Un fondo de mitigación

El pasado viernes 23 de octubre, El Espectador informó sobre el mensaje de urgencia que el presidente Duque envió al Congreso para que tramite con celeridad el proyecto de ley que busca garantizar el acceso a una eventual vacuna contra COVID-19 y facilidades tributarias para quienes contribuyan a reunir los recursos para su financiación.  Al final de la nota informativa se lee con pasmo: “El presidente fue más allá y señaló la necesidad de que se disponga de un fondo de mitigación que asuma costos por posibles efectos secundarios y daños generados por la vacuna” (p. 4) (énfasis añadido)

Así que el presidente considera bastante probable que la vacuna genere efectos secundarios y daños. De ahí la necesidad de un fondo de mitigación que asuma los costos que se deriven de esos “efectos secundarios y daños”.  Cuando se compra una nevera esto se hace en el supuesto de que funciona, en caso de que la mercancía presente alguna falla tiene que responder el productor. En el caso de las vacunas para COVID-19 las empresas productoras buscan transferirles esta responsabilidad a los Estados compradores. Concuerdan ellas con el presidente en la apreciación del riesgo de los “efectos colaterales y daños”, y quieren por esta razón quitarse de encima subsecuentes demandas.  

¿Por qué someterse a condiciones comerciales tan peculiares? ¿Por qué adquirir en preventa una vacuna con alto riesgo de “efectos colaterales y daños” para los cuerpos que la reciben? ¿Cuáles son esos daños esperables de la vacuna que se compra para ser aplicada en personas sanas? cuando en más del ochenta por ciento de las personas el virus SARS-CoV-2 pasa desapercibido porque no las enferma, no les produce síntomas. Hasta hace unos meses cualquier persona se habría planteado esas preguntas. Ya no es así. 

Las lecciones de la gripe porcina y la necesidad de hacer memoria

Antes también valía aprender de las malas experiencias. Para esto también hay que hacer memoria, de la pandemia pasada, por ejemplo. La OMS la declaró en 2009, también sucedió por un virus nuevo, el AH1N1, agente de la llamada gripe porcina que había sido detectado en México en el mes de abril. Igual que en 2020 en aquella ocasión Neil Ferguson, el experto del Imperial College, confeccionó un modelo que lo llevó a proyectar muchos millones de muertos en todo el planeta. También se decía que el nuevo agente patógeno se multiplicaría a ritmo exponencial. El gobierno colombiano declaró el estado de “emergencia nacional” el 27 de abril de 2009, antes de que fuera confirmado el primer caso de infección con el nuevo virus en el país. Este llegó de México y fue confirmado el 3 de mayo de 2009. 

El 16 de agosto de 2010 El Tiempo comentó el fin de la pandemia en los siguientes términos:

Lejos de ser un celebrado evento de salud pública, la declaratoria de fin de pandemia hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la semana pasada fue recibida sin sorpresa y con cierto sinsabor. El anuncio – y eso hay que destacarlo- fue la confirmación de que el virus no revestía la temida agresividad que hace 14 meses hizo a medio mundo vaticinar un desenlace cataclísmico, similar al dejado por la gripa española en 1918.

¿Por qué no fue recibido con júbilo la declaratoria del fin de esa pandemia? Según El Tiempo

Ciudadanos de todo [el] planeta, que poco a poco entendieron que se trataba de una gripa más, relajaron las medidas de prevención ampliamente difundidas y perdieron el interés en la vacunación. Esa es la razón por la cual, junto al anuncio del final de la primera pandemia del siglo XXI, varios gobiernos informaron sobre la destrucción de millones de dosis no aplicadas, que ya vencieron. (1)

Estos acopios habrían sido producto de “un gran esfuerzo que muchos gobiernos habían hecho para comprar y reservar millones de dosis de antivirales y vacunas recomendados por el organismo”, la OMS. Hacia finales de 2009, el entonces director del Instituto Nacional de la Salud le había dicho a Semana.com que la H1N1 había resultado “en término generales menos severa de acuerdo con las previsiones que en su momento hizo”. Aun así, advertía que “las entidades nacionales mantendrán las medidas preventivas frente al nuevo virus de la influenza, y esperan que para el primer trimestre de 2010 la vacuna para combatir el virus ya esté en Colombia.” Para este tiempo, sin embargo, ya estaba trascendiendo que la vacuna para la gripe porcina presentaba problemas. De hecho, entre quienes presos del pánico inducido alcanzaron a recibir la vacuna en aquella oportunidad, en Europa más de setecientos (700) enfermaron de incurable narcolepsia. Fueron en su mayoría niños y jóvenes, muchos de ellos en Suecia. Quizás esto explique la actitud reservada de este país frente a las directrices de la OMS en relación con el SARS-CoV-2. 

Las lecciones que Colombia podría extraer de su propia experiencia con la pandemia de la gripe porcina serían de tono menos dramático, pero son también dignas de tener presente. Da una idea bastante clara un artículo de Alexander Marín Correa publicado por El Espectador en mayo de 2013 bajo el título “AH1N1, una gripe costosa para el erario”(2). Resumía Marín hace siete años que 

…la multimillonaria compra de Oseltamivir [Tamiflú] que hizo el Ministerio de Protección en 2009, en medio del pánico por la gripe AH1N1. Se compraron más de un millón de tratamientos, por $34.000 millones, que, según los contratos, se justificó en un estudio hecho a través de un programa de computador, que calculó que la pandemia podía matar a 15.000 colombianos e iba a contagiar a casi 2 millones. Por fortuna fueron pocos los infectados, pero gran parte del medicamento se venció.

