Durante su devenir histórico, la Universidad Distrital ha surtido grandes transformaciones en sus concepciones académica y administrativa.  En este documento se traerán a colación las que se han presentado en las últimas cuatro décadas, partiendo de la Reforma académica y administrativa realizada en el año 1988, la cual fue liderada por Isidro Parra Peña, Rector de la época.

Esta reforma se realizó a través de un proceso amplio y democrático denominado Asamblea Triestamental, en la cual participaron estudiantes, docentes y empleados no docentes, elegidos todos por votación universal. En este proceso se modificaron los estatutos Generales, Académicos, Administrativos, Personal Docente, Estudiantil y de Bienestar. 

Académicamente la Universidad se dividió en dos grandes facultades: Ingeniería y Ciencias y Educación, donde se centraban los respectivos departamentos y programas curriculares. Los departamentos fueron concebidos como áreas académicas para el desarrollo de la investigación e impartir docencia de manera transversal, como unidades de servicio docente. 

De igual manera se profundizó en la participación de la comunidad universitaria en el proceso de selección de sus autoridades académicas, tales como decanos y directores de departamentos, mediante votaciones con la participación de la comunidad académica adscrita al respectivo departamento y facultad, para períodos institucionales fijos, lo que generaba estabilidad.

Esta idea de universidad duró poco tiempo, pasando en la década de los noventa a una   organización vertical, reflejada principalmente en los actuales Estatutos General y Académico (Acuerdo 003 de 1997 y 004 de 1996 del Consejo Superior Universitario).

La universidad en lo académico pasó de una organización por departamentos en los cuales había docentes de las mismas disciplinas o disciplinas afines, a una organización por facultades sin departamentos académicos donde se agruparon los programas académicos o “Proyectos Curriculares”, denominación muy singular y propia de la universidad, ya que en otras universidades tanto nacionales como internacionales no se utiliza esta designación para nombrar los programas académicos o curriculares. 

Esta “organización académica” promovió la dispersión y aislamiento docente en la Universidad, además de facilitar la vinculación y selección del profesorado por perfiles generales asociados en ocasiones a intereses diferentes a los institucionales y académicos, lo que género una disminución sustancial en la calidad académica de la universidad, debido a la perdida de movilidad e integración de los docentes en la institución.

Con este nuevo modelo se perdió la participación de la comunidad universitaria en la selección de sus autoridades académicas, ya que desapareció la votación para nombrarlas, pasando a ser designadas con la figura de libre nombramiento y remoción por la autoridad académica inmediatamente superior, desapareciendo con ello el período institucional.
 
Los decanos pasaron a ser funcionarios de libre nombramiento y remoción designados por la rectoría de turno y los coordinadores de “Proyectos Curriculares de Pregrado y Postgrado”, designados por los respectivos decanos mediante la modalidad de asignación de funciones (sin la existencia de estos cargos en la planta de personal). De igual manera ocurre con los directores de institutos y demás instancias académicas de la universidad.

Los Consejos Académico, de Facultades y Programa Curricular (Proyecto Curricular), de facto dejaron de ser instancias de participación de la comunidad universitaria, de discusión académica y de establecimiento de políticas académicas, para convertirse en instancias discrecionales de la autoridad académica superior, perdiendo su esencia de discusión y debate académico, lo cual los dejó como consejos netamente asesores. Tal es el caso del Consejo Académico, el cual actualmente, en su composición, de los once (11) miembros, nueve (9) de ellos son de libre nombramiento y remoción de la rectoría. Situación similar ocurre para los demás consejos en la Universidad.

En lo referente a la parte administrativa, la universidad está totalmente “atrapada” en el pasado y contrario a lo que ocurre con los cargos relacionados con las autoridades académicas, los cuales todos son de libre nombramiento y remoción, sin período fijo, éstos, en su mayoría son de planta y carrera administrativa.

Esta situación imposibilita a cualquier rectoría organizar un equipo de gestión conforme a su programa de gobierno; por el contrario, la rectoría de turno queda subordinada a la voluntad y el quehacer de funcionarios que rotan únicamente entre estos empleos. Esta situación singular de la Universidad provoca una disociación entre el área académica y administrativa desencadenando procesos burocráticos pesados, difusos, dispersos y tediosos para la gestión administrativa en la institución, además de generar un desgaste innecesario de energía en procesos que en su mayoría son superfluos, provocando la pérdida de confianza institucional.

