Bogotá y Colombia están en medio de un estadillo social que refleja el cansancio y la frustración que muchos ciudadanos tienen frente a la falta de oportunidades, la injusticia y la inequidad que tristemente caracteriza al país y a la ciudad. Independientemente de si estamos o no de acuerdo con las formas de protesta que se han llevado a cabo, el grito de miles de ciudadanos que han salido a las calles exigiendo mayor equidad social, debe ser escuchado por todos, principalmente por quienes los representamos políticamente.

Por eso, es imperioso preguntarnos en este contexto, ¿qué podemos hacer desde el nivel distrital para empezar a equilibrar la balanza? Nadie pretende que la ciudad o el país se transforme de un día para otro, pero sí que se comiencen a dar cambios que generen más y mejores oportunidades para aquellos que nunca las han tenido. Analizando las posibilidades locales y las competencias del Concejo de Bogotá, una de las acciones que se deberían adelantar es la revisión juiciosa de cómo los impuestos contribuyen o no a la equidad y progresividad tributaria que consagra nuestra constitución y que la ciudadanía sintió vulnerada con la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional en 2021.

Esta revisión la adelantamos sobre el impuesto predial de la ciudad, la segunda fuente de ingresos más importante después del Impuesto de Industria y Comercio, con un recaudo que está alrededor de los 3 billones de pesos anuales y que representa el 36% de los ingresos tributarios de Bogotá. Pese a que Bogotá es conocida por su buen catastro y por tener información de quienes habitan la ciudad, nos encontramos con que aún hay mucha tela por cortar para que este impuesto contribuya a la equidad y progresividad tributaria.

El impuesto predial se determina dependiendo de la categoría de los predios (residenciales, comerciales, financieros, rurales, industriales, dotacionales, urbanizables no urbanizados y no urbanizables), de unas tarifas que aprueba el Concejo de Bogotá y del avalúo catastral. La idea del predial es que la tarifa que se aplica crezca de acuerdo con el avalúo, dicho de otra manera, el que tiene un predio que vale más paga una tarifa más alta, mientras que quien tiene un predio que vale menos paga una tarifa menor. 

Esta lógica, que es equitativa y progresiva, se cumple para la mayoría de las categorías de predios, por ejemplo, para los residenciales la tarifa varía entre el 5.5 y el 12,3 por mil, y para los comerciales se tiene dos tarifas que también dependen del avalúo, 8 por mil y 9.5 por mil. No obstante, existe una categoría cuya tarifa no depende del avalúo, solo de si la propiedad es pública o de particulares, esta es la categoría dotacional. 
Los clubes sociales disfrazados de categoría dotacional

En 2003 el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 105 y allí se definieron las categorías de los predios. Dentro de dotacional se encuentran colegios, clínicas, hospitales y universidades, así como también los clubes sociales como Los Lagartos, el Club el Country y el Club el Nogal por mencionar algunos. En esta categoría la tarifa del impuesto predial no varía por avalúo catastral, solo tiene dos tarifas, el 5.0 por mil para predios de entes públicos y el 6.5 por mil para predios de propiedad de particulares.

A primera vista, parece legítimo que los predios dotacionales, como colegios y hospitales, tengan una tarifa menor a un predio comercial o residencial -respecto al mismo avalúo- si se tienen en cuenta las externalidades positivas que generan para la ciudad, pero este no es el caso de los clubes sociales privados. Al comparar las tarifas (6.5 por mil), estos clubes (a pesar de tener avalúos muchas veces supériores a casas o comercios) pagan la misma tarifa que un predio residencial urbano (casa o apartamento) con un avalúo catastral entre 331 y 365 millones de pesos, es decir, una tarifa igual a la que paga una vivienda de estrato medio y una tarifa menor a la de cualquier predio comercial de la ciudad. 

Por tal razón surgen varias preguntas ¿tiene sentido que un club social que tiene un avalúo catastral por encima de un billón de pesos pague la misma tarifa que una vivienda que tiene uno de 350 millones? ¿tiene sentido que un club con piscina, cancha de golf, tennis, bar, restaurantes privados, etc, pague una tarifa menor que una pastelería o una frutería? Y una muy importante ¿por qué, a pesar de la recurrente discusión alrededor del impuesto predial, este tema no se ha discutido en el pasado?

Propuesta para corregir este privilegio y destinar más recursos a la Universidad Distrital

El tratamiento especial del que gozan estos clubes sociales debe corregirse. Dentro de los clamores del Paro Nacional se encontraba el de revisar este tipo de privilegios que no están del todo justificados. Por ello, propusimos en el Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo que busca un aumento progresivo de la tarifa que le corresponde a estos clubes, una propuesta que han apoyado concejales de otros siete partidos y que también decidió acompañar la administración. 

