La aparición del virus SARS COVID-19 desde inicios de 2020 a la fecha, han generado en Colombia desafíos en cuanto a su manejo sanitario y social, debido a la novedad del fenómeno de contagio masivo y la necesidad del Estado de intervenir en pro de garantizar los derechos y el bienestar de sus miembros. 

Esta situación no es exclusiva de Colombia, tal como la OMS (2020) y la OPS/OMS (2020) lo ha expuesto, el problema de la pandemia implica un impacto a nivel global y en la mayoría, sino en toda la población. 

Ahora bien, la autodeterminación del Estado le permite a éste actuar de manera autónoma ante cualquier situación que se presente. Colombia haciendo alusión a este derecho se ha empeñado en procurar un manejo desde virus SARS COVID-19 mediante estrategias basadas en la evidencia, tal como las decisiones políticas, médicas y sociales lo exigen en una sociedad democrática y dirigida a la equidad. 

Las consecuencias del Virus SARS COVID-19 no son exclusivas de la medicina y sus especialidades sociales como: la epidemiología, la salud pública, la salud colectiva, entre otros. Áreas de conocimiento como la psicología se transforman en elementos esenciales para atender demandas que la población hace al Estado como consecuencia de los cambios en el estilo de vida que los actuares estatales ante una pandemia implican. La psicología aporta desarrollos teóricos y empíricos para responder a problemas de la salud mental relacionados con: la convivencia familiar, las relaciones de pareja, los trastornos mentales y la psicopatología, el comportamiento en los contextos públicos y privados, entre muchos otros. 

Debido a las problemáticas originadas por el virus SARS COVID-19 y los cambios en la cotidianidad. como el aislamiento sanitario preventivo, la cuarentena, la adaptación social, los ciudadanos han visto constreñidas sus libertades civiles en pro del bienestar común, elementos novedosos para las dinámicas sociales, políticas, económicas, labores, familiares, entre otros.

En relación con la violencia de pareja, la evidencia empírica revisada da cuenta de la asociación entre este tipo de violencia y el consumo de alcohol y los síntomas de ansiedad y depresión. Al respecto, se ha reportado que el alto consumo de alcohol puede tener un impacto en los hombres que maltratan a sus parejas, dado que presentan alteraciones en los procesos atencionales, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, el planeamiento, la toma de decisiones y la toma de perspectiva, así como las habilidades para decodificar las emociones, con las consecuentes fallas para resolver los conflictos con la pareja (Fernández-González, Jennings et al., 2017; Mañas Viejo, Martínez Mas, Esquembre Cerdá, Montesinos Sánchez, & Gilar Corbí, 2013; Moreno-Méndez, Rozo-Sánchez, Perdomo-Escobar, & Avendaño-Prieto, 2019; Vitoria-Estruch, Romero-Martínez, Lila-Murillo, & Moya-Albiol, 2018). 

Los síntomas ansiosos y depresivos se han asociado a los malos tratos hacia la pareja debido a que en dichas características clínicas subyacen dificultades en regulación emocional, comunicación y solución de problemas, que terminan expresándose con violencia hacia la pareja como una forma de mantener el control y la dominación, así como, asegurarse que la pareja permanezca involucrada en la relación. (Moreno-Méndez, et al., 2019; Temple, 2016; Yu, Pepler, Van de Bongardt, Josephson, & Connolly, 2018).

Otros factores de riesgo que se han asociado a la violencia de pareja son los esquemas maladaptativos tempranos de las mujeres víctimas. Al respecto, se ha reportado que la vulnerabilidad al daño y a la enfermedad, la desconfianza-abuso, el auto sacrificio, la depravación emocional y el abandono se han encontrado en mujeres que sufren malos tratos por parte de su pareja, lo cual perpetúa percepciones de subyugación, desprotección e insatisfacción de deseos y necesidades (Londoño et al., 2010; Múnera Echeverri & Tamayo Lopera, 2013; Ramírez Buriticá & Londoño Arredondo, 2011). 

En situaciones de emergencia, la violencia de pareja se puede incrementar dados los altos niveles de estrés que experimentan los miembros de la pareja. La situación de pandemia por el COVID-19 se ha constituido en un factor de riesgo y de mantenimiento de la violencia de pareja, tal como lo reporta la Organización Panamericana de la Salud (2020), por cuanto el estrés, la restricción de las redes sociales y el menor acceso a los servicios de protección pueden aumentar el riesgo de violencia contra la mujer.

