Gobernar una metrópoli consiste en resolver los grandes problemas que enfrentan en el presente los residentes en dos o más jurisdicciones, entre ellas un núcleo metropolitano, y anticipar las soluciones para los que sobrevendrán en el futuro. 

En el caso de las metrópolis nacionales como Bogotá, esos problemas guardan estrecha relación con fenómenos de escala nacional como el desplazamiento forzado, o como la corrupción inmanente a un modelo territorial de Estado centralista clientelista. La Región Metropolitana se advertía como un poderoso antídoto a estos males, pero sus desarrollos anticipan que los problemas más acuciantes continuarán intactos a pesar de su creación.

En nuestro caso …

La metropolización es la fase dominante por la que atraviesa la urbanización de la población colombiana y mundial. Entendida como un proceso en el que los vínculos estructurales y coyunturales de dos o más jurisdicciones municipales se fortalecen, una de las cuales posee una escala urbana que es notoriamente superior a la del resto, tienden a operar como una unidad espacial que, en ocasiones, se consolidan en megalópolis, a pesar de que prevalezca la subdivisión política precedente; en nuestro caso, los municipios de la Sabana.

Esa unidad espacial es la metrópoli, que es un hecho intimidante para todos los agentes que derivan beneficios del poder político que emana del modelo territorial de Estado; en nuestro caso, un modelo centralista clientelista.

Los políticos de los municipios del área de influencia inmediata del núcleo metropolitano se intimidan ante la posibilidad de que alguna de sus autonomías sea mermada o ante la posibilidad de cederla a una instancia de gobierno de escala metropolitana. Los gobernadores lo hacen porque creen que su jurisdicción será cercenada. Unos y otros ven en ese núcleo metropolitano a un ente insaciable como Gargantúa que devora todo lo que encuentra a su paso. Ese personaje de novela es, en nuestro caso, Bogotá.

Los políticos nacionales se intimidan ante la configuración de un contrapoder indócil para sus propósitos de reproducción política partidista, engendro formado en ese núcleo que probablemente contamine a sus huestes en la zona metropolitana, incrementando así el riesgo de que entre ellas persevere la idea de que es posible un mecanismo de articulación estatal más virtuoso que el que se han esforzado en cultivar; en nuestro caso, el clientelismo corrupto.

¿Gargantúa?

Hay un sentimiento anti-bogotano metropolitano que se comenzó a configurar mucho antes de la adhesión autoritaria de algunos municipios cundinamarqueses al Distrito Especial, establecida durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Pero fue desde entonces que en la mente de los políticos cundinamarqueses quedó grabada como en piedra la idea de la Bogotá Gargantúa, a pesar de que desarrollos jurisprudenciales y constitucionales impiden que ello vuelva a ocurrir. Pero no faltan quienes, como el exalcalde Enrique Peñalosa, atizan el avispero al sugerir la fusión de municipios sabaneros y, de paso, afirmar que Soacha es “un hueso” porque gastan más de lo que recaudan. Ha intentado rectificar, con poco éxito.

Bogotá aporta el 25,8% a la producción de la riqueza del país, cuatro veces más que la segunda metrópoli colombiana, Medellín. La principal implicación de esta magnitud es que, si a la economía urbana capitalina le llegase a ir mal, esto también le ocurrirá y con mayor intensidad a los municipios metropolizados, al departamento de Cundinamarca y al conjunto del país. 

Cuando ocurre lo contrario, los más beneficiados son los municipios de la Sabana. De hecho, el crecimiento de sus ingresos tributarios se debe más a las interacciones con Bogotá que a cualquier otra razón. Es al calor de las economías de proximidad de los municipios sabaneros con la capital que sus dirigencias han incurrido en estrategias hostiles y erradas como la de competirle por localizaciones y relocalizaciones industriales y comerciales con prebendas tributarias, así como en la creación de un perseverante mercado negro de regulaciones de los usos del suelo mejor conocido como “el volteo de tierras”.

En los últimos 35 años, de cada 100 nuevos residentes en Colombia, ya sea por crecimiento vegetativo o por migraciones, 26 los ha acogido la zona metropolitana de Bogotá. A escala interna, la acogida a los migrantes ha recaído de forma dominante en Bogotá y Soacha, siendo el flujo más importante el de los desplazados de manera forzada mediante la violencia. El saldo migratorio neto hasta ahora es de 578.695 en Bogotá y 56.522 en Soacha; es decir, el 7,6% de los 8.3 millones de desplazados internos del país.