El cambio que se propone tiene tres pasos. El primero es que el aumento de la tarifa sea gradual en el tiempo, un primer aumento en 2022 y luego en 2023, esto comprendiendo que durante el 2020 y 2021 la pandemia también afectó a este sector. El segundo, es la definición de unos rangos de avalúo catastral para los predios donde funcionan los clubes. De esta manera, a medida que aumentan los avalúos también aumenta la tarifa del impuesto predial, tal como sucede con los predios comerciales y residenciales. Y el tercero, es referente a la escala de las tarifas propuestas, este proyecto replica la estructura de las tarifas aplicadas a los predios residenciales, pero con un tope en la tarifa de 10 por mil. No obstante, la escala de tarifas propuesta corresponde a avalúos mucho mayores en el caso de los clubes que en el de los predios residenciales. Por último, este proyecto no afecta a los demás predios dotacionales ni tampoco a aquellos clubes cuyo avalúo este por debajo de los $8.600 millones de pesos.

A continuación, se expone la propuesta de cambio en las tarifas:

Aprobar este cambio enviaría dos mensajes claros a la ciudadanía. Por un lado, unos representantes políticos que escuchan y traducen los clamores de la protesta en propuestas reales que promueven una equidad que ha sido esquiva, y por el otro, una administración dispuesta a revisar y a corregir lo que por años ha pasado desapercibido. Lo anterior ya debería ser suficiente para encontrarle sentido a esta propuesta, sin embargo, siempre se quiere saber el recaudo aproximado de este cambio, el cual, si bien no se traduce en billones, si son recursos que hoy no se tienen y que bien invertidos pueden tener un efecto multiplicador. La proyección que hasta ahora se tienen de estos recursos es de aproximadamente $ 63.000 millones en los siguientes 10 años.

¿Por qué orientar estos recursos a la Universidad Distrital?

A primera vista 63 mil millones de pesos en 10 años puede ser muy poco a ojos de quien maneja billones, pero a los ojos de un ciudadano es mucho dinero, y a ojos de la ciudad son recursos que contribuyen a la garantía de los derechos, en este caso a seguir fortaleciendo la educación superior. Por esto, el proyecto de acuerdo propone que los nuevos recursos que se perciban por el aumento de la tarifa del impuesto predial para los clubes sociales se destinen a evitar la deserción universitaria y fortalecer la investigación.

La Universidad Distrital es muy importante para Bogotá, es un orgullo y a su vez la única oportunidad que tienen muchos estudiantes de ingresos medio-bajos para realizar sus estudios superiores con calidad. Pese a ello, la Universidad tiene un déficit de vieja data en su presupuesto. Para el 2020 se necesitaba un presupuesto de $435.040.485.782, sin embargo, el presupuesto asignado, compuesto por transferencias de la nación, aportes del Distrito Capital y aportes propios de la Universidad, solamente alcanzó los $346.079.192.000, dejando un déficit de 88 mil millones por completar.

En diálogos con la Universidad, con estudiantes y luego de una revisión documental, entendimos que hay por lo menos dos cosas en las que la Universidad podría invertir más si tuviera con qué. La primera es en estrategias que eviten la deserción universitaria. La deserción por cohorte de la Universidad alcanza el 46.7%, un porcentaje que debe llamar nuestra atención porque son recursos públicos que se dejan de aprovechar, y está lejísimos de alcanzar la meta que alguna vez se propuso el país en la Visión Colombia II Centenario: 2019 de disminuir la deserción por cohorte al 40% en 2010 y al 25% en 2019. 

Lo segundo, es el presupuesto que destina a la investigación. Actualmente, la Universidad ocupa la décimo octava posición a nivel nacional y no está entre las primeras 10 universidades públicas. A su vez, los documentos publicados por la Universidad indican que el Centro de Inversiones y Desarrollo Científico tiene un presupuesto pequeño que ha decrecido en los últimos años. 

En consecuencia, el proyecto de acuerdo que hemos radicado quiere orientar estos 63 mil millones a evitar la deserción universitaria con el fortalecimiento de estrategias como el subsidio de alimentación, avanzar en un subsidio de transporte público, ofrecer mayor bienestar a estudiantes con hijos e hijas, apoyar pasantías e invertir más en la investigación aplicada.

¿Qué falta para que este proyecto de acuerdo sea una realidad?

Para que un proyecto de acuerdo se haga realidad en el concejo de Bogotá debe pasar por dos debates, el primero en la Comisión Tercera de Hacienda, en donde 15 concejales debatirán y votarán a favor o en contra. Si el proyecto pasa en dicha Comisión, se debe agendar un segundo debate, esta vez en la Plenaria del Concejo en donde los 45 concejales darán su opinión y votarán el proyecto. En ambos debates el proyecto es aprobado si alcanzamos la mitad más uno de los votos. 

Por ahora, estamos trabajando en la pedagogía de este proyecto de Acuerdo, recibiendo opiniones y sugerencias para los debates. Así que, si esta propuesta le parece acertada y quiere apoyarla le agradecemos pueda compartir este artículo con sus conocidos. El debate de esta propuesta empezará en la tercera semana de julio, así que también le invitamos a que lo pueda seguir, lo único que podemos asegurar es que, pase lo que pase, el debate será para alquilar balcón. 

* Escrito con la colaboración de Cindy García y David Recio. Equipolasernabogota@gmail.com