El paro nacional envuelto en un estallido social sin precedentes en tiempos recientes, nos deja varias lecciones desde el punto de vista de lo político que es necesario poner de presente para tratar de entender las claves de un proceso complejo que está lejos de resolverse por los canales tradicionales.

1.    Ausencia de un pacto político y social

La metáfora del contrato social está en la base de las sociedades políticas contemporáneas como una forma de asegurar el orden social en el marco de unas reglas de juego y unas instituciones. Ese pacto social implícito se refleja en la Constitución y las leyes, y son las autoridades públicas las encargadas de darle contenido y vigencia en el marco del debate democrático. Cuando ese pacto se agota o es insuficiente para asegurar el orden social y no permite el cambio social, debe ser ajustado y actualizado, como sucede en el caso chileno cuyo estallido social derivó en un nuevo proceso constituyente para dejar atrás la Constitución aprobada en tiempos de Pinochet.

La Constitución de 1991 – que cumple 30 años de ser aprobada- planteó un nuevo orden político  y unas nuevas reglas de juego entre gobernantes y gobernados, más diverso, más plural, más democrático y participativo, capaz de tramitar las nuevas y viejas demandas de la sociedad colombiana, pero anclada en un sistema político que en general ha sido incapaz de desarrollar la fórmula del Estado social de derecho pues se ha quedado anclado en las viejas formas de entender el poder político para la conservación de privilegios y la supervivencia de las redes clientelares y enclaves de negocios. Los partidos políticos en general han sido incapaz de plantear y materializar una agenda ambiciosa de desarrollo de la Constitución de 1991, responsabilidad que ha recaído en la tecnocracia, siempre atada a la restricción presupuestal y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

En los años de vigencia de la Constitución, tanto el Congreso, como los gobiernos nacionales y locales, han estado por debajo del reto de promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos de los ciudadanos. El panorama social se fue deteriorando – aun en un contexto de buenos indicadores económicos-  especialmente en lo relacionado con la igualdad y la ausencia de un futuro, para los jóvenes, sensación de desprotección que se agudizó durante la pandemia, pues aumentó de manera dramática la pobreza, y se pudieron ver los rigores de la desigualdad previa en el acceso a la salud y condiciones de vida (Más del 85% de las personas que han muerto corresponden a los estratos 1, 2 y 3, personas que cargan con más comorbilidades, problemas de acceso y calidad en el servicio de salud y mayor exposición a riesgo debido la gran informalidad de la economía. 

Una reforma tributaria mal presentada ante la opinión pública – más allá de algunos temas interesantes de progresividad tributaria que traía- fue el detonante de una crisis que venía incubándose desde cuando el movimiento estudiantil salió a las calles en el 2015 y que se agudizó por la respuesta de fuerza desproporcionada y excesiva del gobierno de Iván Duque a estallidos previos, como los que se originaron en las protestas por la muerte del ciudadano Javier Ordoñez en un CAI de la Policía en noviembre de 2019. 

2.    Crisis de representatividad

La movilización social trasciende al paro nacional y el estallido social puede absorber a ambos. Son tres fenómenos diferentes que convergen en esta coyuntura, pero que evolucionan en diferentes escenarios y con distintos grados de representatividad. Entender esto es clave de cara al futuro para canalizar las demandas que viene de uno y otro lado y recomponer de esa manera. La movilización social que se dio durante el paro nacional, un mes de marchas en grandes y pequeñas ciudades, es un  hecho sin precedentes en la historia reciente del país, y expresa un mensaje de inconformidad general con el establecimiento, tanto político como económico, e incluso contra medios de comunicación. Una crisis de confianza que se refleja en diferentes encuestas, la cual generalmente se resuelve en el debate democrático, porque casi siempre es descontento con el gobierno de turno. El gobierno de Iván Duque no ha sabido gestionar el descontento social, ha optado por la confrontación y por reforzar el clima de polarización política. El gobierno de unidad que prometió al inicio no ha sido posible, entre otras razones porque temas tan significativos como la implementación del acuerdo de paz, el deterioro de la seguridad en varias regiones y la muerte de líderes sociales y desmovilizados de las Farc, han impedido acercamientos con sectores políticos sensibles a estos temas. 

El presidente Duque ha decidido imponer una agenda política, la de su partido, el Centro Democrático, y ha logrado que otros partidos de la coalición lo acompañen en esa empresa, rompiendo con cualquier posibilidad de consensos mínimos y de diálogo con quien no sea de su círculo político de confianza. La pandemia le dio una oportunidad de reconciliarse en torno de un plan de salvamento económico y social, pero al final los dramáticos indicadores (más de cien mil muertos y unos de los países con peor manejo de la pandemia, tanto en términos de salud como de economía y protección social), dieron al traste con esta posibilidad. El estilo de gobierno, ausente y desconectado de la realidad de Duque, ha contribuido a la sensación de ingobernabilidad en la medida en que se percibe que no gobierna para todo el país sino para los suyos, mientras los problemas crecen y se acumulan, acentuando el descontento social. La respuesta de fuerza excesiva y desproporcionada del gobierno a la protesta social, bien documentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf terminó de acentuar la fractura.