La exposición continua al agresor y las exigencias a permanecer en el hogar para evitar el contagio del virus pueden llevar a la mujer a estar indefensa frente a los ataques de su pareja y a no denunciar las agresiones para evitar que el conflicto crezca. Igualmente es probable que las mujeres tengan menores oportunidades de buscar ayuda de algún familiar y amigo que las protejan por las restricciones impuestas por el confinamiento. Estas restricciones pueden ser utilizadas por los agresores para controlar y maltratar a su pareja e impedir la búsqueda de ayuda psicológica y legal necesaria para impedir la violencia (OPS, 2020).

Otros factores que mantienen la violencia de pareja en la pandemia del COVID-19 son las dificultades económicas suscitadas por la reducción de ingresos e inclusive la pérdida de empleo, constituyéndose en otras fuentes de estrés que pueden agravar los conflictos en las parejas (OPS, 2020).

Este panorama evidencia la complejidad del fenómeno de la violencia de pareja en jóvenes; sin embargo, aún no hay información suficientemente validada en Colombia que permita dar cuenta de los factores de riesgo como los factores sociodemográficos y clínicos, así como los esquemas maladaptativos de los miembros de las parejas que expliquen la violencia hacia la pareja. Por tal motivo, el presente estudio tiene como propósito establecer un modelo analítico predictivo de las características sociodemográficas y psicopatológicas, los esquemas maladaptativos y las dificultades de adaptación a la situación del COVID-19 sobre la violencia de pareja en adultos jóvenes.

Ese escenario de conflicto y violencia se convierte en un contexto sociopolítico en el que las personas, grupos y comunidades se ven expuestas a situaciones traumáticas que llevan consigo consecuencias psicológicas y psicosociales. Las primeras se distinguen por la presencia de estados de ansiedad, depresión o estrés postraumático que alteran el bienestar psicológico de las personas afectadas por la violencia. Las segundas, psicosociales, afectan el bienestar social de las personas por la presencia de relaciones interpersonales e intergrupales de desconfianza que destruyen las redes primarias de protección y apoyo (familia y comunidad) (Blanco et al., 2006; Blanco et al., 2016). En conjunto, las consecuencias de exposición a situaciones de estrés se enmarcan en los denominados trastorno de estrés postraumático (Campos-Arias et al., 2014) -nivel individual- y trauma psicosocial (Martín-Baró, 2003) -nivel grupal-, las cuales requieren estrategias terapéuticas orientadas a la superación del trauma que impacte en el bienestar psicológico y social de las personas afectadas por la violencia.

Por otra parte, la depresión es un trastorno mental que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2020) afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Cerca de 50 millones de habitantes de América viven con depresión, de estos 7 de cada 10 no reciben el tratamiento que se necesita, entre otros motivos por el temor a ser estigmatizados (Organización Panamericana de la Salud, 2017). La depresión es el primer factor que produce discapacidad y el principal desencadenante de muertes causadas por suicidio a nivel mundial (OPS, 2017). La depresión en casos extremos puede llevar al suicidio, de acuerdo con García & Aroca, (2014), se estima que un 80% de los suicidios están asociados con cuadros depresivos; Echeburúa, (2015), señala que un 15%-20% de las personas con depresión pueden intentar un suicidio.  En el año 2019 se registraron en Bogotá 246 muertes por suicidio, el 63 % de los casos fueron en los grupos de edad entre 18 y 44 años (Observatorio de Salud de Bogotá, 2019).  En lo que va corrido del 2020 se han registrado 8.448 casos de suicidio en toda la población colombiana, con una tasa de incidencia de 16,6% de casos por 100.000 habitantes, siendo Caldas, Risaralda y Tolima las regiones de mayor prevalencia (entre un 25 a 30%); en los jóvenes entre 19 y 26 años se han reportado 2626 casos, lo que corresponde a un 31,1% de los casos de suicidio de toda Colombia (Instituto Nacional de Salud, 2020). Como factores de riesgo en toda la población se reporta que el 28% está asociado con antecedentes de trastornos psiquiátricos, dentro de los que se encuentra el trastorno depresivo y como factores desencadenantes se registran los conflictos de pareja (39,6%); así mismo se reporta que un 39,9 % de los casos habían presentado intentos previos.  

Esta enfermedad junto con los trastornos de ansiedad, de acuerdo con la OMS (2017), le cuestan a la economía mundial un promedio de US$ 1 billón anual en pérdidas de productividad y se constituye en uno de los cinco factores principales de ausentismo en el trabajo (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). De acuerdo con el informe de seguimiento sobre salud y estabilidad de la ANDI, en Colombia para el año 2017 el 10 % de ausentismo en el entorno laboral estaba asociado con este trastorno emocional (Arrieta, Fernández, Sepúlveda y Arango, 2017).