En el proceso de reformulación o construcción de la segunda generación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá D.C., en trámite desde 2016 (incluso antes en revisiones previas acogidas y abortadas) y que debe concluir en 2021, han estado y están participando ciudadanas del movimiento de mujeres organizadas, el Consejo Consultivo de Mujeres (CCM) como espacio autónomo y arquitectas expertas en urbanismo con enfoque de género. Incidencia estratégica transversal para que el POT a firmar procure responder a las necesidades y demandas específicas de las mujeres en su relación con el territorio urbano, rural, de borde y regional. 

El conocimiento del territorio que habitan, la experiencia de vida y profesional, conscientes de su cuerpo femenino y dinámicas, así como el acompañamiento y asistencia técnica en asuntos POT son parte de la cualificación de mujeres de base -consejeras y ciudadanas- interesadas en comprender la normativa territorial, identificar problemáticas, aportar soluciones y transformar aquellas realidades territoriales que las afectan diferencialmente. El diálogo de saberes mediante mesas técnicas acordadas entre ellas y los equipos de las Secretarías Distritales de la Mujer y Planeación ha permitido traducir y encontrar lo que parecen idiomas extraños entre sí: el lenguaje POT y el lenguaje de activistas proderechos de las mujeres. La premisa es que toda intervención territorial considerada para beneficio de las mujeres debe hacerse con ellas.

Vale subrayar, en el marco de la agenda urbana internacional, el desafío social que suponen los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en relación con los derechos humanos, entre ellos los derechos de las mujeres conquistados, por encima de un clima de solidaridad. 

Es fundamental diferenciar en el POT, a fin de no confundirlas ni generar falsas expectativas, las políticas territoriales de las políticas públicas, las cuales deben surtir un proceso riguroso (Conpes D.C. 14), tener un plan de acción y presupuestos propios, entre otros requisitos que las territoriales carecen. La política de “población y poblamiento” o la de “identidad, confianza, gobernanza y administración para el desarrollo local” no hacen parte del inventario de políticas públicas -sectoriales o poblacionales- en formulación o aprobadas. En cambio, es indispensable un diálogo articulado y vinculante entre el POT y las políticas públicas distritales, también de largo plazo, mencionadas en el Documento Diagnóstico POT Tomo 6-II, como las de Mujeres y Equidad de Género (Conpes D.C. 14), Espacio Público (06), Bicicleta (15), Ruralidad y de Discapacidad (en actualización), entre otras, todas con los enfoques de género, diferencial-poblacional, de derechos, ambiental y territorial incorporados obligatoriamente.

Confusos inicialmente en la versión entregada a la CAR, tras las observaciones realizadas por las mujeres al Distrito, los enfoques de género, diferencial y de derechos humanos están incorporados explícita y desagregadamente en el contenido estratégico de la segunda versión del Proyecto de Acuerdo POT, presentada para concepto por la Administración Distrital ante el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD). Además de la inclusión de estos enfoques en los principios rectores del Componente General en el plan propuesto, estos se encuentran explícita e implícitamente en los Componentes Urbano y Rural. Siendo casi imperceptibles luego en las actuaciones estratégicas, instrumentos de planeación, gestión, financiación, contenido programático y disposiciones generales, donde escasamente se nombran. Es en los indicadores donde resultan prácticamente diluidos, por tanto de difícil medición y seguimiento a futuro, si continúa así.

El número de intervenciones para la promoción de áreas de servicios sociales para el cuidado con una meta de 89 manzanas del cuidado (tres por UPL), del programa Territorios para la vitalidad y el cuidado, es implícitamente el indicador medible con enfoque de género. Los kilómetros de calles completas o el número de iniciaciones de viviendas perse no darán cuenta de la inclusión de estos enfoques en su ejecución. La desagregación de los indicadores por sexo, jefatura de hogar, tipos de discapacidad, poblaciones y diversidades, así como agregar criterios género-sensitivos que los diferencien de otros elementos cuantificables dará una lectura más cercana de los avances en la materia. ¿Se requerirá entonces de auditorías urbanas con enfoques de género y diferencial para cuantificar en dónde y cuánto se implementó? 

