El Estado colombiano discrimina a los habitantes de la calle que, aunque nacieron libres e iguales ante la ley, no gozan de la protección de las autoridades. Por el contrario, el trato que les brindan menoscaba sus derechos fundamentales, fenómeno agravado por el hecho de ser el grupo social que es objeto preferencial del abuso policial y de genocidas que accionan sus armas impunemente desde hace décadas.

Razones similares, guardadas proporciones, llevaron a la Corte Constitucional en 2004 a decretar el estado de cosas no constitucional de la garantía del Estado a los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto interno colombiano. Los derechos de los habitantes de la calle se vulneran de forma masiva y generalizada, hay omisión absoluta y relativa de los poderes ejecutivo y judicial al respecto. Las medidas tomadas, especialmente por el Ministerio de Salud, han sido un mero paliativo a un problema social de gran envergadura y, además, es evidente la notable descoordinación de las entidades estatales de todos los niveles para adoptar una política de carácter público que prevenga y resuelva la habitanza de la calle.

Los miembros de este grupo social no cuentan con la organización necesaria para acudir a la acción de tutela que resuelva la protección de sus derechos fundamentales y, por ello, la Corte Constitucional debería actuar de oficio. Y ello sería el primer paso para elevar a escala societal este fenómeno, de manera que todos los colombianos nos comprometamos en la solución de un fenómeno que reclama, como pocos, una participación amplia y decidida.

Estigmatización como drogadictos

La calle no brinda abrigo a la mayoría de quienes se han visto forzados a habitar en ella. En la tabla 1 se presenta el número de habitantes de la calle en seis metrópolis colombianas y la proporción de quienes no tienen acceso al amparo de alguna organización para pernoctar fuera de la calle, o carecen del dinero para pagar el diario en algún inquilinato.

El 62% de quienes habitan en los recovecos de las calles bogotanos manifestaron en 2017 que no están allí por causa de la drogadicción. No todos los habitantes de la calle son drogadictos y no todos los que ha llegado a ella lo han hecho por tal causa. Ese estigma es útil para la ideología de quienes creen que en Colombia existen personas “desechables”. 

Tabla 1. Proporción (%) de los habitantes de la calle que pernoctan en la calle en seis metrópolis colombianas

Fuente: Elaborada con base en Censo de Habitantes de la Calle del DANE. Bogotá en 2017 y Resto del País 2019.

El hambre y el frío son los principales determinantes de su consumo de drogas, alucinógenos que son de pésima calidad y, por tanto, los intoxican, afectan estructuralmente sus sentidos principalmente el de la visión y, en no pocas ocasiones, ocasionan su muerte. 

Abuso policial

En la búsqueda de la atención integral, rehabilitación e inclusión social de los habitantes de la calle, desde el 2013 Colombia cuenta con una ley orientada a “garantizar, promocionar, proteger y restablecer [sus] derechos”. Uno de los principios de la política es la dignidad humana que el texto lo da por entendido y no lo define. Andrés García Trujillo lo concreta en la idea de que es un “valor inherente que cada ser humano tiene por el solo hecho de existir”. 

En el caso de Bogotá, el Decreto Distrital 560 de 2015 adopta la política social para la habitabilidad de la calle, que se basa en 13 principios entre los que no se cuenta la dignidad humana.

Los censos de los habitantes de la calle en Bogotá (2017) y en otras cinco metrópolis colombianas (2019), preguntó sí “su seguridad en la calle se ha visto afectada por abuso policial”. Los creyentes en el Estado Social de Derecho en el que se honra el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia al que se ha aludido, esperábamos que el “Sí” fuera el 0%; sin embargo, como se observa en la Figura 1, no fue así.

Figura 1. Asociación y tendencia entre la proporción del abuso policial y el tamaño del grupo social habitantes de la calle en seis metrópolis colombianas

Fuente: Elaborada con base en registros estadísticos de los Censos de Habitantes de la Calle de 2017 y 2019, DANE

La línea de tendencia muestra que hay una asociación positiva entre la cantidad de habitantes de la calle y la proporción de víctimas del abuso policial, destacándose que Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga se encuentran por encima de tal tendencia. El abuso policial contra los habitantes de la calle existe y es de considerable magnitud, tan grande como la omisión estatal y social.

Genocidio

Adela Cortina se ha empeñado en conceptualizar el aporocidio _–asesinato por odio a los pobres– y especialmente en denunciarlo. Aquí se propone entenderlo como el asesinato de habitantes de la calle solamente por el odio que les profesan quienes creen en la distopía de su peligrosismo y como resultado de ello incurrir en el mal sentido común de la “limpieza social”. 

Según la Figura 2, en las calles bogotanas viene ocurriendo desde hace tiempo el genocidio de los habitantes de la calle. En las demás ocurre algo similar, aunque con diferencias de escala y de temporalidades. La causa fundamental es el aporocidio, al amparo de la omisión del Estado al cumplimiento del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia.

Figura 2. Tasa de homicidios por 100.000 habitantes en Colombia y Bogotá y del grupo social Habitantes de la Calle de Bogotá, 2004-2017*
 

*Años en los que se realizaron los censos de habitantes de la calle.
Fuente: Estadísticas censales y proyecciones poblacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) y Sistema de Información para el Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia (Siavac), del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF); Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (GCRNV); y Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco) y Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijin)

La “naturalización” del genocidio de los habitantes de la calle en Bogotá es un sofisma, detrás del que se esconde esa ausencia de alteridad de los residentes en la metrópoli a los que les es más cómodo “mirar para otro lado” y, en no pocas cosas, alinearse con los victimarios esgrimiendo sin recato la mal llamada “limpieza social”, que para los genocidas es su lema.

¿Y qué hacer?

A la espera de que la Corte Constitucional actúe de oficio y de manera urgente profiera la sentencia en la que se declare el estado de cosas inconstitucional de la garantía del Estado a los derechos fundamentales de los habitantes de la calle y, con ello, la política pública social no sean palabras huecas, sugiero que los personeros municipales adquieran notoriedad en el ejercicio de sus funciones en esta materia. Ello no es suficiente sí frente aN los residentes en nuestras metrópolis no se practica la alteridad y de ser posible la solidaridad.

Cuando los afanes mediáticos se imponen a la sensatez, se engrandecen los avatares del microtráfico y los “ajustes de cuentas” aparecen de manera reiterada, cual muletilla, para opacar los auténticos móviles del genocidio. Si al flujo de caja de los expendedores de basuco y las demás drogas que consumen los habitantes de las calles bogotanas, que no son otra cosa que veneno, se suma el “paga diario” de los inquilinatos, este no supera el 0,5% de las ventas brutas de la principal farmacéutica que opera en Colombia, obviamente una multinacional. Si se compara con el nuevo flujo incluyendo las ventas de vacunas para enfrentar la pandemia, ese porcentaje se hace más ínfimo. Para quienes usan el peyorativo móvil de la “limpieza social”, habría que recordarles la brutalidad manifiesta en el asesinato a lo bonzo o el descuartizamiento, entre otros, sintomáticos de la maldad ambulante e impune de los genocidas.

Que el hambre y el frío alientan ideas de latrocinio, no es ningún secreto y es una idea que ha ocupado páginas de obras memorables de la literatura como las de Mo Yan o de Víctor Hugo. Una idea del mismo orden es que el tráfico de alucinógenos y el genocidio se ensañan contra los más débiles, en este caso de los habitantes de calle, y que a los tres poderes les ha sido y les continuará siendo políticamente cómodo eludir su intervención. Ante semejante descalabro social es perentorio que la Corte Constitucional actúe de oficio y a la mayor brevedad.