que buena parte de los ciudadanos dice sentirse agobiado por la inseguridad desbordada, mientras que las autoridades explican que, pese a casos puntuales, la sensación de inseguridad está mucho más asociada a la percepción que a la realidad. 

Con la mandataria de turno, la alcaldesa Claudia López, en principio la historia no fue diferente. Sin embargo, tras la insistencia de los periodistas que le reclamaron una respuesta sobre los múltiples casos de inseguridad en la ciudad, sí es la primera vez que acepta que no se trata de percepción sino de realidad. “Somos conscientes que la situación es difícil; no es percepción”, dijo a principios de septiembre. 

López, por supuesto, tiene razón, como los ciudadanos que por meses vienen pidiendo atención del Distrito sin resultados. Si bien es cierto que las imágenes de hurtos captadas por cámaras de seguridad y los testimonios de víctimas que se viralizan en redes sociales y notas periodísticas contribuyen a aumentar el miedo en las calles, 74.624 denuncias interpuestas por hurto a personas reales, con testimonios reales, son alarmantes. 

Las cifras, de la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, evidencian que no se trata solo de percepción, de lo que algunos escuchan y replican, ni tampoco son casos aislados. Son, en cambio, 276 denuncias diarias en promedio durante 2021, sin contar con el amplio subregistro producto de la débil credibilidad que tienen los ciudadanos de la gestión y la operatividad de la Policía y la Fiscalía o el temor a denunciar por las posibles represalias. 

Basta con recordar a Carmen Cecilia Contreras, la mujer de 56 años que el pasado 7 de agosto fue asesinada por el hombre al que ella se atrevió a denunciar por hurto 25 días antes. Es la misma persona que hoy es mencionada una y otra vez en las conversaciones informales de víctimas a quienes les robaron sus pertenencias en ciclorutas, vías, transporte público o calles oscuras, y se abstienen de interponer denuncia. 

Los datos que arroja el día a día en la ciudad respaldan el porqué ocho de cada 10 personas se sienten inseguros en Bogotá, según la más reciente encuesta ‘Mi voz, mi ciudad’, de Bogotá Cómo Vamos, no solo por los hurtos, sino también por los homicidios. 

Los asesinatos son la otra gran arista de la sensación de inseguridad, que también tiene el saldo en rojo, al igual que los hurtos a bicicletas y motocicletas y las extorsiones. 

Para el caso de los homicidios, entre enero y septiembre de 2021, también se registra aumento. Hasta el mes pasado, se habían registrado 838 casos, 79 más que en 2020 y 95 más que en 2019. 

También preocupan los hurtos a motocicletas, 3.393 casos, y a bicicletas, 7.232. Ambos se incrementaron en relación con 2019 – teniendo en cuenta la contingencia que atravesó el país por el inicio de la pandemia a causa del covid-19, a la que por supuesto no fue ajena la ciudad y que no permitió que las condiciones de vida fueran las mismas, es más acertado comparar las cifras de 2021 con ese año. 

Pero no se trata solo de denuncias o percepción, es también la carencia de estrategias sólidas de seguridad la razón más importante por la que se le apostó a la creación de la Secretaría de Seguridad en 2016. En ese entonces, se hablaba de prevención de delitos, disminución de los índices de delincuencia, mejorar la percepción de seguridad y las tasas de victimización y garantizar acceso a la justicia, de lo cual hay muy poco cinco años más tarde. 

Policías y más policías 

Por supuesto que dentro de las estrategias que se implementen para disminuir la delincuencia es necesario el incremento de policías, como se conoció el pasado 21 de octubre, cuando se informó sobre la llegada de 500 uniformados a la capital del país. Sin embargo, estos refuerzos deberán cumplir labores de inteligencia e investigación judicial, no de patrullaje. El compromiso, según las autoridades distritales y nacionales, es que lleguen mil policías más que sí apoyarían la labor en las calles. 

Pero está visto que solo se contribuye a la reducción de la criminalidad cuando los uniformados son permanentes. De lo contrario, si continúan siendo temporales y cada cuatro años el Distrito le hace la misma petición al Gobierno Nacional, seguirá sin tener un impacto positivo real en la vida de los ciudadanos.

El aumento en el número de uniformados debe ir acompañado con el fortalecimiento de la red de cámaras de seguridad y equipos de monitoreo, tanto en Bogotá como en otras grandes ciudades capitales, replicando acciones de Taipéi (Taiwán) o New York (Estados Unidos). Asimismo, debe estar enmarcado en el diseño y la puesta en marcha de un modelo de prevención y reacción, tal y como se hizo en 2010, con la creación del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que se actualizó en el 2016, y que creaba zonas (cuadrantes) a cargo de determinados policías, con el objetivo además de buscar comunicación directa con los ciudadanos, permitiéndoles que fueran ellos mismos quienes los monitorearan. Aunque el plan ya tenía vacíos operacionales que ameritaban cambios, es la estrategia de seguridad ciudadana más robusta que ha tenido el país hasta ahora. 

La sombra de la inseguridad 

Además de las encuestas de percepción y victimización, las autoridades distritales tienen otras herramientas para escuchar el sentir del grueso de los ciudadanos: los estudios. 

Por ejemplo, el Índice de Ciudades Seguras 2021, publicado a finales de septiembre por The Economist, es una buena herramienta para revisar lo que está pasando. 

Entre 60 ciudades evaluadas, en seguridad digital, infraestructura, seguridad en salud, seguridad personal y seguridad en medioambiente, Bogotá ocupó el puesto 41, por debajo del promedio. Entonces, ¿qué tanto nos hace falta?

El camino es largo. Además de la ausencia de estrategias de seguridad, pese a tener una entidad creada con ese fin; a una pérdida sistemática de la cultura ciudadana; a las secuelas de la pandemia en materia social y económica, y al incremento de la violencia para perpetrar los delitos, la falta de personal para recepción de denuncias y la congestión judicial empeoran el panorama de la inseguridad en la ciudad. 

Al agobio de la inseguridad se suma la sensación de impunidad por las decisiones judiciales que dejan en libertad al implicado por malos procedimientos en la captura, mientras avanza la investigación por no ser un peligro para la sociedad, e incluso no se les imponer medida de aseguramiento por problemas técnicos durante algunas audiencias virtuales. 

Es necesario apostarle a la implementación de proyectos que suplan las necesidades actuales de los ciudadanos y que tengan un efecto directo en la seguridad: en materia social, más empleo y facilidades en la adquisición de productos básicos de la canasta familiar; en educación, pedagogía enfocada en niños, niñas y adolescentes, como bien lo implementa Japón, y en prevención, fortalecimiento de frentes de seguridad, liderados por la Policía, en los que se garantice el respeto por la vida.

También en infraestructura, con buen alumbrado público, calles y ciclorutas bien pavimentadas y un óptimo servicio de recolección de basuras; en operatividad, patrullajes focalizados con un componente de investigación judicial, que permita reconocer las acciones criminales y anticiparse a situaciones de riesgo.

Es vital recobrar la confianza en las instituciones, quizás uno de los eslabones más débiles de la cadena y que amerita un mayor esfuerzo en la actualidad. Hacerlo implica mejores investigaciones, garantía de los derechos de las víctimas y los victimarios, prontitud en la atención de casos y cumplimiento de la restricción de porte de armas por parte de la población civil.    

Todos estos factores deben articularse en una gran estrategia de seguridad ciudadana, que incluya estudios periódicos sobre la mutación del crimen, que contribuya a menores tiempos de respuesta y a la implementación de acciones apoyadas en los avances tecnológicos.