El Concejo Distrital aprobó el Plan de Desarrollo para el período 2020 – 2024, bajo el lema “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” con una inversión prevista por $109.3 billones. El proyecto presentado inicialmente fue sometido a diversos ajustes para incluir el impacto, no previsto, de la pandemia del Covid19, que obligó a modificar prioridades de corto plazo y a proyectar alternativas viables para superar la contingencia y recuperar la dinámica de la ciudad. La mayor inquietud es la sostenibilidad financiera y la capacidad de recuperar el ritmo de crecimiento económico de la ciudad, para lo cual el Distrito es un agente dinamizador.

El proyecto radicado por la administración iba por $115 billones, en el proceso de ajuste se sacrificaron $6 billones, en consideración a las dificultades de ingresos previstos por la contingencia. Se asume que esta reducción es resultado de la revisión de los proyectos no prioritarios ó que por razones de cronograma no alcanzan a ser comprometidos ó concluidos por la presente administración, por lo tanto quedarían en curso para ejecutarse al comienzo de la siguiente. Ideas de obras inmaduras, sin estudios ni diseños que seguirán en fila hasta el próximo período, al fin y al cabo, las obras viales son procesos continuos, lo que se llama “construir sobre lo construido”.

Para claridad de los lectores, el período del Alcalde es de cuatro años, 2020-2023, y el del Plan de Desarrollo es de cinco, 2020-2024, en razón de los empalmes con los gobiernos saliente y entrante, el del 2024, por eso la vigencia del plan es hasta el primer semestre de ese año, por lo tanto, algunas inversiones se traslapan entre los gobiernos. De ahí que, al igual que en gobiernos anteriores, el plan plurianual de inversiones refleje mayor concentración en los años centrales de la administración, el segundo ($22 billones) y el tercero ($27), dejando el primero a la planeación y el cuarto a la organización del empalme, mientras las obras de largo plazo continúan su tramite.

El sello de la administración de turno se refleja en los propósitos del Plan, en este caso cinco, concentrado financieramente en dos: i) la política social, educación y salud, bajo la idea de “un nuevo contrato social”, con $51b, y ii) movilidad, las obras de infraestructura vial, con $35b. Los otros tres propósitos complementan la visión de un gobierno que propone mejorar las oportunidades de la población y ser amigable con el medio ambiente en procura de mitigar el cambio climático. Por sectores se observa mejor la escala de las prioridades, dictaminadas por los recursos, dado que donde se coloca el dinero se compromete el corazón del proyecto, lo demás no existe.

Las prioridades del Plan se enmarcan en la continuidad de obras y el gasto recurrente de la política social. En orden presupuestal así: i) movilidad (37b), tendiente a completar la red de Transmilenio, adosada con media línea de un Metro aéreo que circulará por la misma troncal de mayor circulación y cuyas obras reales empezaran en el ocaso de esta administración, cuando concluyan los estudios de ingeniería de detalle y se conozca su verdadero costo, ii) educación, ($24b), el mayor gasto recurrente invertido en nómina de maestros, infraestructura, dotaciones y alimentación escolar, sin modificar el principio de concesión y en el que la mayor expectativa es la de avanzar en jornada única y bilingüismo, iii) salud ($16b), segundo gasto recurrente invertido en compromisos con las EPS y un papel secundario de la salud pública, tal y como se atendió la pandemia, iv) hábitat ($7b), con la espera del POT para saber donde construir, y v) integración social ($6b), en atención a la población vulnerable, niñez, adulto mayor y habitante de calle.

El financiamiento del Plan proviene de tres fuentes recurrentes, que significan relativamente ingresos ciertos, y el crédito con otras alternativas por gestionar, recursos inciertos. Las fuentes ciertas, en función del desempeño económico, son: i) los impuestos locales, ICA, predial, vehículos, etc., con impuestos a la propiedad inflexibles y un ICA que depende de la actividad económica, fuertemente reducida por la contingencia, ii) los excedentes de las empresas públicas, especialmente del Grupo de Energía Bogotá GEB, nuestra EPM, cuya actividad se reorientó a lo residencial y se afecta por la capacidad de pago de los ciudadanos, y iii) las transferencias de la Nación, reglamentadas en el Sistema General de Participaciones, con destinación especifica hacia educación, salud y agua potable.

Las fuentes inciertas con que se complementa la financiación del Plan son: i) nuevos recursos por gestionar, cobros por congestión, parqueaderos, derechos de edificabilidad, etc., que dependen de un proceso ante el Concejo Distrital que ha fracasado en ocasiones anteriores, ii) asociaciones público privadas APP, mecanismo viable pero engorroso y nada fácil de concretar, dada la necesidad de cierre financiero y mayor demanda del recurso público, y iii) el crédito, trámite de cupo de endeudamiento y búsqueda posterior de los recursos, en función del grado de calificación de la ciudad. La versión final del Plan deja la necesidad de buscar $10.9 billones por crédito en cabeza de la Administración Central.