De otro lado, la Universidad no ha separado las tres funciones misionales: académica, investigación y extensión, situación que conlleva a la existencia de unidades como la vicerrectoría académica, altamente cargada de actividades no propias de su misión de formación y docencia, por lo cual esta tiene una densidad muy alta de funciones y el tiempo dedicado a lo propio de su función misional es mínimo.

Estos y algunos otros problemas de orden académico y administrativo, consecuencia de los procesos de gestión existentes, son los más frecuentes en la Universidad, motivo por el cual deben ser transformados en la reforma que actualmente cursa en la Asamblea Universitaria y que hará su trámite este año en el Consejo Superior Universitario. 

Consecuencia de la situación descrita, en la universidad han existido diferentes procesos de reforma  académica y administrativa para cambiar principalmente los Acuerdos 003 de 1997 y 004 de 1996 (Estatuto General y Académico del Consejo Superior Universitario), tales como el Congreso Universitario (años 2002, 2003), la Asamblea Consultiva Universitaria (ACU) (año 2009), Acuerdo 008 del año 2013 (aprobado y derogado por el Consejo Superior Universitario), la Asamblea Constituyente Universitaria (años 2014, 2015, 2016, 2017), Comisión Accidental del Consejo Superior Universitario (años 2018, 2019)  y la actual Asamblea Universitaria (años 2020,2021). 

En los documentos entregados por los participantes en cada uno de estos procesos, sin incluir la actual Asamblea Universitaria, hay un consenso en lo fundamental que está relacionado con la organización académica, sin importar el nombre de la Unidad (Escuela o Departamento), que buscan recuperar la unidad académica de la reforma de 1988, lo que se constituye en una tarea primordial.

En la actualidad, el nombre que ha suscitado consenso ha sido el de Escuela, es decir, la Escuela se concibe como la Unidad académica que congrega a docentes con afinidad disciplinar e intereses investigativos comunes, permitiendo el diálogo entre pares y la integración de los mismos, evitando así la dispersión actual y normas difusas para el ingreso a la carrera docente. Esta unidad se considera como el centro del desarrollo curricular, de investigación, creación, innovación y extensión social, que se plantea como unidad cardinal e integradora de los docentes de la misma disciplina o disciplinas a fines, desde donde se imparta la cátedra universitaria a todos los programas curriculares de pregrado y de postgrado en la institución. 

Al integrar a los docentes en Escuelas, la Universidad de manera inmediata puede pensar en la apertura de otras unidades de desarrollo académico como lo son las Facultades de Ciencias Básicas y Ciencias Humanas. Para estas unidades, lo más importante es el talento humano representado en sus docentes y personal administrativo, el cual en este momento está disperso en la Universidad.  

Es importante resaltar en todas las propuestas el fortalecimiento de cada una de las funciones misionales de la Universidad, como son la académica (formación y docencia), la investigación, la creación e innovación (conocimiento y saberes) y la extensión y proyección social (contexto y proyección social). En todas se solicita elevar a la categoría de vicerrectorías para aquellas funciones misionales que en la actualidad no se tiene en la universidad.

En lo referente a la selección de las autoridades académicas (Decanos, Directores de Escuela, Directores de Instituto y Centros) se privilegia la meritocracia y la legitimidad de quien aspire ocupar estas posiciones de liderazgo, terminando así con el nivel de discrecionalidad rectoral existente en la actualidad. En esta nueva organización, las autoridades académicas cambian de rol y se convierten en representantes de la comunidad ante la instancia superior, dejando de ser representantes de la Rectoría ante la comunidad.

Esta forma de selección de los líderes académicos en la Universidad provocará un cambio radical y revolucionario en la composición del Consejo Académico, pasando de ser una instancia asesora de la Rectoría a ser una especie de “Parlamento Académico”, el cual representará a la comunidad académica por un período fijo, lo cual da estabilidad institucional. Adicionalmente, se implementan mecanismos de control y meritocracia para los representantes del Consejo Superior, que permite la Ley 30: Sector Productivo, Exrectores, Directivas Académicas, Docentes, Estudiantes y Egresados.