Pero el paro nacional se inscribe en esta coyuntura de manera diferente. Con el antecedente de la llamada Conversación Nacional, iniciada a inicios de 2020, antes de la llegada de la pandemia, la dinámica adquirió la de una negociación tradicional entre el Estado y las centrales obreras, como si de un pliego de peticiones se tratara. Muy rápidamente se pudo ver que los miembros del Comité del paro no representaban el descontento social, especialmente el de los jóvenes, quienes son los que más han estado el frente, arriesgando sus vidas y su integridad, un costo muy alto para lo que este gobierno está dispuesto a conceder. Esa falta de representatividad de los miembros del Comité contribuyó a empantanar las negociaciones y fue un tema que el gobierno hábilmente aprovechó para deslegitimar esa vocería, aislando a los jóvenes del escenario de protesta, y transformándola en un problema de seguridad y orden público, a lo cual los bloqueos generalizados y los hechos de violencia contra bienes públicos y privados, y contra la Policía, no contribuyó. El surgimiento de la llamada Primera Línea, inicialmente un movimiento de defensa de los manifestantes pero que se ha transformado en una suerte de actor especialmente beligerante, la participación de civiles armados y la excesiva violencia de la Policía, ha enrarecido aún más el ambiente como para que de esto salga una ambiciosa agenda de cambio y transformación social e institucional. El gobierno logró transformar una legítima protesta social en un tema de seguridad, y los movimientos sociales, incluyendo las organizaciones sindicales que lideraron el Comité del paro, se dejaron ganar ese pulso. La ciudadanía, cansada por las movilizaciones, los bloqueos y la pandemia, asiste entre indiferente y asustada a una suerte de reconfiguración de lo político, no en clave de cambio social –el que está en el origen de las protestas- sino en clave de reforzamiento del orden social vía represión policial y endurecimiento de la narrativa institucional de la seguridad, para lo cual cuenta con el apoyo de sectores sociales y económicos que conectan fácilmente con los cantos de sirena que llaman a evitar el caos, el escenario propicio para rechazar las apuestas políticas diferentes del establecimiento. En ese orden de ideas, el gobierno en medio de la protesta social no solo encontró una narrativa para recomponer la gobernabilidad en clave de seguridad, sino que logró una reconfiguración de lo político para retomar una agenda de seguridad en la cual el partido Centro Democrático y otros sectores políticos encontrarán otra oportunidad para seguir en el poder, algo impensable en el primer año del gobierno de Duque.

3.    La crisis de la ciudad

La pandemia del Covid 19 y las protestas sociales pusieron en evidencia la insuficiencia de las ciudades colombianas para materializar el Estado Social de Derecho. Lo sucedido en Cali fue el punto más dramático de un pacto social roto, donde la exclusión y la desigualdad fue el telón de fondo de escenas de violencia urbana impensables hace un tiempo. Pero también lo de Bogotá, con zonas donde se perdió toda gobernabilidad, como en el Portal de las Américas o el monumento a Los Héroes, sitios donde la autoridad pública perdió toda capacidad de regulación social. O los abusos de la policía en varias ciudades (Cali, Popayán, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Pereira) que desafiaron la capacidad de control de las administraciones locales desbordadas por dinámicas y órdenes del nivel nacional. El desencuentro entre gobiernos locales y gobierno nacional sobre el manejo, tanto de la pandemia como de la protesta es un indicador de un desajuste institucional que vas más allá de la contradicción de discursos y que plantea un escenario de discusión para los próximos años: ¿Cómo hacer de las ciudades colombianas ese espacio de inclusión y bienestar que significa la ciudad moderna, en un contexto en que lo que pesa en la agenda es l agenda política de los, gobiernos nacionales? El contraste entre Bogotá y el gobierno nacional, sobre como tramitar el cambio social y atender las demandas ciudadanas, es solo un ejemplo de que la fractura del pacto político colombiano trasciende la coyuntura. 

4.    Ojo con el 2022

Del Paro Nacional y del estallido social es muy poco lo que pueda capitalizarse en el corto plazo para quienes intervinieron en esta experiencia de agitación social. Es improbable un nuevo escenario constituyente, como en Chile, o una agenda ambiciosa de cambios políticos e institucionales que origine profundos cambios sociales. No al menos en este gobierno que ya aspira a terminar su convulsionado período con algo de estabilidad fiscal y recuperación de la seguridad, mientras avanza la vacunación como tabla de salvación para regresar a la normalidad. La agenda legislativa recién aprobada y la que se anuncia para la siguiente legislatura, está lejos de los reclamos que dieron origen a las protestas. Los proyectos de ley que presentaría el Comité del Paro tienen poca posibilidad de avanzar en el Congreso de la República sin el apoyo decidido del gobierno, lo cual será difícil que pase en un clima de confrontación en el cual el gobierno de Duque considera un triunfo no reconocer la legitimidad de dichas demandas y jugársela por su propia agenda, regresiva y a contrapelo de la Constitución de 1991, como la cadena perpetua, la reforma a la Procuraduría, la reforma a la justicia que reforzó el corporativismo judicial, o el hundimiento de la jurisdicción agraria, o la ausencia de otros temas esenciales en el desarrollo de la Constitución de 1991. Así que será en las elecciones del 2022 donde estos temas volverán a discutirse, el paro y las protestas sociales lograron ponerlos en la agenda política, a pesar de que el gobierno apostó por desdibujarlos, con cierto grado de éxito. 

Quienes logren recoger estas demandas en su discurso político y propuestas programáticas con una perspectiva de cambio, capitalizarán el revulsivo que significó el estallido social; pero también habrá quienes pongan el énfasis en la seguridad, en la necesidad de restablecer las claves del orden político que se resiste al desarrollo de la Constitución de 1991, una sociedad incluyente que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, como lo plantea el artículo segundo del texto constitucional. 

Los jóvenes se movilizaron a finales de los ochentas del siglo pasado y propiciaron un proceso constituyente y una nueva Constitución. Los que se movilizan hoy – y sufren los rigores de la represión estatal- nos recuerdan que muchas de las promesas de la Constitución de 1991 no se han cumplido, y que hay sectores políticos que están dispuestos a todo para impedirlo.