El siglo XXI se despliega con realidades sociales y culturales nuevas. En todo el planeta, tras un siglo de urbanización intensa, la complejidad de las sociedades muestra su cara en las calles. Las movilizaciones de hoy incluyen multitud de intereses en juego y de grupos sociales diversos: junta trabajadores con estudiantes, ambientalistas con intelectuales, con minorías étnico-culturales, con movimientos de género, con luchas por el protagonismo de la diversidad, con los clamores por inclusión y por construcción de ciudadanías nuevas.

Los acontecimientos de violencia en las calles bogotanas levantan el velo de esas realidades nuevas. La insurgencia espontánea, sin dirección ni propósitos claros, al menos no explícitos, al lado de la expresión tradicional de otros grupos como los sindicales, estudiantiles, ambientales y de diversidad sexual, por mencionar los más notorios, produjo una violencia que no se había manifestado en muchas décadas en las ciudades grandes. Corrió mucho el tiempo entre el paro general de 1977 y los acontecimientos del “septiembre negro” ciudadano, para que los bogotanos volvieran a experimentar el uso de armas de fuego contra la protesta social.

Detrás hay mucho. Una primera lista, provisional por supuesto de factores presentes, puede tomar la forma de los siguiente:

1. La historia de violencias sufridas por la sociedad colombiana en los últimos 70 años han dejado huellas muy fuertes. La desconfianza de la población en el Estado y sobre todo en las instituciones de justicia y policía. A su vez, el diseño estatal de estas instituciones, la policía en primer lugar, se fraguó en esas realidades políticas con sabor de enfrentamiento bélico. Difícilmente hubiera podido ser de otra manera y si bien hay transformaciones a lo largo de esa historia, el trasfondo de violencia está presente.

2. Luego hay un fenómeno normal en toda transformación, que es la redefinición de las expectativas y de las exigencias. Las generaciones dominantes en la composición demográfica del país de hoy, ya no tienen recuerdos de lo que fue la represión de las protestas sociales en tiempos del Frente Nacional. Casos como el de Puente Rojo en el Valle del Cauca, o el de Cementos El Cairo en Antioquia, cuando la fuerza pública abrió fuego innecesario contra marchas de trabajadores, dieron paso a formas de control menos letales, más acordes con la mentalidad moderna y con el reconocimiento universal de los derechos humanos. Formas de control como el ESMAD fueron signos de avance y civilización para quienes fuimos testigos del modelo viejo. 

Hoy, lo que fue avance ayer, es la realidad que se critica y se pone en cuestión. El taser fue visto como alternativa favorable frente al arma de fuego. Hoy el taser es la referencia negativa. El Estado no ha entrado en la comprensión de esas realidades nuevas: las referencias de la sociedad han cambiado. El Estado debe ponerse a tono.

3. La actuación del Estado, y en esta situación concreta, de la Policía, ha sido más bien pasiva. Se actúa cuando se presenta el problema para controlarlo. Pero no se previene y en esto el espectro institucional debe ser más amplio. Los antecedentes de violencia urbana se han acumulado durante bastante tiempo. La juventud urbana tiene sectores que provienen de grupos sociales muy desestructurados. El sistema educativo ha afrontado la modernización por el lado técnico de instalaciones y equipamiento, pero no por educación para la ciudadanía. Se repite y se ensalza lo monumental como éxito. Los mega-colegios, por ejemplo, se muestran como grandes realizaciones, pero nadie critica su papel en el descontrol conductual. El modelo de la escuela de vecindario, con tamaños para poblaciones escolares controlables, personalizables, nunca se ha adoptado en Colombia. Si la familia está desintegrada y no existen formas de control social tradicional, el Estado tiene que asumir la función de hacerlo con toda la constelación institucional que sea necesaria y con apoyo de la sociedad civil. Una ética convertida en cultura, es la visión.

4. Una prevención más inmediata es la resultante de una comunicación más eficaz entre autoridades y comunidades. La comunicación debe incluir las expectativas de los grupos sociales más desestructurados en lo social y en lo cultural. Los modelos policiales de cercanía a la comunidad se adoptan en teoría, pero se burocratizan en la ejecución y se subordina lo permanente y constante, a la urgencia. Es lo que sucedió hace 20 años con la policía comunitaria: lo que ha debido ser un cambio cultural y normativo profundo, se transformó en oficinas con un par de patrulleros por estación, que con buena voluntad pedaleaban por las comunidades y eran vistos con incomodidad en sus unidades porque no se ajustaban al modelo, muy resistente como subcultura, de eficiencia policial. La anticipación debe imponerse como norma de actuación y para eso se debe investigar y diseñar una comunicación asertiva.

5. La tecnología de vigilancia ayuda, pero no reemplaza el discernimiento humano. Se usa para investigar en lo penal: identificar transgresores y apoyar la investigación criminal. Es importante, sí, pero podría usarse para incorporar acciones de prevención en momentos de disturbios. Por ejemplo, para segmentar los grupos vandálicos, mediante el cierre de espacios de aproximación para evitar la concentración masiva de los disturbios. Se usó en Bogotá en otros tiempos, sin la tecnología de hoy, y fue el modelo de despliegues, en ese caso militares, tras las elecciones presidenciales de 1970, cuando se segmentó la ciudad para evitar concentraciones. Por supuesto esto no aplica para marchas de protesta organizadas y autorizadas, pero si para explosiones espontáneas. En éstas la información de la vigilancia por cámaras puede ser trabajada para anticipar las rutas de confluencia problemática.

Todo lo anterior debe enmarcarse en una concepción democrática del mantenimiento del orden. Democracia no significa permisividad con las conductas que afectan negativamente a la sociedad. Las libertades son relacionales. Por fuera del marco de las relaciones sociales y de la contención que esto implica, no hay libertad. No basta tener razón en una protesta. Es necesario que los métodos de protesta se ajusten a las necesidades de las poblaciones. Destruir infraestructura de transporte, por ejemplo, deslegitima los movimientos de protesta. Pero también deslegitima al Estado ante una sociedad que se siente desprotegida. La represión violenta, lejos de solucionar el problema, lo agrava. El vándalo la necesita; es una simbiosis necesaria para perpetuar el círculo vicioso de agresión y represión que se realimentan.

Decir “soluciones integrales” suena a frase de cajón y a muletilla desgastada. Pero es lo que se necesita. No se trata solamente de reformar la policía. Se trata de reconstruir todo el modelo institucional de policía y justicia. De ajustarlos a la diversidad del mundo contemporáneo. Se trata de incluir a la inmensa masa de excluidos de las instituciones centrales de la sociedad. Se ha avanzado. Pero falta mucho. La ira que se hace patente en los disturbios no es gratuita. Las gentes necesitan cosas materiales, pero también necesitan reconocimiento y honor social. La juventud, sobre todo, necesita elementos de identidad para integrarse y reconocerse en una sociedad. No puede ser que no se les ofrezca algo más consistente que ser la hinchada de un equipo de fútbol.

El punto anterior lleva a otra discusión. No se puede seguir con el debate entre prevención y represión como excluyentes. Son dos caras de la misma moneda que deben ser reconocidas. Se necesita lo uno y lo otro: La prevención para el futuro. Pero las gentes necesitan la seguridad aquí y ahora. La represión tiene su lugar en la inmediatez: el derecho de andar por el espacio público sin temor, de recuperar la confianza en los otros, en suma, sentirse protegidos, cuidados y con derechos garantizados. No se puede olvidar que el Estado nace de las necesidades de seguridad, de la evitación de la ley de la selva. El poder es factor clave de integración social, el principal. Se debe saber cómo usarlo.