Discutir sobre el contenido de un nuevo contrato social no es nada fácil, ni asunto de poca monta, en un país donde el Estado no garantiza los derechos básicos de las personas como la vida, la justicia, la igualdad política y una existencia digna. Sin dejar de mencionar temas como la corrupción que deslegitima cualquier pretensión política de equidad y de eficiencia en el accionar de los gobiernos y en la confianza de legalidad del Estado por parte de los asociados. 

La propuesta de Claudia  López de lograr un nuevo contrato social, contenida en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, sorprendió y provocó más de un interrogante, porque en rigor un nuevo contrato social debería ser una discusión nacional, antes que local, por ser medular a la organización política del Estado, a la búsqueda de justicia social para todos y sobre todo para determinar quién pone, quién se beneficia y qué garantías son las que permiten cumplir los derechos y los deberes de los asociados. 

Recordemos que desde Aristóteles se planteó que los gobernantes o quienes planifiquen la política pública deberían conocer en qué consiste alcanzar una vida próspera para los seres humanos. En la Ética de Nicómaco hay una gran discusión sobre cómo conciliar los intereses individuales con los intereses sociales y cómo lograr por medio de la educación que haya elección y voluntad por parte de los ciudadanos, antes que imposición para pertenecer y cumplir con el ordenamiento social. 

En la tradición política de occidente, el concepto de contrato social surge como respuesta a la imposibilidad de garantizar la vida y la libertad del hombre en su estado natural. El estado natural es una hipótesis imaginaria donde no hay gobierno, organización social, ni normas que permitan la convivencia, la paz y el respeto a unos derechos básicos acordados. En términos de Hobbes, en el estado natural predomina el miedo y el egoísmo humano. Locke sostiene que en el estado natural la humanidad vivía en libertad perfecta, todos eran iguales e independientes y podían elegir la vida que mejor les pareciera. Sin embargo, Locke señala que los hombres buscan el contrato social porque en el estado natural la propiedad era insegura por la ausencia de la ley, de jueces imparciales y de un poder que ejecutará las leyes naturales. Para Rousseau, el contrato social es una nueva forma de organización social donde el Estado se estableció para asegurar y garantizar a todos los seres humanos derechos, libertades e igualdad.

Según Martha Nussbaum, Rawls planteó, a partir de su teoría de la justicia social, cierto escepticismo frente a la teoría clásica del contrato social de Locke, en cuatro ámbitos: “los de la justicia para las futuras generaciones; el trato imparcial para las personas con discapacidades; las cuestiones morales relacionadas con trato que dispensamos a los animales y la justicia entre fronteras nacionales” (Bogotá nos reta a pensar en la justicia entre fronteras territoriales).  

Cuando la alcaldesa Claudia López plantea a los bogotanos lograr un nuevo contrato social está invitando a un debate profundo sobre la organización política de la sociedad, el para qué de la existencia del Estado y, sobre todo, a preguntarnos ¿cuáles son las garantías y condiciones para existir no de los poderosos, sino de los más débiles? 

Es lamentable que, por las circunstancias propias de la pandemia, este trascendental tema, el nuevo contrato social, no tuvo la suficiente discusión y comprensión para la mayoría de los bogotanos y en general para el país. También se perdió una oportunidad de desarrollo ciudadano, porque Claudia López por su conocimiento, habilidad y liderazgo era la persona ideal para asumir esta discusión de la política pública en la ciudad. 

En principio, un nuevo contrato social que beneficie solo a los bogotanos es muy complejo de lograr, dado que la seguridad, la justicia y los impuestos son responsabilidades nacionales, como lo ha podido constatar la alcaldesa en estos seis meses de gobierno. Bogotá no puede ser una isla, dentro de un escenario nacional donde pululan la pobreza, las inequidades regionales, la infelicidad y hasta el desinterés de la mayoría de los ciudadanos.

El Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 enuncia que el objetivo general es alcanzar un nuevo contrato social, junto con el desarrollo ambiental e intergeneracional, para avanzar hacia la igualdad de oportunidades, el cual  se justifica a partir de aceptar que en Bogotá no hay igualdad de oportunidades que permita a las mujeres, a los jóvenes y a las familias más pobres superar los factores de naturalización de la exclusión, la discriminación y la segregación socioeconómica y espacial, en la que nacen y transcurre la vida de la mayoría de la población. Tampoco es posible un ejercicio de la vida libre, donde la elección y la participación del colectivo asegure la estabilidad y la sostenibilidad del acuerdo, así como la felicidad de la mayoría.

Por fortuna en el PDD no está concluida la discusión sobre el nuevo contrato social, por ejemplo, se propone que el enfoque de participación ciudadana se entienda como un derecho. Además, el Plan deja abierta la posibilidad de seguir consolidando acciones al 2030 cuando Bogotá debería ser ejemplo de reconciliación, educación, acción colectiva, desarrollo sostenible e inclusión social y productiva para garantizar igualdad de oportunidades.  

En buena hora el Plan alcanzó a prever los retos económicos y sociales, aún indeterminados, que enfrentará la ciudad derivados de la pandemia del Covid-19. Con razón la alcaldesa ha sostenido que un primer avance de este nuevo contrato social será la respuesta pública y social que logre el Distrito a través de “los canales de solidaridad, redistribución y reactivación económica creados para atender y mitigar los efectos de la pandemia y de esta forma construir con la ciudadanía, una Bogotá donde los derechos de los más vulnerables sean garantizados”.

En igual sentido, el BID sostiene que “una crisis bien administrada presenta una gran oportunidad para los países de renovar el contrato social con el fin de lograr un mayor crecimiento inclusivo y con más oportunidades económicas que se extiendan a todos” (Salir del Túnel Pandémico con crecimiento y equidad: Una estrategia para un nuevo compacto social en América Latina y el Caribe, 2020).

La discusión sobre la necesidad y características de un nuevo contrato social en Bogotá está abierta, igual para el país. La pandemia y sus efectos demuestran que se requiere un nuevo contrato social, en el ideal de lograr una mejor sociedad post Covid-2019. El 2022, año electoral en Colombia puede ser una oportunidad para repensar los acuerdos políticos y sociales en torno al Estado, para ello se requiere equilibrio, para no caer en los extremos de la interpretación ideológica o moral, tan propios de la coyuntura política de quienes hoy inciden en la opinión de los colombianos. Volver obligadamente a la discusión clásica de Thomas Hobbes ¿Cómo lograr que no impere el egoísmo? que en Colombia se expresa en corrupción, concentración de la riqueza, autoritarismo, ilegalidad, exclusión, entre otros. Y más bien, responder la pregunta de John Locke ¿cómo lograr que impere el beneficio mutuo de las partes que circunscriben el contrato? Locke sostuvo que para hacer parte del acuerdo se requiere ser benévolos, es decir humanos.

Crédito de las ilustraciones: Imágenes de 888wds0 y Arek Socha en Pixabay.