Las inexorables consecuencias del covid19 y la secuencia de cuarentenas se reflejan en la caída del crecimiento económico y los ingresos fiscales de la ciudad. Para superar la situación se lanzó el Plan Marshall, que no es otro Plan de Desarrollo, con el objetivo de dar prioridad a instrumentos de corto plazo para reactivar la economía y buscar los recursos que quedaron en suspenso. Este Plan, por $53billones, tiene dos componentes: i) medidas para la reactivación, dando prioridad a obras locales, reconstrucción del tejido productivo local y estímulos tributarios como el congelamiento del predial y fomento del régimen Simple en ICA, y ii) trámite por cupo de endeudamiento, por $10.79 billones, tal y como quedó expuesta su necesidad en el Plan de Desarrollo. 

Como el Plan Marshall no es otro Plan de Desarrollo y sus postulados se basan en el “Contrato Social”, le es muy difícil romper el paradigma de una ciudad central donde el transporte público y las oportunidades de trabajo están diseñadas para grandes distancias, con la vieja segmentación del sur pobre y el norte acomodado, donde la mayor infraestructura en educación y salud se localiza al norte de la calle 26 y es común los desplazamientos largos para trabajar, estudiar ó atender una consulta especializada. Las cuarentenas recordaron lo importante de volver al barrio, de reconcentrar actividades locales, de trabajar, estudiar y tener servicios complejos de salud en la proximidad de la vivienda. Eso que es lo urgente en la reactivación, el Plan no lo contempla.

Afortunadamente la administración local se distancia del gobierno nacional en la expectativa de la recuperación en “V”, solo que son razones diferentes, el gobierno nacional piensa recuperar los hidrocarburos y con ellos volver a crecer, el Plan Marshall piensa mantener las obras de largo plazo y estima en ellas el mayor factor multiplicador, mientras entrega paliativos de corto plazo con pequeñas obras en las alcaldías locales. Esa no es la prioridad de la reactivación, lo que hay que estimular es la demanda en el corto plazo, es actuar en el momento y en eso la Secretaria de Planeación no tiene claridad ni capacidad de reacción. 

Se trata de fomentar obras menores de alto impacto en corto plazo, pavimentar la red terciaria, recuperar andenes, ampliar la red de ciclo rutas, hundir las redes de servicios públicos, extender la red de fibra óptica, organizar y dignificar el reciclaje, fomentar la seguridad alimentaria local, consolidar encadenamientos de micros y pequeñas empresas y estimular el desarrollo de ciudades dentro de la ciudad. La demanda se estimula mejorando el poder de compra, es hora no solo de pensar en una Renta Básica sino de volver a los mínimos vitales en agua, energía, gas, internet y wifi, así como a las tarifas diferenciales en transporte masivo. Sólo la Contraloría Distrital cree que eso es detrimento.

El congelamiento del predial es una buena medida para paliar los presupuestos ciudadanos, sin embargo, es hora de pensar en: i) revisar los incrementos del avalúo, dado que en algunas áreas de la ciudad el catastral supera al comercial, ii) hay espacio para incrementar las tarifas en el segmento de predios con avalúos superiores a los $1.000 millones, se puede llegar hasta 16 por mil, iii) si la mitad de los ciudadanos paga arriendo, lo hace a un grupo de multipropietarios, con alto grado de concentración de la propiedad inmobiliaria, los estímulos no pueden ser para ellos, iv) revisar el tratamiento dado a los Bienes de Interés Cultural BIC y concentrase solamente en los que verdaderamente tienen interés arquitectónico ó histórico, y v) revisar el tratamiento dado a las iglesias para hacer efectiva que la única área exceptuada sea el espacio del culto.

El cupo de endeudamiento solicitado, hasta $10.79 billones, es autorizar el tramite para garantizar el financiamiento de las mega obras y otra infraestructura, es la forma de volver ciertos los recursos que en el Plan quedaron con carácter incierto. El cupo es el equivalente a una tarjeta de crédito, mientras no se use el endeudamiento real es bajo, cuando se use vendrá la necesidad de presupuestar amortización y servicio de la deuda. Hoy la ciudad tiene un bajo nivel de endeudamiento real y un cupo sin usar, un cupo por $7 billones del cual se han usado $3.4b, por efecto de empezar a apalancar la construcción de un Metro sin estudios de detalle. Los indicadores de sostenibilidad de la deuda, en 24% sobre un tope de 80%, y de capacidad de pago, 1.9% sobre tope de 40%, son bajos y no hay riesgo de que las calificadoras desertifiquen el manejo financiero de la ciudad.