La declaratoria de emergencia sanitaria impuesta tras la llegada del Covid-19 al país, puso en evidencia que el sistema de abastecimiento alimentario se constituye en uno de los pilares básicos sobre los cuales se fundamenta el equilibrio de las organizaciones sociales, razón por la cual su operación no puede ser interrumpida o alterada en ninguna circunstancia. Pese a lo anterior, no tardaron en hacerse visibles o agudizarse los problemas estructurales de su funcionamiento. A los fenómenos especulativos, los riesgos de desabastecimiento y las fallas operativas y sanitarias en las redes de distribución logística se debe sumar la ocurrencia de fenómenos climáticos que amenazan a la producción agroalimentaria. 

Otro factor que entra en el juego es la progresiva pérdida de soberanía alimentaria. En el caso colombiano, los tratados de libre comercio se tradujeron en la intensificación de la proveeduría extranjera de algunos alimentos básicos al punto que, según datos de CENIRED, las importaciones alcanzan el 30% del volumen total del abastecimiento. Por su competencia con productos importados, renglones como el maíz, los fríjoles, los garbanzos, las lentejas y la avena son vulnerables al paulatino debilitamiento de las capacidades de producción interna en Colombia. Así mismo, el riesgo de desabastecimiento se incrementa si se tiene en cuenta que la oferta internacional de la cual depende dicho suministro se encuentra igualmente en riesgo sanitario y alimentario doméstico con la consecuencia inmediata de que los países exportadores (Estados Unidos, Chile, México, Uruguay, Argentina y Paraguay) podrían privilegiar su proveeduría interna.

¿Cuáles son los retos del abastecimiento alimentario para Bogotá y el sistema de ciudades del centro del país que, con 16 millones de habitantes, se constituyen en el principal mercado de productos agroalimentarios de Colombia e incluso en uno de los más grandes de América Latina? La respuesta a este interrogante podría girar en torno a dos elementos: el primero, entender la lógica regional del abastecimiento alimentario y su respectiva estrategia para garantizar una oferta productiva local. Y el segundo, el diseño de un modelo de operación logística que resuelva las enormes ineficiencias de este mercado.

Bogotá produce el 2% de su demanda alimentaria anual, por esta razón su abastecimiento lo explica su entorno regional extendido. En un radio de 300 kilómetros, los departamentos de la Región Central (Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta y Huila) proveen cerca del 80% de los alimentos que constituyen la canasta básica del Distrito Capital, ofreciendo productos altamente diversificados por ser provenientes de todos los pisos térmicos. De hecho, la Región Central es un territorio caracterizado por su enorme potencial productivo, perfilándose como la despensa agroalimentaria de Colombia. Allí se cosechan 17 millones de toneladas de alimentos anuales, lo cual representa el 33% de los alimentos que se producen en el país. Esto explica la lógica regional del abastecimiento alimentario, y con ello, la necesidad de formular un Plan Regional de Oferta Productiva que reduzca la ocurrencia de conflictos en el uso social, ambiental y productivo del suelo, al tiempo que evite ciclos de sobreoferta productiva que van en detrimento de los precios y de la calidad de vida de los productores campesinos.

Origen de los alimentos de ingresan Bogotá (2019)

Fuente: RAP-E 2020, con base en datos DANE, 2019.
 
En cuanto a su sistema de abastecimiento, el Distrito Capital presenta una característica particular. No sólo es receptora de los alimentos que consume, también concentra el mercado de alimentos de toda la región central debido al modelo de operación de la principal central mayorista del país: Corabastos. Este equipamiento recibe un flujo de 6.479.483 de toneladas de alimentos/año, es decir el 80% del total del mercado interregional (SDDE-FAO 2018). De esta forma, durante el 2018 ingresaron a Bogotá 8.099.354 toneladas de las cuales se consumieron localmente cerca del 55%, efectuándose un redespacho que alcanzó el 45% de dicho volumen, siendo un indicador de la alta ineficiencia operacional en materia logística y comercial (SDDE-FAO 2018). Lo anterior se traduce en altos costos en materia ambiental y de movilidad para la ciudad y su entorno metropolitano, al tiempo que induce al aumento de costos transaccionales explicados principalmente por la participación de intermediarios que no agregan valor a la cadena de abastecimiento, tal como lo exponen la SDDE-FAO en el documento de diagnóstico del abastecimiento distrital. 

Resulta inaplazable transformar los mecanismos de operación del abastecimiento alimentario de los territorios del centro del país y particularmente del Distrito Capital. Actualmente Bogotá carece de un modelo de distribución en red que facilite tanto la comercialización mayorista procedente de los centros de producción agrícola como el comercio minorista en sus distintas modalidades. La supremacía de la central mayorista; la paulatina y creciente pérdida de importancia de las plazas de mercado como puntos de abastecimiento (1) ; y el protagonismo que vienen ganando las tiendas de barrio, los Fruver y las grandes superficies (2), hacen necesario pensar en un modelo de distribución que privilegie la modernización institucional y logística del mercado de alimentos.

Bogotá se encuentra en mora de contar por lo menos con tres nodos logísticos periurbanos que eviten la concentración de carga que ingresa por la autopista sur; las calles 13 y 80 al occidente y la autopista norte. El esquema debe ser complementado con nodos intermedios en la ciudad y una red de distribución capilar de última milla, de baja huella ecológica y soportada en un sistema público de información.  La Red de Mercas de España (MERCASA) es un buen ejemplo de cooperación público-privada para la transformación en este sentido. Su modelo de funcionamiento exige una adecuada operación del mercado por cuanto tiene como imperativo “impedir y combatir las prácticas restrictivas de la competencia”, reducir las asimetrías de información, y fomentar la innovación logística para minimizar las pérdidas y desperdicio de alimentos.

Finalmente, la seguridad alimentaria del Distrito Capital y de la red de ciudades del centro del país también debe ser replanteada adoptando nuevos principios rectores para el sistema agroalimentario territorial tal como lo sugiere, en su informe mundial de 2018, el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (GANESAN o HLPE por sus siglas en inglés). Es urgente adoptar acciones de política pública para la introducción de prácticas productivas respetuosas de los ecosistemas y de la salud humana para la ampliación y la diversificación de la producción local; la recuperación de semillas ancestrales y de la diversidad agrícola; la estructuración de canales cortos y más directos de comercialización; y, la creación de una ciudadanía alimentaria defensora del consumo consciente y socialmente responsable. 

Para agenciar esta transformación, corresponde a los gobiernos territoriales actuar sobre asuntos críticos como: la formalización del mercado, la reducción de la intermediación, la modernización logística, la reducción de pérdidas y desperdicio, y la consolidación de un sistema de información pública del abastecimiento. La actualización del Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario del Distrito Capital, el Plan Regional de Abastecimiento Alimentario de la Región Central y el recientemente creado Sistema de Información Alimentaria de la Región Central son herramientas que buscan atender dichos aspectos. Los diagnósticos son suficientes, los instrumentos de planeación están disponibles, ahora es tiempo de dar paso a la adopción de acciones que se traduzcan en romper la inercia de las malas prácticas de mercado que han sumido en el atraso al sistema de abastecimiento regional.

(1) Según cifras del IPES, en 2018 las plazas de mercado distritales son un actor secundario en el comercio de alimentos. A través de éstas se tranzaron 6.512 toneladas mensuales, equivalentes al 3,5% de los ingresos a Corabastos (SDDE, 2018).

(2) El 21% de los bogotanos son compradores habituales de las tiendas y el 25% de supermercados mayoristas (Cámara de Comercio de Bogotá y Wisecomm, 2016).