El mayor impacto de la incidencia de las mujeres y del Sector Mujeres en el articulado y tomo 6-I diagnóstico POT está en hacer principal los cuidados en la estructura funcional y de servicios, denominada ahora “Estructura Funcional y de Cuidado”. Eje articulador que reconoce las dinámicas territoriales asociadas a las actividades domésticas, de cuidados y de la vida cotidiana. Avanzar en su territorialización a partir de manzanas y unidades móviles de cuidado, urbanas y rurales, donde se reúnen equipamientos y servicios integrales para personas que realizan cuidados y para personas cuidadas (referidas a la infancia, vejez, discapacidad y enfermedad), es reconocer una desigualdad marcada en el territorio, existente todavía hoy entre hombres y mujeres, donde ellas llevan la peor parte: desgastante física y mentalmente, con mayores gastos económicos y en el uso del tiempo. Con la redistribución espacial de estos servicios se apuesta en redistribuir las cargas domésticas y de cuidado, que recaen hoy en las mujeres, en los hogares, estado, sociedad y empresa privada, sobre la base de conceptos de proximidad, en principio en relación con la vivienda, y el cumplimiento del acceso universal. 

Este cambio de mirada exige comprender la vivienda toda -no solo la VIS y la VIP- garantizando: la diversidad tipológica según diferentes composiciones de los hogares, iluminación y ventilación natural y no por ductos también de cocinas y baños, espacio o muros de almacenaje, patio de ropas donde llegue el sol y la brisa e incluso un balcón obligatorios por unidad residencial merece la vivienda luego de la pandemia para evitar crisis de salud mental y física en las mujeres que tienen mayor afectación a raíz de los roles de género impuestos socialmente. Así como mejorar la calidad del entorno habitacional, los equipamientos, la movilidad peatonal y en bici, el transporte público y privado. Es decir que cualquier persona, tenga la condición de salud que tenga, pueda resolver las múltiples actividades de su vida cotidiana y dependientes, a pie o con el dispositivo de apoyo que requiera, desde el lugar donde resida en el menor tiempo y esfuerzos posibles. En cuanto a la seguridad clave en el articulado la inclusión de lineamientos para fomentar primeros pisos activos, sin culatas ni encerramientos de conjuntos multifamiliares en tratamiento de desarrollo y uso de rejas limitado y con transparencia del 90% de cara al espacio público. Al ser implícitos y dispersos en el texto estos lineamientos casi desaparecen, merecerían un artículo propio los principios de ciudades seguras para mujeres y niñas que tienen criterios desarrollados ampliamente desde finales del siglo pasado.

El concepto de proximidad influyó parcialmente en el redimensionamiento de lo que se llamará en adelante las Unidades de Planeación Local (UPL), basados en piezas recorribles entre 15 a 30 minutos, entre otros criterios de orden poblacional, especialmente. Sin embargo, surgen dos inquietudes: 1) que la medida en medios no motorizados o en transporte público o privado es significativamente diferente, más si se tiene una discapacidad o condición de salud limitante, donde los 15 minutos se pueden ocupar de una esquina a otra, haciendo relativa la escala de proximidad y local; y 2) que las piezas rurales parecieran no encajar en los criterios planteados, por su topografía y condiciones climáticas imposible recorrerlas en ese tiempo. Sería mejor definir criterios diferenciales para las piezas rurales de las urbanas, garantizando igualdad en el acceso a los servicios a toda la población, donde las mujeres campesinas y rurales, sujetas de especial protección según la Ley 731 de 2002 y reconocidas en el articulado mediante principio rector del Componente Rural, tengan equidad de oportunidades. 

Resultado de la incidencia de las mujeres en Bogotá es la creación de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y la implementación de Casas Refugio, que se entenderían a partir de este POT como equipamientos. Es importante aclarar las clasificaciones planteadas pues pueden generar confusión tanto las tipologías (1. c. Integración social; f. Participación social ciudadana; g. Igualdad de oportunidades; i. Seguridad ciudadana, convivencia y justicia; y 3. Servicios del cuidado) y su redacción, como especificar dónde se clasifican cada uno de estos equipamientos.

Este Proyecto de Acuerdo POT tiene un vacío respecto a dónde se pueden localizar o no los establecimientos donde se realizan actividades sexuales pagadas. Si no define al menos las incompatibilidades con otros usos del suelo como el residencial y dotacional escolar y de salud (exigido por la Ley 902 de 2004, Art. 1 Parágrafo 2, reglamentada por el Decreto 4002 de 2004), será imposible de controlar desde la norma urbana, más cuando las zonas de alto impacto referidas a la prostitución, que resultaron espacios violentos para las mujeres y no delimitaron la actividad, perderán vigencia.