En relación con la parte administrativa, el consenso es fundamental y consiste en establecer grupos de trabajo horizontales con cargos de liderazgo, todos ellos de libre nombramiento y remoción de la Rectoría, Esto facilitará establecer un equipo de gestión sincronizado con el programa de gobierno universitario a ejecutar en un período institucional.

Otro punto fundamental es el relacionado con la transparencia en la toma de decisiones. Para concretar este proceso, se propone la transmisión en tiempo real de todas las sesiones de los cuerpos de gobierno colegiados más importantes de la universidad como lo es el Consejo Superior Universitario, Consejo Académico y Consejo de Participación Universitaria.

También es importante resaltar en las propuestas (ACU, Asamblea Constituyente, Comisión Accidental del CSU) la inclusión de las siguientes figuras: Asamblea Universitaria (lo cual nos lleva a 1988), Consejos Estudiantiles y Claustros de Profesores. Estas instancias tendrán un papel fundamental en los procesos de empoderamiento de la comunidad universitaria para ejercer veeduría y orientación sobre los temas fundamentales de la Universidad. De manera particular, la Asamblea Universitaria se propone como instancia de participación democrática de la Comunidad y se le asignan funciones de vigía de los estatutos más sensibles de la institución (General, Docente, Estudiantil, Personal Administrativo, Investigación y Extensión). Con este procedimiento se asegura estabilidad institucional en la Universidad.

Igualmente, en estrecho vínculo con la administración de la ciudad, debe trabajarse en el firme propósito de abrir la Facultad de Salud Pública, proceso fundamental para la Universidad. Esta nueva facultad le permitirá a la institución ofrecer una parrilla de posibilidades de formación profesional a la población más vulnerable de la ciudad-región y del país.

Por último, lo primordial en una reforma debe ser la actitud de cambio de la comunidad inmersa en el proceso y para esto se debe partir de reconocer sus debilidades y fortalezas.

Esta dinámica de cambios, que suscitan autocríticas en los procesos de formación, investigación y extensión social, debe convertir a la Universidad en una institución aliada de la ciudad-región y del país en la solución de los problemas más agobiantes de la sociedad. La recuperación del Río Bogotá, como ejemplo fehaciente de lo anterior, debe motivar a la institución a realizar un trabajo integrado con entidades el Ministerio, la CAR y la Secretaría del Medio Ambiente, para que el cauce y problemas del Río Bogotá se convierta en el laboratorio de trabajo experimental de varias áreas del conocimiento de la Universidad, en lugar de hacer medidas en sistemas aislados de la realidad, esto es, en laboratorios de formación e investigación de la institución, usualmente desligados de la realidad de la ciudad. Igualmente ocurre con el tema de movilidad, entre otros.

Finalmente, para lograr la integración entre la academia y la ciudad-región, un requisito sine qua non debe ser la infinita humildad, que debe primar principalmente en su estamento docente, el cual ha de entender la enorme dificultad de encontrar sabiduría en las universidades, la cual está por fuera de las universidades. 

En las universidades existe conocimiento, en su mayoría de disperso, como ocurre en nuestra institución, el cual termina alimentando el “ego” propio y mejorando situaciones personales que en nada o poco ayudan a resolver problemas externos, conexos a nuestra sociedad.

La Universidad Distrital debe retornar a la sociedad lo que recibe de ella —el recurso público para su funcionamiento— ya que el retorno es insuficientemente a la sociedad. Solo se ve reflejado en la formación de profesionales, quienes mayoritariamente pasan a aumentar las estadísticas de desempleados del país, dejando de lado desarrollar investigación aplicada, orientada a la solución de los problemas más importantes de la ciudad-región y del país. 

Agradecimientos: a Dios por darme salud, paz y armonía familiar, a la sociedad de la ciudad de Bogotá y del país, a la Universidad Distrital, a la revista Pensar la Ciudad, a mi familia, a mis amigas y amigos, a Hernán Suarez y José Joaquín Cañón por sus valiosas sugerencias. A mi hijo Ricardo Andrés Flórez Jiménez por sus aportes.