Esta tarea tan crucial y bien hecha es irrelevante para Enrique Peñalosa y otros eficientistas posmodernos, para quienes municipios como Soacha que gastan en superar la pobreza son “un hueso”. Algo similar ocurre con los arcaicos políticos sabaneros para quienes Soacha es un nido de pobreza creado por Bogotá y, de allí, el “Síndrome de soachización”, relato peyorativo con el que han abonado el anti-bogotanismo en Cundinamarca. 

Como reflejo de lo anterior, las dirigencias políticas de municipios como Chía, que han estimulado la disputa de “la nata” de los hogares bogotanos con sus desarrollos habitacionales suburbanos, esgrimen con pasmosa ignorancia urbanística la bandera de la lucha contra la conurbación y, con ello, alientan la segregación residencial sin recato alguno. Más aun, han osado desde antaño promover la creación de una zona metropolitana en la que Chía sustituiría a Bogotá como núcleo metropolitano; es decir, una falacia de tal magnitud como para hacernos acreedores al premio al mayor oso universal.

La comparación intertemporal del Índice de Pobreza Multidimensional da cuenta de que millones de residentes en Colombia han superado el estadio de la pobreza desde tal metodología. Esos resultados están incompletos pues aún se difunden sus resultados con base en la muestra co-censal del 2005, mientras que para 2018 se publicaron sin los ajustes de cobertura. Haciendo los ajustes a los resultados definitivos de los dos censos, el Índice de Pobreza Multidimensional para el total de cada municipio, cabecera y resto, es superior al conocido. 

Con base en los resultados ajustados es posible establecer que en Bogotá 996.887 habitantes y en Soacha 50.106 han salido de la pobreza multidimensional, que equivale al 89,1% del total de los que la que la han superado en la zona metropolitana, resultado admirable para un núcleo metropolitano que, según Peñalosa, tiene a “un hueso” como su principal socio. A los políticos sabaneros habría que preguntarles ¿qué sería de sus municipios sin que el tándem Bogotá-Soacha no resolviera tal cantidad desafíos sociales creados en el país y en la región?

Una reforma gatopardista

Con la modificación del artículo 325 de la Constitución Política de Colombia, mediante el Acto Legislativo 2 del 22 de julio de 2020, se dio vía libre a la creación de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca. 

El fantasma de Gargantúa dejó de intimidar a los políticos regionales en vista de que el numeral 5º del parágrafo transitorio 2 inhibe la imposición de los intereses del núcleo metropolitano sobre los del resto de municipios. Superado este escollo, la asociatividad regional quedó supeditada a la expedición de una Ley Orgánica cuyo trámite avanza en el Congreso de la República. En el numeral 1 del artículo 4º del segundo borrador, se le expide partida de defunción a Gargantúa mediante la adopción del principio de la autonomía territorial de las entidades que conforman la Región Metropolitana.

¿Para qué sirve la Región Metropolitana? Esta es la cuestión a la que responden los gobiernos de Bogotá y Cundinamarca, y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, con balances sectoriales que justifican lo que seguramente serán los “hechos metropolitanos” sobre los que girará su órbita funcional: transporte y movilidad, medio ambiente, servicios públicos, desarrollo económico regional y reactivación, abastecimiento alimentario, y seguridad y convivencia.

¿Para qué no sirve la Región Metropolitana? Para ponerle coto al “volteo de tierras”. Tampoco para alentar la producción de suelo edificable para los hogares más pobres de la región en Chía, Cota o Cajicá, por ejemplo, tal como lo ha hecho Soacha. 

El numeral e) del artículo 12º consagra que en ejercicio de sus competencias la Región Metropolitana no se inmiscuirá en la autonomía de los municipios en materia de la regulación sobre los usos del suelo. 

Hay un mercado negro de resoluciones mediante las que se transan ilegalmente los hechos generadores de la plusvalía previstos en el artículo 82 de la Constitución de 1991, desarrollados en la Ley 388 de 1997, a saber: “i) la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano; ii) el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo; y, iii) la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez”.

Es de tal envergadura este mercado negro que hará que el Plan Estratégico Regional y Metropolitano sea como una defunción fetal, un muerto antes de nacer porque la adecuación y ajuste de los POT municipales continuará realizándose, desde el principio de la autonomía local, a los dictámenes de los corruptos de oficio y nunca a los lineamientos de ordenamiento de la Región Metropolitana.

Todo se ha cambiado para que todo siga igual. El modelo centralista clientelista continuará agenciando la corrupción y Colombia continuará distinguiéndose porque al calor de tal modelo la violación de las leyes seguirá siendo un gran negocio. 

Un orden institucional virtuoso ocurriría si se introdujera el siguiente numeral en el artículo 13 de la Ley Orgánica: “Formular la política de ordenamiento territorial y ambiental y ejercer la función de autoridad sobre el suelo en el territorio de su jurisdicción de acuerdo con lo previsto en la presente ley”.