Con conquistas significativas conceptuales -viejas y nuevas-, en el glosario anexo es importante expresar explícitamente las definiciones incorporadas en el articulado para que quien haga uso del instrumento público, sea la ciudadanía o equipos técnicos, se refieran a lo mismo. Se sugiere formalmente mantener el glosario por orden alfabético más que temático, ya que al organizarlo por categorías tiende a duplicar o enredar definiciones, como es el caso del enfoque de género que termina subsumido en el enfoque diferencial. 

Es de anotar que en la academia se producen cada año más cátedras, estudios, tesis, investigaciones y seminarios que aportan al debate, actualizan criterios y precisan lineamientos útiles para abordar las diferentes estructuras del ordenamiento territorial con enfoque de género y diferencial. Hace falta una actualización y fortalecimiento docente en esta línea especialmente en las escuelas de arquitectura, urbanismo y diseño, también en su relación transdisciplinar. 

El articulado requiere ajustes en el uso del lenguaje incluyente. Los propietarios, moradores y el alcalde son protagonistas en expresiones excluyentes que se traducen en acciones discriminatorias, como ocurre en territorio con el desconocimiento de herencias y tenencia a manos de las mujeres que les significa vulnerabilidades. En el primer gobierno de una alcaldesa es inaceptable no usar expresiones como “alcalde o alcaldesa” o “el(la) alcalde(sa)”. Reivindicarlas va más allá de un simple gesto gramatical sustantivo, es un reconocimiento a su presencia, participación y como sujetas de derechos.

Definir la participación y los mecanismos de escenarios en el POT que permitan crear confianza para una mejor gobernanza está todavía por precisar. Es el caso de la articulación con las diferentes instancias de participación como el CTPD, los Consejos de Planeación Local (CPL) y los consejos consultivos, ejemplo los de mujeres, discapacidad, sabios y sabias, LGBTIQ y el de la bicicleta, entre otros. El Consejo Consultivo de Mujer, cuyo resultado principal es la Agenda POT Mujeres del CCM (2018). También debe contarse con experticias en esta línea poco explorada en el país, como la de la Fundación AVP, nodo en Colombia de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe, y otras que surjan en este proceso.

Se resalta la conformación de las comisiones en el CTPD de mujeres, poblacional y de cuidados, claves para escuchar a la ciudadanía y conceptuar sobre el documento en análisis en estos aspectos. Siendo escenarios que convocan la participación incidente de las mujeres desde un enfoque de género, diferencial y de derechos humanos, las sesiones del jueves 29 y sábado 31 de julio de 2021 vale la pena consultarlas en línea en el Facebook Live del CTPD. Quedará tiempo adicional para precisiones con participación democrática de las mujeres desde el enfoque de género en el paso por el cabildo abierto liderado por el Concejo de Bogotá, antes de la firma por acuerdo o decreto.

Conclusiones

Es un gran avance que el gobierno escuche a las ciudadanas y que el POT haya incorporado la apuesta de las manzanas y unidades móviles asociadas a los cuidados como parte constitutiva del territorio. Preocupa que el objetivo de la seguridad para mujeres sea débil, siendo un eje fundamental del urbanismo feminista, y que los indicadores planteados no permitan medir estos enfoques y la transformación esperada en marco ODS.

Es fundamental cualificar y actualizar permanentemente a las personas y colectivos en temas POT para garantizar una participación informada, con enfoques de género y diferencial en todas las fases que contempla el POT: Revisión, formulación, implementación, seguimiento y evaluación. Aplica tanto para los ciudadanos como para las ciudadanas, garantizando espacios mixtos y también exclusivos con mujeres que permitan identificar avances y retrocesos en asuntos territoriales bajo la perspectiva de género y de poblaciones como la LGBTIQ. 

Qué quede y qué se implemente de los aportes de las mujeres a través de este POT en construcción podremos evaluarlo en la calidad de vida y cómo se sientan ellas en el territorio en 2038 cuando se cumplan los 500 años de Bogotá. Amanecerá y veremos si fueron comprendidas la experiencia y demandas territoriales de esta más de la mitad de la población. ¿Será entonces Bogotá D.C., con soporte en el POT, efectiva y realmente incluyente de las mujeres?