Recordaba también Marín, que la Contraloría encontró que el Gobierno en aquel contexto tomó decisiones que generaron pérdida de dineros públicos y “cuestionó al Ministerio de Protección no sólo por el desorden en las compras, sino también por haber pagado casi el doble por un medicamento genérico (copia del original).” Hubo poca transparencia, manipulación de impuestos, prácticas financieras turbias en detrimento del erario en relación con la adquisición y distribución de los medicamentos, todo facilitado por un ambiente impregnado de miedo.  

En 2009 el número de infectados y muertos, más bien bajo, contrastaba con los altos costos de las medidas implementadas gracias a la emergencia sanitaria que derivó en la declaración de pandemia por la OMS. Hacia finales de ese año ganaba impulso en Europa la idea de que hacía falta esclarecer esa disonancia por medio de una investigación independiente. Finalmente fue acogida esa idea por la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo (PACE, por sus siglas en inglés) que en diciembre de 2009 agendó una moción bajo el título “Faked pandemics – A threat for health” (Falsa pandemia – una amenaza para la salud). La presentó un parlamentario alemán, médico epidemiólogo y especialista en enfermedades respiratorias agudas. La investigación que se derivó de esta iniciativa la asumió la Comisión para Asuntos Sociales, de Salud y de Familia (Social, Health and Family Affairs Committee) de este organismo que, a diferencia de la Unión Europea, reúne a todas las fuerzas parlamentarias de todos los países europeos (47). El informe final data del 7 de junio de 2010 y es de carácter público.  El siguiente apartado refleja la naturaleza de los hallazgos que salieron a la luz:

The way in which the H1N1 influenza pandemic has been handled, not only by WHO, but also by the competent health authorities at the level of the European Union and at national level, gives rise to alarm. Some of the consequences of decisions taken and advice given are particularly troubling, as they led to distortion of priorities of public health services across Europe, waste of large sums of public money and also unjustified scares and fears about health risks faced by the European public at large. 

Los asuntos que se resaltan en este documento como particularmente preocupantes para la comisión investigadora se pueden resumir en los siguientes puntos: 

- una serie de respuestas excesivas dadas a lo que resultó ser una influenza de severidad moderada, 

- la falta de transparencia en los procesos de toma de decisiones relevantes,

- la influencia posiblemente indebida de grupos farmacéuticos sobre decisiones  
  Centrales, y

- la manera en que temas sensibles fueron comunicados por las autoridades  
  y por los medios de comunicación que juntos reforzaron el miedo entre la  
  población. 

Es posible que la labor de los parlamentarios investigadores contribuyera a la finalización de la pandemia a mediados de 2010. 

2020 año de miedo

En 2020 la pandemia fue declarada por otro virus distinto al de 2009. Sin embargo, las coordenadas transmitidas por los medios y las autoridades son similares en cuanto a la novedad del agente, la velocidad de su expansión y el grado de severidad. Los mensajes derivados de esta caracterización presentan un fondo común. Pero en 2020 se advierte el peso de las conclusiones que, de las experiencias en diversos terrenos, ante todo desde comienzos del siglo, sacaron las instancias a cargo del manejo del riesgo en salud. Se hacen sentir también los ajustes institucionales y legislativos logrados en busca de la preparación cada vez mejor para eventuales emergencias sanitarias. Aunque suelen pasar desapercibidos esos desarrollos para la mayoría de las personas, para 2020 en buena parte del globo se cuenta con un organigrama jerárquico, así como con los conceptos necesarios y con la definición de las funciones claves para esos casos. 

Mostró su eficacia este sistema de prevención de desastres en la percepción uniforme del ‘virus de Wuhan’ como amenaza para la vida de todos en toda parte. Las imágenes de muerte y desesperación asociadas a Bérgamo y Nueva York, Madrid y Guayaquil acompañados a toda hora por las cifras de decesos atribuidos al virus lograron empujar a miles de millones de personas hacia un estado de pánico existencial. De algunos gobiernos se han conocido documentos internos que muestran una estrategia activa de miedo. Pero en realidad no es indispensable conocer esos documentos para registrar cómo se instaló el miedo, el cual es alimentado continuamente. No dejan de sonar las campanas de alarma por doquier. El virus es la muerte, tenemos que comportarnos todos como si fuéramos portadores peligrosos para los demás, quédense en casa, hay que aplanar la curva, sigue creciendo el número de infectados y muertos, hay que ganar tiempo para que no colapse el sistema de salud. Incluso este último imperativo, tan convincente aquí por las condiciones propias del país, no surgió en Colombia. Circuló y es reactivado en los distintos países, no importa la condición de su sistema de salud. Lo mismo ocurre con el temor de que se podrían ver desbordadas las UCI. 

En ‘la nueva normalidad’ instalada en pocos meses reina el miedo, que ha sido también su partera. Han cambiado muchas cosas, entre ellas el sentido de la constitucionalidad y de las leyes, la lógica y el lenguaje. “El nuevo crimen es salir sin tapabocas” advirtió la alcaldesa de Bogotá el 10 de mayo. La gente respondió. Contradiciendo el estereotipo, los colombianos sin distinción de clase y de partido se han mostrado bastante disciplinados, guardan ‘la distancia social’, andan con nariz y boca tapados, incluso los más pequeños, dentro y fuera de casa. Hay preocupación por el sustento, pero preguntas sobre las medidas de protección, sobre su proporcionalidad, casi no hay. La ciencia le habla a la gente asustada con una sola voz, que obviamente es afirmativa, implacable e incontestable. 

Conclusión: Estamos listos para asumir “los costos por posibles efectos secundarios y daños generados por la vacuna”.